Fueron expulsados de la lista de desmovilizados de las Farc seis capos del narcotráfico considerados como los más buscados en el mundo, anunció ayer el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos.
Los expulsados son Olindo Caicedo, alias ‘Olindillo’; Álver Pineda, alias ‘Mono’; José Límber Valencia; Milton Polivio Rosero; Diego Alberto González; y Washington Perlaza.
Tras expresar que desde el gobierno anterior se recibió información sobre personas vinculadas con el narcotráfico que habrían pagado fuertes sumas de dinero para hacer parte de las listas y gozar de los beneficios jurídicos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Ceballos explicó que “se ha venido haciendo una depuración juiciosa de los nombres de los listados. En octubre del año pasado obtuvimos información de que en las listas había ocho personas vinculadas al tráfico de drogas en la costa pacífica. Tomé la decisión de excluir a seis de ellos por el delito de narcotráfico. Se confirmó que las otras dos personas hacían parte de las Farc y le corresponde a la JEP definir su situación jurídica”.
Con base en esto, el comisionado Ceballos advirtió sobre los riesgos que implica que su oficina pierda la facultad de verificar los listados de acreditación en los procesos de paz, tema al que se refiere una de las seis objeciones a la ley estatutaria de la JEP presentadas por el Gobierno nacional.
“De no tener claridad sobre la función del Alto Comisionado para la Paz para verificar la pertenencia a un grupo armado, quedarían vacíos que permitirían que oportunistas quisieran hacerse parte de las listas”, señaló Ceballos en declaraciones a los medios.
Ceballos reiteró el llamado del Gobierno al Senado para estudiar una a una las objeciones a la ley estatuaria y no en bloque, porque “cada una tienen un sustento fundamental”.
En alusión a otra de las objeciones a la JEP el funcionario manifestó que espera que “este Congreso no pase a la historia como el sepulturero de la extradición”.
Rechazados
Entre tanto, la JEP reiteró ayer mismo que no admite "colados" y reveló que desde 2018, cuando comenzó a operar, la Sección de Revisión ha rechazado 43 solicitudes de garantía de no extradición, consagrada en el artículo transitorio 19 de la Constitución.
A través de un comunicado, la JEP precisó que a la fecha ha recibido 58 solicitudes de garantía de no extradición, 43 han sido rechazadas, siete avocadas y ocho están en estudio preliminar.
Las 43 personas rechazadas habían solicitado a la JEP conocer sus casos, ya que alegaban ser parte de las extintas Farc. Además, argumentaron que sobre ellos pesa una solicitud de extradición de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.
Sin embargo, la Sección de Revisión pudo establecer, en los 43 casos, que los solicitantes no están acreditados como integrantes de las Farc, puesto que no fueron incluidos en los listados de componentes de esa organización —después de revisar los listados remitidos por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y de revisar las personas excluidas por la misma—, ni sobre ellos pesa acusación o condena por conductas cometidas durante el conflicto armado con relación a las Farc.
Los 43 rechazados son Gilberto Adriam Cañas (dos veces), Franklin Mosquera, Hugo Antonio Pérez, Ismael Enrique Peñaloza, Fabio Simón Younes, Roberto Andrade, Myller de Jesús Celorio, Germán Muñoz, Juan Carlos Parra, Marisela Flórez, Mariano Antonio Cárdenas, Armando Gómez, Humberto Gil, Daniel Briñez, Uldarico Narváez, Luis Alejandro Ortiz, Juan Carlos Prado, Gustavo Palomino (dos veces), Hemer González, Jhonatan Ramírez, Thomas Martínez, Rubén Durán, Edinson Perlaza, Irineo Romero, Liliana Castañeda, José Alex Mejía, Julio Armando Belalcázar, Henry Carillo, Santos Román Narváez, José Danilo Rodríguez, Jairo Valencia, William Lozano, Fabio Fernando Cortés, Irwis o Irguis José Fontalvo, Manuel Kinderlen Cifuentes, Dalbelto Rincón, Henry Arturo León, Alan Enrique Landázuri, Osíaas Riascos, Marcen Garcés y Víctor Antonio Estupiñán.
En el comunicado las JEP también aclara que “los audios atribuidos al señor Marlon Marín” fueron “grabados a mediados de 2017, cuando los 38 magistrados” de la justicia transicional “no habían sido designados”.