Procurador defendió el derecho que tienen ciudadanos a emitir sus opiniones, aunque hizo un llamado al uso responsable de estos medios
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El tema del derecho a la libre expresión en las redes sociales confrontado con el derecho de las personas al buen nombre fue abordado ayer por la Corte Constitucional en una audiencia pública, a propósito de los mensajes de odio, calumnia e injuria que se han tomado plataformas como Twitter y Facebook.
Algunos coinciden en que es necesario establecer una regulación que comprometa a los prestadores de estos servicios, sin que ello signifique impedir a los ciudadanos emitir sus opiniones.
En la audiencia participaron, entre otros, representantes de Facebook, Youtube y Google en Colombia.
El consultor digital Diego Santos, exdirector de noticias y política de Twitter Colombia, opinó a EL NUEVO SIGLO que “es más que necesaria la regulación en redes sociales, pero no necesariamente implica que se pueda censurar el contenido que uno publica. A la regulación a la que me refiero es que se tienen que poner unos lineamientos, unas directrices muy claras a las redes sociales. O sea Facebook, Twitter, Youtube y demás para que sean mucho más eficientes y efectivos a la hora de bloquear o cancelar contenido que claramente es una agresión, una amenaza, una calumnia o una difamación que hoy en día es el lejano Oeste como nos estamos comportando en redes sociales”.
Una de las aristas en la discusión sobre la libertad de expresión y redes sociales es hasta dónde va el derecho a la libre expresión y dónde comienza el derecho al buen nombre.
En ese punto Santos consideró que “ese es otro tipo de debate donde la sociedad tendría que estar más abierta y ser mucho más responsable, pero si no se exige a las redes sociales que empiecen por lo menos a poner esos límites, no vamos a llegar nunca a ninguna parte”.
Añadió que cuando el derecho a la libre expresión es el argumento que se quiere poner por delante “es muy difícil regular las redes sociales, pero por algo se tiene que comenzar y creo que muchas personas se atan de ese argumento para que finalmente no termine pasando nada”.
Las redes sociales tienen mecanismos para bloquear contenidos de los cuales han recibido quejas por manifestaciones de odio, discriminación, racismo, entre otras, no obstante muchas veces tardan en tomar medidas.
Al respecto Santos explicó que hay dos razones por las cuales no se atienden prontamente las quejas contra determinados mensajes. “La primera, tanto Facebook como Twitter como Instagram y demás no tienen un equipo lo suficientemente grande como para responder a todas estas exigencias que vendrían con una regulación. Por ejemplo Twitter emite más de 500 millones de mensajes al día. En Colombia supongan que se emitan 2 millones de mensajes al día, quién revisa eso. En segundo lugar es que a pesar de que se ven los mecanismos donde hay gente denunciando contenidos claramente difamatorios, y Facebook, Twitter e Instagram no hacen nada al respecto. Lo dejan pese a que haya 100 denuncias, ellos no toman medidas al respecto porque el Estado colombiano no ha puesto contra las cuerdas a esta redes sociales”.
Durante la audiencia pública para el control de las redes sociales y el manejo de discursos de odio, el representante de Google en Colombia, Lorenzo Villegas, indicó que la Corte Constitucional debe atender su línea jurisprudencial frente al papel que cumplen los intermediarios ante la información falsa que se presenta por las redes sociales.
“Solicitamos a la Corte que vele por una Internet libre, abierta y plural, no es obligación de Google determinar si vulnera el buen nombre, eso es materia del juez”, destacó Villegas.
Añadió que “Google tiene políticas de contenido y mecanismos eficaces para darle trámite a los reclamos de los usuarios, los contenidos anónimos están protegidos por la Constitución”.
El debate
La Corte Constitucional está discutiendo este tema porque seleccionó para su estudio tres tutelas de ciudadanos por casos de injuria, calumnia y derecho al buen nombre en su contra.
La Corte estudia los procesos que buscan la eliminación de publicaciones con contenidos injuriosos, y citó a una audiencia pública en la que convocó a defensores de la libertad de expresión y representantes de Facebook, Youtube y Google en Colombia.
No obstante, el alto Tribunal ya ha emitido varias sentencias por los contenidos en redes sociales, como en 2017 cuando ordenó al Ministerio de las TIC crear una regulación nacional para proteger los derechos de los usuarios de Internet, frente a publicaciones difamatorias.
Procurador
El procurador Fernando Carrillo defendió en la audiencia convocada por la Corte Constitucional sobre “Libertad de expresión en el uso de las plataformas digitales” los derechos que tienen los ciudadanos a difundir sus opiniones, pero abogó por una sociedad crítica, informada, que no caiga en una tecnofobia, filtre contenidos y no haga eco a las noticias falsas.
Sostuvo que la necesidad de que haya un manejo responsable de la libertad de expresión no puede ser interpretado como una llamado a “eliminar las plataformas digitales como lo hizo Irán, Venezuela, Rusia y China recientemente, se trata de buscar educación y ciudadanía digital”.
“No basta con la sanción jurídica y punitiva de quienes utilizan las redes sociales para ofender y difamar; Necesitamos construir ciudadanos digitales libres, informados y con voluntad de paz, convivencia y solidaridad”, indicó.
Para Carrillo Flórez no es necesaria una exhaustiva regulación al uso de las redes sociales, sino contemplar elementos pedagógicos para los usuarios.
“Es esencial que los ciudadanos tengan la capacidad de tener una lectura crítica de los contenidos de las redes sociales (…) Que cada uno aprenda a distinguir entre la verdad y la falsedad, entre lo que es útil y la basura digital, entre el interés de las corporaciones y el de la ciudadanía”, sostuvo.
El jefe del Ministerio Público hizo un llamado a las plataformas digitales para que garanticen la transparencia de la información y para que prioricen la generación de soluciones y controles asequibles y amigables con los usuarios, e invitó a sus representantes a unir esfuerzos para que en las elecciones regionales “no proliferen las noticias falsas, la posverdad, y las otras patologías del mundo digital en este proceso electoral”.
El Procurador hizo un llamado a evitar la censura previa y advirtió que debe ser la justicia la que determine las responsabilidades cuando se transgredan los derechos de terceros. “Sigue siendo el juez el que debe establecer si hubo una violación a los derechos de otras personas, cuando se determine que el discurso tiene: hechos equivocados o falsos, apología al racismo, odio, guerra y explotación sexual de NNA”.