Muchos quieren en el Congreso, y casi todos fuera de este, que se haga una reforma política y electoral para corregir debilidades en la práctica de esta actividad y el sistema. Sin embargo, el reto es grande por la cantidad de proyectos y la dificultad de armonizar las distintas propuestas. Ya se acumularon cuatro que están para estudio en la Comisión Primera del Senado; no obstante, quedan varios pendientes de cómo será su trámite. 

Por lo pronto los congresistas deben resolver si con este cúmulo de propuestas se dan la pela y hacen una reforma política integral o si se avanza en algunos aspectos tomando ingredientes de distintos proyectos.

También hay preocupación porque el reloj está corriendo en contra del texto cuyo trámite se defina, pues por tratarse de una reforma constitucional debe cumplir cuatro debates, en su primera vuelta, de aquí al 16 de diciembre, cuando finaliza el primer periodo de la legislatura.

Comencemos por los proyectos de reforma política y electoral en las comisiones primeras del Senado y Cámara que no han sido acumulados y que está por verse si les darán trámite.

En días pasados, la bancada de Cambio Radical presentó un proyecto para reformar la Ley 1475 de 2011, buscando la paridad en las listas de candidatos a corporaciones públicas; esto es Congreso, asambleas, concejos y JAL. 

También un proyecto de la bancada del Partido Alianza Verde, además de listas electorales paritarias, persigue en favor de la mujer lograr la paridad en las diferentes ramas y órganos del poder público.

Así mismo hay un proyecto de ley estatutaria que presentó la bancada del Partido MIRA, orientado principalmente a fortalecer las herramientas con las que cuentan las corporaciones para verificar requisitos, calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los postulados a cargos de elección.

Igualmente está un proyecto de ley estatutaria, el cual contempla nuevos estímulos para que la gente vote. La iniciativa del senador José Alfredo Gnecco Zuleta (Partido de La U) se fundamenta en los beneficios que ya existen, como el 10% de descuento en la matrícula de las universidades oficiales, y solo extiende su cobertura a costos pecuniarios como los derechos de grado.

De igual forma, el Gobierno participó junto con la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral en radicar el proyecto de reforma al Código Electoral, la cual fue aprobada en el anterior Congreso pero que se cayó en la Corte Constitucional por vicios de trámite.

Básicamente se trata del mismo texto, aunque en esta oportunidad se incluyeron algunos otros aspectos. El proyecto contempla, entre otros, el voto anticipado, un modelo de tarjetón para que sea más fácil de leer por los ciudadanos, transporte gratuito a los sitios de votación, al igual que incentivos a los jurados y al elector, acumulando los descansos compensatorios con las vacaciones.

El Partido de la U presentó un proyecto para que el Estado también aporte a financiar las campañas a las Juntas Administradoras Locales (JAL), pues los aspirantes son los únicos a corporaciones públicas que no tienen este beneficio. Considera la iniciativa que ello merma sus posibilidades de participación política y es contrario al derecho a la igualdad.

De otro lado, el senador Edwing Díaz Plata, de la coalición Centro Esperanza, radicó un proyecto para implementar mecanismos que posibiliten ejercer control a la asistencia de los congresistas y funcionarios a las sesiones. 

Pide registrar la asistencia al inicio y al final por medio de la herramienta de identificación biométrica.

Mientras que el representante por el Tolima, del Partido Conservador, José Alejandro Martínez, presentó un proyecto de ley orgánica que pone un techo de 25 salarios mínimos mensuales en la remuneración de los miembros de las tres ramas del poder público, entre ellos los congresistas. 

Reformas constitucionales 

Hay un proyecto de acto legislativo que busca crear dos curules en el Senado para la población afrocolombiana. En este propósito se reclama satisfacer el derecho a la igualdad de las minorías étnicas, pues los indígenas sí cuentan con dos escaños en esta Corporación.

Parlamentarios de Cambio Radical presentaron una reforma constitucional para dar representación en el Senado a regiones que casi no logran curul, debido a que su población es mucho menor en número a otros departamentos. 

Establece que el Senado estará integrado por 100 miembros, uno elegido por cada departamento en donde el número de representantes no sea superior a dos. El resto se elegirá por circunscripción nacional.

Asimismo, congresistas conservadores presentaron un proyecto de acto legislativo para que integrantes de la Fuerza Pública puedan nuevamente ejercer el derecho al voto.

De otra parte, parlamentarios de la Alianza Verde propusieron una reforma constitucional que reduce la edad exigida para ser congresista, buscando de esta manera garantizar la participación de los jóvenes. 

Entonces para ser senador se requeriría tener más de 25 años, no más de 30 como hoy se pide; y para ser representante bastaría ser ciudadano en ejercicio, es decir, haber cumplido los 18 años.

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Acumulan proyectos

Fueron acumulados por la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado los proyectos de acto legislativo para una reforma política números 6, 16, 18 y 26 de 2022, que desde el pasado 20 de julio radicaron distintos partidos.

Luego, el pasado 13 de septiembre, el Gobierno radicó su propuesta de reforma política, que también fue acumulada con las anteriores.

Como consecuencia la ponencia para primer debate de la reforma política recoge disposiciones de los proyectos acumulados; no obstante, dejó por fuera la financiación estatal 100% de las campañas, así como la corte electoral que propuso una de las iniciativas parlamentarias.

Empero se trata de una ponencia que será votada en los próximos días en la Comisión Primera del Senado, aprobándola o rechazándola. De igual forma, elementos que no tuvo en cuenta como la financiación de las campañas 100% con dineros del Estado se pueden incorporar al texto que se votará.

A continuación los principales aspectos que recoge esta ponencia:

. Las sanciones que limiten derechos políticos de los servidores públicos de elección popular solo podrán ser impuestas por un juez.

. Quien participe en las consultas de un partido o en consultas interpartidistas deberá acreditar una militancia mínima de seis meses en la correspondiente organización política. 

. Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia del acto legislativo se autoriza, por una sola vez, a los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul con anterioridad a la reforma, para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia.

. Los partidos tendrán un año desde la entrada en vigencia de la reforma para incluir en sus estatutos mecanismos democráticos de elección de candidaturas y directivas. Las colectividades que no cumplan, no podrán postular candidaturas, así como será causal de pérdida de la personería jurídica.

. Las campañas serán financiadas de manera anticipada a la contienda electoral, preponderantemente con recursos estatales y aportes privados. 

. Nadie puede ser elegido por más de dos periodos consecutivos a una corporación pública.

. El voto será obligatorio durante los dos primeros periodos de elección constitucional siguientes a la promulgación de la reforma, sin perjuicio de que el Estado garantice la objeción al cumplimiento del sufragio electoral de los ciudadanos que lo manifiesten.

. Las listas serán cerradas y con paridad de género.