A veces las controversias políticas parecen encenderse por una pequeña chispa, pero en realidad ese hecho coyuntural hace notar conflictos que venían silenciosos.

Así parece reflejarlo un trino publicado esta semana por el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman: “Que no pretendan enseñarnos a gobernar quienes dejaron la ciudad sin agua, quienes concesionaron el alumbrado, los patios y tránsito. Y mucho menos quienes hoy son responsables de la peor crisis en la historia de la Electrificadora del Meta”.

En la misma línea, Taren Fernanda Álvarez, secretaria de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Villavicencio, señaló en sus redes sociales: “Muy chistoso ver a un exconcejal que no se hizo sentir en los cuatro años que estuvo en el cargo, ahora queriendo hacer control político. ¿Esa no era una tarea de los cuatro años que ya pasaron?”.

Esta crítica iba dirigida al exconcejal conservador Darwin Castellanos, quien le respondió a Álvarez que “más chistoso fue ver a la Secretaria de Villavicencio esperar a que Felipe Harman modificara el manual de funciones para poderla vincular, porque de experiencia poco o nada. Le recuerdo que usted es Secretaria de Despacho y debe dar ejemplo de sensatez y prudencia”.

“¿Control político? Será tal vez control social, el mismo al que todos los funcionarios, incluida usted, deben estar dispuestos a atender conforme a la Ley 1757. La invito a que la lea para que tenga un poco de conocimiento en el tema”, agregó Castellanos.

Este intercambio de expresiones se dio en el contexto del hundimiento en último debate del proyecto de ley que creaba el Distrito Especial, Biodiverso, Ecoturístico, Agroindustrial y Educativo, iniciativa impulsada por el representante llanero Jaime Rodríguez, de Cambio Radical.

Aunque Harman, que se posesionó apenas hace seis meses, apoyó en principio el proyecto, recientemente se apartó de él. Jhon Jairo Rey, secretario privado de la Alcaldía, argumentó las reservas de la administración señalando que se tendrían que crear gastos para ocho alcaldes menores, ocho localidades y estructura administrativa para las nuevas competencias y responsabilidades.

Sobre ese planteamiento, el exconcejal Castellanos planteó que “lo más lamentable es que a Felipe Harman le preocupaban los $17.000 millones de gastos de funcionamiento, pero irónicamente no le preocupa para nada haber celebrado en menos de seis meses más de 800 contratos de prestación de servicios por más de $17.000 millones”.

Para el representante Rodríguez, el proyecto no pasó su último debate porque “el alcalde de Villavicencio estuvo mal asesorado y envió un comunicado al Congreso pidiendo que no se le diera aprobación en el último debate porque implicaba más gastos y mayor burocracia”.