Ajustes en materia política, electoral, laboral, pensional y salud formarán parte del menú de proyectos que el Gobierno llevará al Congreso, con el desafío de lograr su aprobación

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En marzo, el Congreso reanudará sus sesiones ordinarias con importantes retos legislativos, la mayoría de iniciativa del Gobierno.

Uno de los principales retos legislativos que debe adelantar este Parlamento es la reforma política que el año pasado terminó siendo desestimada por el mismo Ejecutivo nacional, ya que se había perdido el propósito inicial.

Se sabe que entre los puntos en los que insistirá el Gobierno está la lista cerrada para corporaciones públicas y listas cremallera, en las que la mitad de los candidatos sean mujeres. Además, se espera que se favorezca la financiación pública de las campañas para reducir su costo de las mismas.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), le indicó a EL NUEVO SIGLO que “si en la reforma política nosotros no avanzamos hacia partidos más democráticos, con claridad en las reglas de juego, con responsabilidad política, no vamos a lograr recuperar la confianza de los ciudadanos. Los partidos hoy están en crisis en Colombia y eso lo demostraron los procesos electorales del año pasado y de este año”.

Barrios agregó que “los grupos significativos de ciudadanos están distorsionando la competencia electoral y aquí necesitamos avanzar hacia una mayor transparencia, además, en la financiación de las campañas políticas. Esto nos va a llevar a una discusión muy fuerte y es cómo se financian nuestros candidatos, que quizá es el eje fundamental sobre el cual toca construir todo el andamiaje de la lucha contra la corrupción”.

Transparencia por Colombia ha advertido que, por lo menos en las últimas elecciones, se repitió el patrón pasado de financiación, en el que se depende “altamente de fuentes privadas para financiar campañas, en particular mediante aportes del patrimonio de los candidatos y sus familiares (58%), así como los aportes de personas naturales y jurídicas (26%), representando más de la mitad de los ingresos”.

Según Transparencia, los principales gastos de campaña son propaganda electoral y administración de las mismas. En esta última se incluyen el pago de arriendo de sedes y salarios del equipo de campañas, así como la inversión en materiales y publicaciones.

Otra reforma necesaria que tendrá que afrontar el Congreso es la reforma del Código Electoral. Cabe anotar que el registrador Juan Carlos Galindo empezó a socializar un borrador que nunca fue radicado en el Congreso.

Dicho borrador incluía la extensión de una hora para el cierre de las urnas y el transporte gratuito de los ciudadanos, principalmente en la ruralidad para que pudieran ejercer su derecho al voto.

La MOE ha advertido en múltiples ocasiones que la garantía de la transparencia del proceso electoral depende de que Colombia tenga una autoridad electoral fuerte y libre de los partidos políticos.

“Se pueden aprobar todas las reformas al sistema de partidos que quieran, pero si no se modifica el origen y carácter de la autoridad electoral (es decir, si no se hace una reforma de fondo a la arquitectura electoral), persistirán y se profundizarán las actuales debilidades del sistema. Se requiere una autoridad electoral independiente de los partidos políticos, para que de esta manera se pueda brindar garantías a todos por igual, con presencia territorial y capacidad real de gobierno de las elecciones, así como la fortaleza técnica para investigar y la probidad necesaria para administrar justicia”, aseguró Barrios.

Reformas

Los proyectos de ley que cursan en el Congreso para reformar aspectos de las relaciones laborales fueron uno de los detonantes del paro cívico nacional que ha conmocionado al país desde el 21 de noviembre.

Se ha dicho que es necesario que se flexibilicen las normas que rigen la contratación para así generar más empleo. Hasta donde se sabe, el Gobierno quiere concertar con las centrales obreras y los empresarios un proyecto de reforma laboral que podría llegar al Congreso en la próxima legislatura, es decir después del 20 de julio.

Algunos de los puntos de esa iniciativa podrían ser trabajo por horas con cotización, formación para el trabajo con pertinencia, iniciativas de equidad de género e inclusión laboral para los jóvenes.

Otro proyecto polémico que seguramente tendrá que afrontar el Congreso es el de reforma pensional. Mientras los sindicatos y detractores de la iniciativa aseguran que se piensa acabar con el régimen de prima media, es decir con Colpensiones, el Gobierno ha dicho que la reforma no tiene ese objetivo. Se conoce que la reforma podría traer un incremento en los pagos mensuales que hacen los cotizantes al sistema. Se espera que la reforma sea presentada al iniciar el año.

Otras reformas importantes que seguramente tendrá que afrontar el Congreso son la judicial, que también se cayó a principios de este año, y al sistema de salud, que buscará básicamente una mejor atención.

Un proyecto que viene de la legislatura pasada pero que también deberá ser discutido es la reforma a las corporaciones autónomas regionales (CAR) que busca mejorar el funcionamiento de estas autoridades ambientales con mecanismos de rendición de cuentas, la adopción los pliegos tipo para la contratación y la modificación de las reglas de elección de sus directores.

La iniciativa también establece mecanismos anti trámites y la posibilidad de que el consejo directivo de cada CAR pueda remover al director general que en el segundo año de su gestión no haya cumplido el 50% de las metas establecidas en el plan de acción. La iniciativa fue aprobada en segundo debate por la Cámara y a partir de marzo se le dará su discusión en Senado.