En declaraciones a los medios de comunicación, el candidato presidencial del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, volvió a manifestar que la colectividad que revivió su personería jurídica en noviembre del año anterior, no tendría los suficientes recursos para efectuar la campaña para la primera vuelta presidencial.

“Lo que se busca es que litiguemos y pase el periodo de elecciones y que esto se resuelva a nuestro favor posiblemente a finales de 2022, cuando ya haya pasado la elección presidencial, y así se silencian las voces de ciertos partidos”, explicó el aspirante a la Presidencia.

Según el aspirante a la Casa de Nariño, el Ministerio de Hacienda “se considera excluido de la orden de la sentencia de la Corte Constitucional que estableció garantizar la participación democrática” de ese y otros movimientos que desaparecieron a causa del conflicto.

Enrique Gómez adjudicó esas demoras y barreras para obtener este monto económico para el desarrollo de su campaña a los cuestionamientos que ha lanzado en contra del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, en aspectos clave como el manejo de la seguridad y la economía.

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“Creo que tiene unas órdenes claras, pero criticar precisamente a la administración Duque tiene sus costos”, concluyó.

Vale recordar que en febrero pasado, el Tribunal de Cundinamarca aceptó la petición del movimiento político de tener una financiación igual a la que obtuvo el partido Comunes (antes Farc) en 2018, ya que aseguraban que había una desigualdad en el proceso.

Sin embargo, la corporación judicial resolvió reconocerles los recursos obtenidos por los votos en las elecciones de 1994, esto por medio de una petición al Consejo Nacional Electoral y al Fondo de Financiación Política, quienes deberán "disponer lo necesario para reconocer, autorizar y girar el anticipo de financiación al Movimiento de Salvación Nacional para las elecciones de congresistas y presidente que se llevarán a cabo en el año 2022", según se lee en el documento.

Para el cálculo de dicha financiación se deberá tomar como referencia el total de votos emitidos válidamente en el territorio nacional en la elección del Congreso en 1994; y el número de curules obtenidas en esos comicios.