La reincorporación económica de los excombatientes requiere de la participación activa del sector empresarial, planteó la Fundación Ideas para la Paz (FIP) al divulgar ayer su informe “Tres años de la reincorporación de las Farc: desafíos y propuestas”.

Precisamente la participación empresarial es una de las dos propuestas que la FIP consideró indispensables para avanzar en el tema de la reincorporación. Para ello, el Gobierno debe definir una estrategia que aborde sectorial y territorialmente a las empresas, para conectarlas con las necesidades y potencialidades de la reincorporación.

La segunda propuesta de la FIP es la necesidad de conectar la reincorporación con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), argumentando que estos dos procesos se complementan, no solo porque se cruzan geográficamente, sino porque pueden retroalimentarse: la reincorporación por su potencial de ampliar sus beneficios a las comunidades donde se ubican los excombatientes, y los PDET por propiciar transformaciones territoriales que le den mayor viabilidad y alcance a la reincorporación.

En su informe, la FIP recordó que el 1 de diciembre se cumplieron tres años del inicio del desarme de las Farc y de su proceso de reincorporación a la vida civil, que, aunque ideado por los líderes de esa guerrilla como colectivo, en la práctica ha tenido un giro hacia lo individual y presentado grandes obstáculos en materia de opciones estables en lo político, económico y social.

Para FIP, eso ha planteado una serie de preguntas: ¿Esta realidad representa una derrota para el proyecto político de las Farc? ¿Qué implica para el país una reincorporación más individual que colectiva? ¿Cómo aprovechar los aprendizajes del pasado en materia de reintegración? ¿Cómo medir el éxito de la reincorporación a largo plazo?

Según la FIP, la reincorporación enfrenta actualmente seis grandes retos.

Uno, la estabilidad territorial de los excombatientes, que se ve incierta.

Dos, su dispersión en más de 400 municipios.

Tres, las dificultades para desarrollar proyectos productivos de manera colectiva frente al avance de proyectos individuales.

Cuatro, el deterioro de la seguridad.

Cinco, la estigmatización y la tímida responsabilidad compartida ente el Gobierno y las Farc (el primero ha hecho esfuerzos en política pública que deben ser desarrollados y evaluados, y las Farc se enfrentan a una fragmentación interna que puede generar tensiones y desgaste institucional).

Y seis, la necesidad de diseñar la ruta de reincorporación a largo plazo, indispensable para condicionar y hacer seguimiento a los beneficios económicos y sociales entregados a los excombatientes.

Enfrentarlos implica creatividad, aprender del pasado, capacidad técnica, voluntad política y corresponsabilidad para construir soluciones oportunas y sostenibles.

El informe de la FIP dio cuenta de que hay 13.202 personas acreditas como excombatientes a octubre de 2019, según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Se desconoce el paradero de 765 (lo que no quiere decir que estén en la delincuencia). Eso significa que hay 12.956 personas adelantando su proceso de reincorporación.

Apenas 2.969 excombatientes residen en los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), según la ARN. Los 9.222 excombatientes que no están en los ETCR se encuentran distribuidos en cerca de 430 municipios del país. Se destaca la existencia, según las Farc, de 70 nuevas áreas de reincorporación colectiva distintas a los ETCR.

En agosto de 2017 lanzaron el partido Farc. Debutaron en las elecciones del Congreso de 2018, con una cifra muy baja, cercana a los 85.000 votos para Senado y Cámara. En las elecciones regionales del 27 de octubre, presentaron 308 candidatos (111 excombatientes) en 23 departamentos. La colectividad obtuvo 75.000 votos en todo el país, sin incluir los votos de las coaliciones en las que participó.

Sobre reincorporación económica, la FIP mencionó tres pilares: uno, la renta básica, que es la entrega mensual del 90% de un salario mínimo para cada excombatiente y que el Gobierno prolongó por tiempo indefinido; dos, la inclusión laboral, con más de 800 excombatientes se han incorporado a programas oficiales; y tres, los proyectos productivos: a la fecha, el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) ha aprobado 35 proyectos colectivos y 785 individuales.

La FIP recordó que desde la firma del Acuerdo hasta octubre de 2019 fueron asesinados 147 excombatientes, que representan el 1,1% de los acreditados; y que desde la desmovilización de las Farc se han conformado entre 20 y 28 grupos llamados disidentes que, según información obtenida por la FIP de diversas fuentes oficiales, cuentan con cerca de 2.630 integrantes en armas y 1.760 en sus redes de apoyo.