En primer debate, la Comisión Sexta de la Cámara aprobó el proyecto de ley que pretende regular los costos de los derechos de grado en las instituciones de educación superior. Esto con el fin de cerrar brechas de desigualdad social y que se garantice el acceso a la oferta institucional de las universidades del país.

El representante Aquileo Medina (Cambio Radical), ponente de la iniciativa, habló con EL NUEVO SIGLO y explicó que esta propuesta hará que las universidades fijen el cobro de estas diligencias hasta por un 18% de un salario mínimo mensual en Colombia. Incluso afirmó que los estudiantes tienen derecho a su graduación sin importar si han pagado o no este derecho complementario.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la finalidad de este proyecto de ley?

AQUILEO MEDINA: El objetivo fundamental de este proyecto de ley es regular los costos de los derechos de grado que deben pagar los estudiantes para poder finalizar los estudios académicos de las instituciones de educación superior. Este proyecto busca que se encamine hacia un propósito de cerrar brechas de desigualdad y permitir el acceso real a la educación superior, sin ningún tipo de restricciones.

ENS: ¿Qué criterios fueron establecidos para reducir estos costos?

AM: El proyecto está buscando determinar que el costo de los derechos de grado se establecerá conforme a estos criterios: Primero, exonerar el pago a los estudiantes que pertenecen al estrato 1, 2 y 3. Mientras que para los estudiantes de estrato 4, 5 y 6, el costo no podrá superar el 18% del salario mínimo legal vigente. Actualmente, el salario está en $908.526, es decir, que el cobro no podrá ser mayor a $163.534.

Además, se establece que el costo de los derechos de expedición de certificados y constancias no podrá superar un día de salario mínimo mensual (es decir $30.284 en la actualidad). Con este proyecto se propone que ninguna institución de educación superior podrá negar el grado dado, que este es un derecho inherente al logro académico de los estudiantes en los diferentes programas.

ENS: ¿Cuál será el impacto económico que tendrá la proposición?

AM: Vale aclarar que el objetivo de estas entidades no está basado en el costo de los derechos de grado, sino en el costo de los pregrados y posgrados, por lo que no tienen por qué soportarlo en los derechos complementarios. Por ejemplo, en la Universidad Nacional los costos de los derechos de grado están en $212.000 para pregrado y $605.000 para posgrado en una ceremonia colectiva.

No obstante, otros claustros han fijado que el costo de un grado privado en aproximadamente en $1.200.000, lo que quiere decir que estos son costos supremamente altos. Entonces, no veo que esto sea significativo para que afecte el funcionamiento de la institución de educación superior.

ENS: ¿Qué concepto emitió el Ministerio de Educación frente a la iniciativa?

AM: En el anterior periodo, el Ministerio de Educación emitió un concepto negativo por el tema de la autonomía universitaria. Esta vez, se hicieron los ajustes necesarios para no tener estos inconvenientes. Aquí la iniciativa legislativa reconoce la jurisprudencia emanada por la Corte Constitucional en este tema, donde considera necesario advertir que cuando proceda el cobro de esos derechos de grado, estos deben corresponder proporcionalmente a los reales costos administrativos de graduación, y, por tanto, deben justificarse, ser razonables y estar debidamente aprobados, ya que este es un requisito para graduarse.