Se acerca el plazo final para declaraciones partidistas | El Nuevo Siglo
Foto Concejo de Bogotá
Sábado, 25 de Enero de 2020
Redacción Política

El próximo 3 de febrero vence el plazo para que los partidos políticos y movimientos políticos realicen sus declaraciones de independencia, oposición o de gobierno frente a los nuevos alcaldes y gobernadores, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Oposición.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Hernán Penagos, advirtió que si los partidos no cumplen con este plazo podrían enfrentarse a fuertes sanciones.

La norma establece que las organizaciones políticas que inscribieron al candidato electo, Gobernador o Alcalde, se tendrán que declarar como de gobierno o en coalición de gobierno. En consecuencia, mientras dure su mandato no podrán acceder a los derechos que se le reconocen a las organizaciones políticas de oposición o independientes en la presente ley. Así mismo, estipula que todos los partidos podrán por una sola vez y ante la autoridad electoral modificar esta declaración política durante el periodo de gobierno.

La declaración ya se cumplió a nivel nacional. El 7 septiembre de 2018, un mes después de la posesión del presidente Iván Duque, los partidos políticos con presencia en el Congreso informaron sus posturas. En esa oportunidad los partidos que se declararon de la coalición de gobierno fueron el Centro Democrático, La U, el Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres y ASI.

Posteriormente, esta última colectividad, haciendo uso de la posibilidad que otorga el Estatuto de modificar la declaración política, se declaró independiente.

Previamente se habían declarado independientes los partidos Liberal y Cambio Radical. En tanto que el bloque de la oposición está integrado por la Alianza Verde, el Polo, la Lista de la Decencia, MAIS y el Partido Farc.

Segundos con curul

Esta semana se conoció un informe del órgano electoral que señaló que 37% de los candidatos a alcaldías y 12,5% de los aspirantes a gobernaciones que obtuvieron el segundo lugar en las elecciones regionales del pasado 27 de octubre no aceptaron su curul en concejos y asambleas.

De los 1.101 municipios del país en 693 los excandidatos aceptaron tener representación en los cabildos y en 408 no lo hicieron.

Mientras que de los 32 que quedaron segundos en las contiendas por las gobernaciones solo cuatro declinaron su asignación.

Estos fueron Luis Miguel Cotes, que buscó repetir como gobernador del Magdalena avalado por una coalición entre los partidos Cambio Radical, Liberal y Conservador; Víctor Libardo Ramírez, que luchó por la Gobernación del Cauca por una coalición entre los partidos Liberal, ASI, Colombia Justa Libres y Verde; Damir Bravo, que buscó la Gobernación de Nariño por coalición entre los partidos Conservador y ASI; y Nery Oros Ortiz, que aspiró a la Gobernación de Vichada a nombre de una coalición entre los partidos Liberal, Cambio Radical y ASI.

Adicionalmente, nueve de los 32 candidatos que quedaron segundos en los comicios a alcaldías de capitales departamentales no aceptaron la curul en los respectivos concejos.

Estos fueron William García Tirado, que aspiró por Colombia Justa Libres a la Alcaldía de Cartagena; Jorge Hernán Mesa, que lo hizo por coalición entre los partidos Liberal y Centro Democrático a la Alcaldía de Manizales; Piedad Correal, candidata por coalición de los partidos Liberal y La U a la Alcaldía de Armenia; Óscar Evelio Durán, aspirante por firmas a la Alcaldía de Arauca; Lilian Fernanda Salcedo, que buscó a nombre del Partido Liberal la Alcaldía de Yopal; Jorge Alexánder Quevedo, que fue candidato de coalición entre los partidos de La U y Colombia Renaciente a la Alcaldía de San José del Guaviare; Hugo Lozano, aspirante por La U a la Alcaldía de Mitú; Nayibe Estrada, candidata por el Centro Democrático a la Alcaldía de Puerto Carreño; y Mario Fernández, exsenador de la República y excandidato a la Alcaldía de Sincelejo.

Las representaciones en concejos y asambleas fueron establecidas por el Acto Legislativo 02 de 2015, popularmente conocido como la Reforma de Equilibrio de Poderes. Este estipuló que “los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos en los cargos de Gobernador de departamento, Alcalde distrital y Alcalde municipal, tendrán derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en las Asambleas departamentales, Concejos distritales y Concejos municipales respectivos, durante el periodo de estas corporaciones”.

Cambio

En un proyecto de reforma electoral que será presentado en marzo, cuando se reanuden las sesiones del Congreso, se buscará establecer que los candidatos que obtienen un segundo lugar en las elecciones y que acceden a una curul en corporaciones públicas no puedan ser parte de las coaliciones de gobierno.

De hecho, el Presidente del CNE le dijo a EL NUEVO SIGLO que “hay que exigirles a quienes hayan obtenido la curul de concejales, diputados que tengan una posición política clara. No tiene sentido que una persona pierda las elecciones, quede de segundo, se haga diputado o concejal, pero termine siendo de gobierno. Eso no tendría sentido porque esas curules son para hacer control político”.

Partidos de oposición

Los partidos declarados en oposición al gobierno tienen algunos derechos como financiación adicional, acceso a los medios de comunicación social del Estado o que hacen uso del espectro electromagnético, acceso a la información y a la documentación oficial, derecho de réplica y participación en mesas directivas de plenarias de las corporaciones públicas de elección popular.

Según el Estatuto, los que se declaran en oposición pueden acceder al derecho a réplica en los medios de comunicación social del Estado o que utilicen el espectro electromagnético “frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por el Presidente de la República, ministros, gobernadores, alcaldes, secretarios de despacho, directores o gerentes”.

Es decir que los partidos políticos de los concejos y asambleas podrán en determinado momento controvertir a través de los medios de comunicación oficiales a los mandatarios como parte de las garantías.