Tras los actos vandálicos ocurridos la semana pasada en medio de manifestaciones en varios sectores de Bogotá, desde el Gobierno nacional se reiteró la necesidad de regular la protesta social en el país.

El senador conservador Juan Diego Gómez manifestó su respaldo a esta iniciativa y rechazó al ataque producido a la oficina principal de Icetex en la capital de la República.

“Queda demasiado claro que hay que diferenciar clarísimamente la protesta social de los desmanes y de los actos vandálicos y delictivos. Lo que presenciamos en contra de las instalaciones del Icetex y de sus funcionarios es un hecho vandálico, un hecho terrorista y un hecho delictivo, y eso no puede estar protegido por un derecho fundamental. Por ello, insistimos en la necesidad de radicar cuanto antes nuestro proyecto de ley estatutaria para regular el derecho fundamental a la protesta”, dijo.

Con esta iniciativa, señaló el parlamentario antioqueño, se busca “definir cuáles son los casos en los que se mantiene en la legalidad y en cuáles sale de allí. Y cuando sale de allí tendrá que recibir el castigo de la justicia. Definir también un protocolo de intervención de las autoridades para poner en orden y mantener el cuidado de los bienes y la vida de los ciudadanos y adicionalmente definir en qué casos podría disolverse una manifestación cuando se sale del contexto de la legalidad y del contexto pacifico de la protesta”.

Gómez cuestionó además, que “algunos senadores piden acabar con el Esmad por supuestos excesos. Pero no han hecho referencia a estos actos terroristas. Es necesario regular la protesta social”.

Por su parte, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes y exrelatora especial de libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero, rechazó la propuesta.

Señaló que hay que distinguir entre las personas que cometen delitos en el marco de las manifestaciones sociales y el resto de estas.

“La protesta social es un derecho fundamental. Es un derecho que tiene dos características. Primero, es sustancialmente disruptivo. Recuerdo que antes de 2014, cuando en Venezuela empezaron a asesinar gente en las manifestaciones, un político venezolano decía que lo que había que hacer era construir un marchodromo para que los venezolanos que no estuvieran de acuerdo con el Gobierno pudieron marchar cuando quisieran. Eso es exactamente lo que alguna gente está diciendo: que la protesta social no puede interrumpir vías, que no puede interrumpir el ejercicio de otros derechos porque en ese momento debe ser intervenida. Eso es suprimir el derecho a la protesta social”, sostuvo.

“En segundo lugar, el Estado no puede juzgar el propósito de la protesta. Había personas que sostenían que esta protesta es ilegítima porque había investigaciones en la Universidad Distrital. No, eso no es un tema del Estado”, agregó.

En ese sentido, expresó que la protesta social sí puede intervenir vías. “No es un tema del Estado sin un derecho fundamental, que garantiza a las personas el manifestar su inconformismo y hacerlo evidente”, expresó.

Afirmó que el país ya cuenta con la normativa necesaria para atender manifestaciones. “Las normas nacionales, el Código de Policía, la Constitución Política y el bloque de constitucionalidad internacional son riquísimos en esta materia y ayudan a establecer una hoja de ruta en los casos de protesta social. Hay criterios clarísimos para establecer hasta dónde es legítima, cómo se puede intervenir, qué significa el uso proporcionado de la fuerza”, dijo.