El asbesto o el amianto, como también es conocido, dejó de producirse en Colombia desde el 1 de enero del 2021, debido a una ley que fue sancionada por el presidente Iván Duque desde el 12 de julio de 2019. Ahora el reto es implantar la Ley, lucha en la que se encuentra la senadora conservadora Nadia Blel, quien habló con EL NUEVO SIGLO.
EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es el llamado que se ha hecho con respecto a las edificaciones que están hechas con asbesto en la actualidad?
NADIA BLEL: El Gobierno ha sido muy lento para implantar esa política y ese es el llamado que queremos hacer, debido a que decía: el problema con el asbesto no se ha acabado todavía en Colombia, tenemos millones de asbestos instalados, en colegios, en hospitales, hay municipios de nuestro país que están construidos prácticamente sobre asbesto y por lo tanto la salud de los colombianos sigue estando en riesgo.
ENS: ¿Por qué usted hace un llamado para que se incluya pronto la ruta de atención integral para las víctimas de asbesto?
NB: Lo importante es que se incluya la ruta de atención integral para las víctimas del asbesto, para las personas que han estado expuestas en fábricas, en las minas o personas que incluso viven en estas comunidades donde hay rellenos de asbesto; por ejemplo, hace poco el profesor Juan Pablo Ramos, de la Universidad de los Andes, hizo una denuncia, basada en una investigación que hizo la universidad en Sibaté (Cundinamarca), donde una cancha de fútbol está construida prácticamente sobre asbesto. Hay muchas edificaciones en tuberías y tanques de agua fabricados con este material. Imagínese el riesgo, no solamente para los habitantes, sino para los niños que juegan en esos lugares. Por eso nuestro llamado al Gobierno nacional es a que le pongan celeridad a este proceso porque es necesario garantizar la salud de los colombianos.
ENS: ¿Desde cuándo entró en vigencia la Ley que prohíbe el uso de este mineral?
NB: La Ley entró en vigencia en 2021, desde el año pasado y a partir de allí se empieza a correr el término, pero ha sido un proceso bastante lento. Tengo entendido que la Comisión respectiva solo se ha reunido una vez; también tuvimos un cambio de Gobierno y eso es entendible. Por eso el llamado que hacemos es a que haya celeridad y los ministerios que tienen que ver con esta iniciativa entiendan la importancia que esto requiere, porque está en juego la salud de todos los colombianos. Se dio un plazo desde 2019 a 2021 para que las empresas que fabricaban asbesto hicieran ese tránsito por algún sustituto que no represente un riesgo para sus trabajadores.
ENS: ¿Aparte de Sibaté qué otro municipio colombiano presenta grave riesgo para sus habitantes por culpa del asbesto?
NB: Creo que otro municipio donde se debe hacer una evaluación e investigación similar a la que se hizo en Sibaté es Campamento (Antioquia), donde estaba la única mina formal de asbesto en el territorio nacional, que produjo esta fibra entre 1980 y 2020, hasta que se prohibió el uso, la explotación y comercialización del asbesto en Colombia. Ya no se puede producir más este mineral, pero el gran problema, como dije antes, es el asbesto que ya está instalado.
ENS: ¿Cómo se debe empezar esa política de sustitución de lo ya construido en los municipios del país?
NB: El Gobierno debe desarrollar, precisamente, la política de sustitución, porque cambiarlo no es tan fácil debido a que se les deben dar todas las garantías a las personas que hagan ese cambio. Si hay partes de una casa construida con asbesto no es recomendable que el dueño del predio lo manipule sin los elementos de protección que recomiendan los organismos internacionales. Por eso le pedimos al Gobierno más celeridad frente a la política de sustitución y más atención por las personas que están afectadas a causa de la exposición al asbesto, como trabajadores y exempleados de esas compañías y personas que viven en zonas aledañas a municipios con alto riesgo.