Los últimos ajustes a la Rama Judicial se intentaron hacer con la Reforma de Equilibrio de Poderes de 2015

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La iniciativa aprobada en 2012 fue hundida porque en conciliación le introdujeron ‘micos’; la parte judicial del Equilibrio de Poderes se cayó en la Corte

Reforma 2012

Una ambiciosa reforma a la justicia presentó el gobierno de Juan Manuel Santos poco después de asumir el cargo de presidente, la cual tras el largo trámite que conlleva un acto legislativo fue aprobada por el Parlamento.

No obstante, cuando Santos se aprestaba a promulgarla para que entrara en vigor se detectó que en la etapa de conciliación fue modificado el texto, pues incluyeron cosas que no habían aprobado Senado y Cámara.

Por ello, el entonces Presidente tomó la decisión de no promulgar esta reforma y devolverla al Congreso para que fuera archivada, un hecho inédito en la historia del país.

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Dicha reforma eliminaba el Consejo Superior de la Judicatura y fortalecía la figura y ejercicio del congresista, entre otras suprimiendo la violación del régimen de inhabilidades como causal de la pérdida de investidura así como por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de la respectiva corporación, o a la fecha en que fueran llamados a posesionarse; por indebida destinación de dineros públicos.; por tráfico de influencias debidamente comprobado; por violar el régimen, por gestionar o aceptar auxilios con recursos públicos, cualquiera que hubiese sido su forma de aprobación o ejecución.

La malograda reforma a la justicia de 2012 conservaba en cabeza de la Cámara las funciones de acusar ante el Senado cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, al Fiscal General de la Nación, al Procurador General de la Nación y al Contralor General de la República.

Esta reforma también había aprobado sobre las vacantes que se presentan en la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, que “serán elegidos por la respectiva Corporación mediante el voto afirmativo de las 3/5 partes de sus miembros”.

Equilibrio de Poderes de 2015

Los últimos ajustes hasta el día de hoy a la Rama Judicial se intentaron hacer a través de la Reforma de Equilibrio de Poderes de 2015.

No obstante, buena parte de las propuestas que presentó la entonces administración Santos en esta materia en la iniciativa se quedaron en veremos, ya sea porque no fueron aprobadas en el trámite legislativo o se cayeron en la Corte.

Por ejemplo, el proyecto de Equilibrio de Poderes propuso la supresión de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por sus pobres resultados a la fecha en que el Gobierno radicó la iniciativa (3 de septiembre de 2014).

Sería remplazada por un tribunal de aforados encargado de investigar en lo penal, disciplinario y fiscal así como de juzgar la conducta de los magistrados de las altas Cortes, al Procurador General, al Contralor General y al Fiscal General, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos.

Sin embargo, la Corte tumbó buena parte del tramo judicial de la Reforma de Equilibrio de  Poderes, incluyendo el tribunal de aforados, porque consideró que se presentó un desbordamiento de la competencia del constituyente secundario y una sustitución parcial de la Constitución en materia del Gobierno de la Rama Judicial.

Precisamente el Congreso aprobó en ese proyecto que el gobierno y la administración de la Rama Judicial estuvieran a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial, el primero de los cuales sería el encargado de definir las políticas de la Rama.

La Corte tumbó esta disposición en toda su extensión, de paso dejando viva la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la cual pretendía ser suprimida por la administración Santos porque buscaba un sistema de gobierno más eficiente.

Reforma 2018

Pende de un hilo la vida de la reforma a la justicia que presentó el gobierno Duque, debido a que está pendiente de debate en la Comisión Primera de Cámara y los tiempos se agotan, pues en caso de ser aprobada le falta plenaria de esta corporación, pero el período legislativo cierra el próximo 16 de diciembre.

En las últimas horas el presidente Duque y las ministras de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, así como de Justicia, Gloria María Borrero, se reunieron con el presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, con el fin de salvar esta iniciativa.

Borrero advirtió que, “si la reforma no se tramita en la Comisión Primera pronto, la reforma se hundirá por temas de tiempo y no por culpa del Gobierno”.

Si bien lo aprobado en este proyecto hasta segundo debate no aborda gobierno y administración de la Rama Judicial, lo cual ha sido criticado por las altas Cortes, establece cosas como que el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado es de obligatorio cumplimiento para autoridades administrativas.

Así mismo establece que la ley de apropiaciones también aumentará el presupuesto de la Rama Judicial en una proporción mayor o igual al porcentaje que se defina cada cuatro años en el Plan Nacional de Desarrollo.

En aras de la descongestión este proyecto propone también desjudicializar algunos asuntos que serán conocidos por autoridades administrativas y particulares.

Además fija que las elecciones a cargo de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional se realizarán por mayoría calificada. Si al cabo de 15 días no se obtiene dicha mayoría, la elección se hará por mayoría simple. En caso de no hacerse la elección dentro de los 15 días siguientes, la sala de gobierno de la respectiva corporación hará la designación. El quórum y las mayorías se calcularán sobre el número de magistrados en ejercicio del cargo.