Presidentes de las comisiones primeras hicieron corte de cuentas a su labor legislativa

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La legislatura y el cuatrienio terminan para el Congreso el 20 de junio, pero con las dos vueltas presidenciales (mayo 27 y junio 17) el trámite de los proyectos en Senado y Cámara prácticamente llegó a su fin.

Algunos temas prioritarios alcanzarán a evacuarse en las pocas sesiones que quedan de las comisiones primeras, pero hay otros que definitivamente serán abordados por los congresistas que se posesionen el 20 de julio.

Para Roosvelt Rodríguez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), Presidente de la Comisión Primera de Senado, entre los puntos importantes está el proyecto de reforma constitucional para determinar las dieciséis circunscripciones electorales especiales para las víctimas. “Esto es el acceso de las víctimas al Congreso. Es lo primero”, dijo.

“Y lo segundo que queda es la ley que reglamenta el procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz, ese es un tema prioritario”, anotó.

“Habría otros puntos pero ya muy seguramente no alcancen a llegar como la circunscripción agraria”, que según el Senador debería ser una especie de Código.

Pero hay otro tema que muy seguramente no se alcance a aprobar. “El país requiere una reforma electoral. La viene reclamando de tiempo atrás. Esperamos ponernos de acuerdo en los temas más sensibles de la reforma y creo que deberá ocupar la agenda del próximo Congreso”, precisó.

Rodríguez dio un pequeño balance de la Comisión Primera y expresó que, “en resumen, fueron tramitados tres actos legislativos, dos leyes sancionadas, dos proyectos pendientes del procedimiento legislativo especial y cuatro proyectos de ley pendientes para sanción presidencial. De las 39 sesiones realizadas, 29 fueron ordinarias, ocho conjuntas y dos audiencias públicas”.

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De las 72 iniciativas radicadas, 56 proyectos de ley son de procedimiento ordinario y cuatro de procedimiento especial, once proyectos de acto legislativo de procedimiento ordinario y uno de procedimiento especial. Asimismo, 20 proyectos fueron aprobados durante todas las sesiones.

Y en Cámara

Entre tanto, el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Carlos Arturo Correa, de La U, manifestó que lo que queda es revisar los proyectos que quedan, básicamente implementar el Acuerdo de Paz y revisar con juicio los temas de control político.

Anotó también que “se encuentra lo del sometimiento de las Bacrim, y otras iniciativas legislativas que se quedaron en la legislatura pasada”.

Pero, manifestó el legislador, “aún quedan proyectos parlamentarios, porque el fast track hacía que se le diera prioridad en el orden del día”.

Y al igual que el senador Rodríguez, Correa sacó su balance de gestión, calificándola como “bastante positiva”. La Comisión ha sesionado muchas veces, posiblemente es una de las comisiones que más ha hecho sesiones. Y los proyectos que no se lograron sacar adelante fueron los que se radicaron tarde. Quedan todavía dos meses largos y algunos debates de control político, tanto del Gobierno, como de los parlamentarios”.

Dentro de los debate de control político, el congresista resaltó el que tiene que ver con el hacinamiento carcelario convocado por el representante por Bogotá, Telésforo Pedraza del Partido Conservador.

Igualmente destacó que se aprobó en primer debate el proyecto que crea la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal de la Cámara y que se aplazó la decisión de la iniciativa que plantea una nueva composición para las comisiones del Congreso.

Sobre el primer tema, la Comisión de asuntos constitucionales, dijo Correa, dio vía libre a la nueva oficina de apoyo para la corporación incluida en la iniciativa liderada por el representante por Bogotá, Rodrigo Lara de Cambio Radical, Presidente de la Cámara, y que tendrá como objetivo esencial asesoramiento a los congresistas en temas económicos, distribución de recursos regionales y asuntos presupuestales.

Explicó que la nueva célula facilitará la autonomía y la toma de decisiones en materia económica y fiscal en la corporación y complementará el respaldo que hoy recibe de organismos especializados como Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.

Lara, autor de la iniciativa, aseguró que “es una oficina como la que existe en los congresos de los países más importantes, conformada por expertos en políticas públicas y asuntos económicos, que asisten en tareas legislativas a los congresistas en temas como el presupuesto, el impacto de las reformas tributarias o el plan de desarrollo”.

Agregó que “es una herramienta mediante la cual se controlará desde el Congreso el gasto del presupuesto del Gobierno y que permitirá evitar que los recursos se vaya a corrupción o gastos ineficientes y que lleguen equilibradamente a todas las regiones”.

“Al Gobierno no le gusta que nadie le meta las narices en lo que gasta y quiere tener discrecionalidad absoluta; nuestro papel es controlar y nosotros con esta herramienta vamos a poder hacer un diagnóstico de la manera como ellos gastan y con esa información se podrá hacer mejores debates y control político sobre el ejecutivo”, indicó.