De acuerdo con el último informe de la Corporación Excelencia a la Justicia (CEJ), al cierre de 2021 se habían radicado 108 solicitudes de pérdida de investidura en primera instancia y al menos 10 fueron acumuladas en nueve expedientes, al tratarse de acusaciones contra de un mismo congresista.
Según la investigación, la violación al régimen de inhabilidades está en primer lugar en cuanto a los delitos que cometen los parlamentarios.
De acuerdo con el informe, entre 1991 y 2017 se radicaron 571 solicitudes de pérdida de investidura, de las cuales el Consejo de Estado falló 395, decretando al menos 69 de estas (el 17,5%). A partir de información remitida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la CEJ estima que al menos el 20% de las solicitudes iniciales fueron rechazadas o inadmitidas.
De un total de 98 expedientes, 21 fueron rechazados por el Consejo de Estado. Ocho continúan en estado de trámite. Seis fueron enviados a otra sección por competencia y otros dos fueron retirados por el solicitante.
De acuerdo a lo anterior, la investigación arrojó que los delitos más frecuentes que comenten los congresistas relacionados con violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades son indebida destinación de dineros públicos, violación al régimen de conflicto de intereses, tráfico de influencias, entre otros.
Según la investigación, las pérdidas de investidura que fueron decretadas por la Corte se sustentaron en las siguientes causales: inasistencia, tráfico de influencias, indebida destinación de dineros públicos, violación al régimen de incompatibilidades y topes máximos de financiación, y otras por no tomar posesión del cargo.
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Funcionarios públicos
De otro lado, la Sala de Casación Penal registró un total de 92 sentencias contra funcionarios públicos, durante el periodo 2000-2018 por procesos contra senadores, representantes a la Cámara y gobernadores, en relación con delitos contra la fe pública, el orden económico social, la seguridad pública, mecanismos de participación democrática, contra la administración pública; y contra la eficaz y recta impartición de justicia.
Los delitos juzgados más frecuentes en estas 92 sentencias fueron: concierto para delinquir, peculado, concusión, constreñimiento al sufragante, concierto para promover grupos al margen de la ley, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito.
Asimismo, desde el 2 de febrero de 2022, la Sala Especial de Instrucción registra un total de 27 aperturas de investigación formal resueltas durante el periodo 2019-2022, tres en 2019, siete en 2020 y 17 en 2021.
Por otro lado, los delitos más frecuentes que originan la apertura de una investigación oficial por parte de la Sala Especial de Instrucción son: peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, tráfico de influencias y concusión.
Según el informe de la CEJ, en la Sala Especial de Primera Instancia desde el 2022 se adelantaban 206 procesos penales y se había emitido un total de 45 sentencias.
Juzgamiento
De los 206 procesos, al menos 183 estaban en etapa de juzgamiento, mientras que los 23 restantes estaban en apelación de sentencia.
La mayoría de los procesos que adelantaba esta sala estaban asociados a gobernadores y exgobernadores, y en menor proporción a magistrados y exmagistrados de la Rama Judicial, asimismo a exmiembros de la Fuerza Pública.
En relación con las 45 sentencias emitidas por esta Sala Especial, al menos 26 tenían sentido condenatorio, 16 absolutorio y tres correspondían a sentencias anticipadas.
Finalmente, los delitos más juzgados por la Sala Especial de Primera Instancia desde su entrada en funcionamiento son contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado, prevaricato, concierto para delinquir, cohecho, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito, corrupción al sufragante, entre otros.