EL NUEVO SIGLO consultó a varios parlamentarios sobre cómo se podría evitar que los alcaldes y gobernadores actuales les dejen a sus sucesores el presupuesto comprometido

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Con los cambios de gobierno, que ocurren cada cuatro años, se escuchan quejas de nuevos gobernantes que señalan que sus antecesores les dejaron comprometidos recursos, lo que les dificulta sus labores en los primeros meses de gestión.

Se ha conocido que se estaría contemplando la posibilidad de presentar una reforma con el propósito de reformar las vigencias futuras.

EL NUEVO SIGLO consultó a parlamentarios con el propósito de conocer su opinión sobre cómo se podría evitar que los alcaldes y gobernadores actuales dejen el presupuesto comprometido a sus sucesores que se posesionarán el próximo 1 de enero.

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El senador Juan Felipe Lemos, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), señaló que ya existe “una norma que prohíbe que los alcaldes en su último año de gobierno comprometan el presupuesto de vigencias siguientes. Ya la norma establece con claridad que no se puede hacer uso de la figura de las vigencias futuras, que es la regla excepcional al principio de anualidad en materia de presupuesto. Hoy no hay posibilidad, salvo para los proyectos que son considerados como estratégicos para la nación, los departamentos o los municipios. En estricto sentido un Alcalde o un Gobernador, salvo que se trate de proyectos de esas características, no puede dejar el presupuesto de vigencias siguientes comprometido”.

En relación con la posibilidad de una reforma a las vigencias futuras, afirmó que estas han sido objeto de muchas reformas para evitar que se abuse de esa figura.

Explicó que hay un principio de la anualidad, que lo que se recaude en el año se tiene que gastar ese mismo año. Este principio tiene una excepción, la vigencia futura. Hay vigencias futuras ordinaras y extraordinarias.

Señaló que existen dos excepciones, además de la que se establece para los proyectos de importancia estratégica. La primera, dijo, son las cuentas por pagar. “Cuando yo ejecuto el presupuesto durante un año, pero a 31 de diciembre no alcanzo pagar, entonces tengo que pagar en el presupuesto de la vigencia siguiente”, expresó.

Y la otra es la figura de la reserva presupuestal. “Un concepto de la sala civil del Consejo de Estado dice que la reserva puede ser utilizada, siempre y cuando, al momento de celebrar los contratos, no pueda preverse hechos o circunstancias que obliguen a que la ejecución se haga en esta vigencia y en la siguiente. Eso lo vienen utilizando mal los funcionarios públicos, alcaldes y gobernadores para comprometer recursos de vigencias siguientes”, dijo.

Asimismo, Lemos afirmó que “eso hay que eliminarlo de tajo, el Consejo de Estado ha dicho que eso se puede utilizar solo cuando sea fuerza mayor, en caso fortuito, circunstancias imprevisibles, pero ha faltado voluntad política para hacerlo”. “Si usted revisa todos los sistemas presupuestarios de América Latina, Colombia es el único que la tiene”, sostuvo.

Autonomía

El senador Jorge Londoño, de la Alianza Verde, se mostró en desacuerdo con reformar las vigencias futuras. “Me parece que sería un atentado contra la autonomía de las regiones, de los departamentos y de los municipios. Lo que me parece que se debe hacer es que las instituciones encargadas de esas vigencias futuras, como son las asambleas y los municipios, tengan la consciencia de hasta qué punto puede endeudarse un ente territorial. Eso depende de la cultura política administrativa de los entes territoriales. Prohibir que se endeuden para vigencias futuras me parece que no es el camino a seguir porque cada ente debe tener en cuenta hasta dónde va y qué necesita. Muchos de ellos necesitan vigencias futuras para emprender obras de gran envergadura”, dijo.

El legislador, que se desempeñó como Gobernador de Boyacá, considera que “no todo puede ser objeto de regulación legal. Algún pensador de la antigüedad decía que el gobierno de muchas leyes era un mal gobierno. Eso es lo que sucede en nuestro caso: tenemos una hipertrofia legislativa que nos hace creer que la ley es la que soluciona todo cuando hay cuestiones que van mucho más allá de ese positivismo jurídico, como la cultura. La cultura política es vital en estos casos”.

Control

El senador Temístocles Ortega, de Cambio Radical, afirmó que para evitar que el presupuesto quede comprometido para el gobierno siguiente son claves las “acciones de concejos y asambleas y también posiciones decentes y responsables”.

“Los presupuestos se comprometen por el otorgamiento de facultades de los concejos y asambleas a gobernadores y alcaldes para contratar empréstitos con la banca. Una medida sería que los concejos y asambleas no otorguen facultades para créditos en los próximos años. Adicionalmente, que la ejecución de los recursos sea realizada en este año que está por culminar y no comprometan recursos de los años anteriores. Además, que se pueda impedir un compromiso de las vigencias futuras. Un acuerdo de concejos y alcaldes y de diputados y el Gobernador”, dijo.

El también exgobernador de Cauca afirmó que es importante “que haya una posición decente de quienes terminan sus mandatos de no incurrir en esas prácticas que abiertamente limitan la posibilidad que los nuevos gobernantes puedan ejecutar su Plan de Desarrollo, porque si no tienen los recursos o los tienen comprometidos limitaría sus posibilidades”.

“Al tiempo que la comunidad contribuya a ejercer el control. Tan pronto se advierta que un Alcalde o un Gobernador está pidiendo facultades para esos efectos, que la comunidad pueda monitorear y los medios de comunicación ayuden a crear consciencia de que eso no es conveniente”, agregó.

Mal uso

El senador John Harold Suárez, del Centro Democrático, consideró que la figura de las vigencias futuras de importancia estratégica se debería reformar. “Las vigencias futuras de importancia estratégica son las únicas que pueden superar el periodo constitucional. Muchas de ellas se manejan para lo que no son. Por ejemplo, les da por hacer acueductos y alcantarillados de importancia estratégica y entonces comprometen vigencias futuras. También para temas de educación, de hospitales, de puentes”, dijo.

“Se debe reglamentar, se debe mirar muy bien el tema de vigencias futuras de proyectos de importancia estratégica. Ahí es donde se está presentando el inconveniente. Se debe reglamentar y debe pasar a una instancia diferente”, expuso.

En ese sentido, el parlamentario afirmó que “debe existir otra instancia superior, un control de legalidad con el departamento, al menos, para que se pueda valorar si sí es de importancia estratégica. O el acompañamiento de la Contraloría. Ahora que se le dio facultades, incluirle esa facultad de valorar la importancia estratégica”.