CON LA radicación la semana anterior que hizo el Gobierno de un segundo proyecto de salud se espera que el Congreso inicie la discusión de esta reforma, además hay cuatro iniciativas de origen parlamentario en las comisiones primeras y séptimas que no cuentan siquiera con ponentes designados, a pesar de que hace varias semanas se presentaron.
El ministro, Guillermo Jaramillo, radicó el pasado viernes la reforma, en un momento en que crecían las voces extrañadas en distintas bancadas porque pasaban los días en esta tercera legislatura sin que llegara, a pesar de que el ministro del Interior, Juan Cristo, en un par de oportunidades dijo que ya la tenían lista.
El presidente de la Cámara, Jaime Salamanca, había dicho que “ya se le está haciendo tarde al Gobierno para radicar la reforma a la salud, a las carreras no se va a aprobar ninguna reforma y es importante que inicie su trámite o por el contrario no se radique”.
El Gobierno insiste en la reforma después de que en abril pasado la Comisión Séptima del Senado en tercer debate hundió un texto que fue polémico por los profundos ajustes al sistema, el cual también tenía en contra que la Casa de Nariño no lo concertó con las diferentes fuerzas políticas.
La expectativa de la oposición y de los independientes por la llegada del proyecto del Gobierno al Congreso se explica no solamente por conocer si haría cambios en comparación con la primera versión en aspectos polémicos como la eliminación de las EPS o concentrar en la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) el manejo de los recursos del sistema, sino también para que inicie el trámite de las cuatro iniciativas de origen parlamentario, que como se dijo hasta el momento no cuentan siquiera con la designación de ponentes para primer debate en las comisiones primeras y séptimas.
No obstante, aunque se trata de un texto más corto en comparación con el primer proyecto, el Gobierno mantiene los ajustes fundamentales que quiere en el sistema y la prestación de un servicio basado en la prevención.
Igualmente, la Casa de Nariño volvió a presentar la reforma como una ley ordinaria, a pesar de que las bancadas de oposición e independientes sostienen que es estatutaria porque en algunos de sus aspectos regula materias relacionadas con derechos y deberes fundamentales de las personas y los mecanismos para su protección.
Entonces el proyecto del Gobierno entró por la Comisión Séptima de la Cámara en donde en los próximos días la mesa directiva designará ponentes para el primer debate.
En esta célula legislativa el pasado primero de agosto, parlamentarios independientes presentaron un proyecto de reforma que recoge en buena medida la iniciativa del Grupo Acuerdos Fundamentales, integrado por asociaciones de la salud.
El proyecto del Gobierno y el de los independientes coinciden en aspectos como un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo fundamentado en la atención primaria. También en que la Adres asuma la administración de los recursos y haga el giro directo a las instituciones prestadoras de los servicios. Así mismo, los dos textos se identifican en que las EPS se transformen en gestoras de salud y vida.
Es previsible que las iniciativas de los independientes y del Gobierno se acumulen en la Comisión Séptima de la Cámara, teniendo en cuenta que se refieren al mismo tema y que ninguna tiene ponencia para primer debate.
Las otras iniciativas
En la Comisión Primera del Senado hay proyectos de ley estatutaria radicados del Centro Democrático y Cambio Radical, que coinciden en algunos aspectos y se diferencian en otros como el manejo de los dineros, pues la segunda de estas colectividades mantiene el flujo de recursos como está actualmente, es decir en cabeza de las EPS pagando a las IPS.
Es previsible que estos dos proyectos se acumulen para su discusión porque tratan de la misma materia y no se ha presentado ponencia para el primer debate.
Mientras que en la Comisión Séptima del Senado hay un proyecto de la U enfocado en la promoción del talento humano en salud, el cual establece que las entidades del sector deberán vincular al personal mediante contrato de trabajo. Igualmente prohíbe la intermediación.