Una comisión que se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo ha venido trabajando en una propuesta de tipo constitucional que aún no tiene fecha de radicación

La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) por el cual el Gobierno central distribuye a las regiones más de $40 billones para la financiación de servicios como salud, educación y agua potable, sigue en veremos mientras que esperan las recomendaciones de una comisión que designó el Ejecutivo sobre el particular.

La Federación Nacional de Departamentos se declaró a la expectativa, mientras que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) ya habla sobre supuestos incumplimientos.

Desde marzo de 2016 el anterior gobierno insistió en la necesidad de reformar el SGP y anunció adelantaría esa tarea. Ese paso lo dio la administración Santos solo pocos días antes de finalizar su periodo, cumpliendo de esta forma con el acuerdo que suscribió con Fecode.

La iniciativa, que fue radicada por el entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, buscaba optimizar el uso de estos recursos y mayores ingresos para la educación y las comunidades indígenas. El proyecto proponía aumentar los recursos totales 12,3% al pasar de una apropiación de $36,7 billones en 2018 a $41,3 billones en 2019.

“Desde hace tres años el Gobierno nacional ha trabajado en una reforma al Sistema General de Participaciones basada en los principios de eficiencia, transparencia, y alineación de la distribución de recursos con las políticas y necesidades sectoriales”, señaló en esa ocasión Cárdenas Santamaría.

Sin embargo en octubre de 2018 en medio de las afirmaciones de preocupación del gobierno Duque porque aseguró que la anterior administración le dejó un déficit de $14 billones, decidió retirar el proyecto de reforma al SGP que había radicado Cárdenas.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 presentado al Congreso, indica que esta reforma es necesaria porque con más del 94% de los recursos del SGP Educación se pagará la nómina.

Una reforma “que permita una mayor asignación de recursos así como una mejora sistemática en los criterios de asignación y fórmula de distribución de las transferencias, a fin de lograr una mayor eficiencia presupuestal que repercuta en un mejoramiento generalizado de la calidad educativa de los establecimientos educativos oficiales”, señala el Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo.

No obstante, el Congreso no aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo las facultades extraordinarias que solicitaba el presidente Iván Duque para reformar el SGP.

A partir de ahí esta reforma entró en ‘hibernación’ a espera de que el Gobierno estudie las recomendaciones que sobre la materia le presenten unas comisiones de expertos que convocó.

En días pasados la saliente directora del Departamento Nacional de Planeación, Gloria Alonso, explicó sobre lo que queda en la agenda de este organismo “aparte de la implementación en sí mismo de todo el PND, lo que veo es una agenda por el desarrollo territorial muy interesante y ahí Planeación tiene un rol importante. Diferentes mandatos de ley le han apuntado a que como Estado pensemos cómo puede ser el fortalecimiento territorial y me refiero a que de un lado estamos revisando una reforma tributaria territorial, de otro lado hay una propuesta de una reforma al Sistema General de Participaciones, paralelamente se trabaja en la reforma al Sistema General de Regalías, fuera de eso está el mandato de constituir una Misión de Descentralización y está el Catastro Multipropósito, que es una fuente de ingresos que va a ser realmente poderosa en todas las regiones del país”.

A la espera

El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “fue precisamente en el Plan Nacional de Desarrollo donde se establecieron una serie de comisiones de expertos para tratar temas de especial relevancia como es la comisión de estudios para el Sistema General de Participación, para el estudio del sistema tributario colombiano, para estudio del régimen departamental, para estudio del régimen general de regalías. De manera que las comisiones son pro témpore y tienen establecidas unas ritualidades que se vienen desarrollando”.

Camargo añadió que “estamos a total expectativa de las diferentes conclusiones y recomendaciones que arroje la comisión de expertos”.

Por su lado Fecode que ha realizado una serie de paros nacionales en este gobierno por aparentes fallas en el sistema de salud que cobija a los maestros y supuestos incumplimientos a los acuerdos, indicó en días pasados que el Ejecutivo pretende incumplir los acuerdos sobre salud y reforma al SGP.

“Se avecinan las elecciones y hasta el mismo Gobierno ha reconocido que el Congreso poco avanzará en la agenda legislativa de este periodo, lo que dilatará la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones; situación que se agudiza con la crisis de salud que vive el magisterio porque, aunque existen sanciones contra algunos prestadores por incumplimiento, el Ministerio de Educación no toma medidas contra los contratistas, de ahí, que Fecode exija el cumplimiento total a lo pactado en mayo”, indicó Fecode.

Añadió que “dos de los puntos que enmarcan el incumplimiento de los acuerdos entre Fecode y MEN, hoy están en limbo. Uno, la reforma consensuada al Sistema General de Participaciones, porque es claro que en lo que queda del año otras serán las prioridades del gobierno”.

“Hoy, aunque en la reforma la SGP se instaló la mesa de alto nivel, después del acto formal no se ha avanzado”, aseguró Fecode.

Martha Rocío Alfonso, segunda vicepresidenta de Fecode, dijo que “si sabemos que en esta legislatura no alcanzaría a transitar el proyecto de reforma constitucional al SGP, sí debe ser en la primera legislatura del año entrante, y para ello, hay un debate, un proceso, hay unas cuantificaciones y varios actores que van a participar”.

El mecanismo

El SGP es un mecanismo establecido en el Artículo 356 de la Constitución para garantizar a departamentos y municipios los recursos para atender los servicios a cargo producto de la descentralización administrativa que ha vivido el país.

Con los dineros que reciben departamentos, distritos y municipios financian los servicios a su cargo, dándoles prioridad a salud, educación (preescolar, primaria, secundaria y media) y servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.