Altos Tribunales piden un programa de descongestión y cambios de fondo a la administración y gobierno de la Rama

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Varias de las observaciones que en conjunto hicieron el Consejo de Estado y la Corte Suprema al proyecto de reforma a la justicia son compartidas por parlamentarios de la Comisión Primera de Cámara, en donde en los próximos días esta iniciativa gubernamental será analizada y votada en tercer debate.

De esta forma tendrían cabida en la discusión reclamos de los magistrados para que se incorpore en el texto un programa de descongestión así como la necesidad de cambios de fondo a la administración y gobierno en dirección a fortalecer la autonomía real de la Rama Judicial.

Así se colige de un sondeo que EL NUEVO SIGLO realizó con parlamentarios de diferentes partidos integrantes de esta célula legislativa, quienes hicieron énfasis en la necesidad de aprobar la mejor reforma en los propósitos del fortalecimiento de la Rama y pleno acceso de los ciudadanos a la justicia.

En un hecho sin antecedentes en la larga historia de la Corte y el Consejo, el jueves se efectuó una reunión conjunta de sus Salas Plenas, convocada para analizar el actual proceso de reforma a la Justicia, razón por la cual no era procedente la presencia de la Corte Constitucional, en atención a que a esta Corporación le compete efectuar el control de constitucionalidad sobre los actos legislativos expedidos por el Congreso.

Con base en las deliberaciones de la reunión conjunta, las dos altas Cortes expresaron “su máximo interés en que se hagan reformas a la justicia con el propósito de garantizar pronta y cumplida justicia para cada persona en el país, y sobre la base de respetar la autonomía de la rama y la independencia judicial.

Pero también el Consejo y la Corte hicieron una serie de observaciones puntuales al proyecto de reforma, como es que resulta menester “despejar las amenazas de la corte única y la corte electoral, y dilucidar que ni el Consejo Superior de la Judicatura ni la Comisión de Disciplina Judicial son altas Cortes, atendiendo además a que la Nación espera claridad sobre su arquitectura judicial y ha recibido positivamente el planteamiento de ‘Tres Jurisdicciones, Tres altas Cortes’”.

Sobre el particular el Representante de la Alianza Verde, Inti Asprilla, dijo que “a pesar de todos los vicios que ha tenido la justicia colombiana uno de los grandes retos que tiene la democracia con un gobierno como el de Iván Duque es respetar la división de poderes. La Corte Suprema a pesar de todos los escándalos de corrupción ha demostrado en ciertos casos una independencia absoluta frente al Ejecutivo y principalmente lo que ha sido el proyecto del uribismo”.

En cuanto al Consejo Superior de la Judicatura, “es bien sabido, que si hay algo sobre lo que hay consenso es que esa institución tiende a fenecer y no se le ve claridad sobre su utilidad, y que muchas veces no solamente no es ajena al fenómeno de corrupción sino que se presenta con mayor intensidad en ella y no ha producido resultados concretos que nos lleguen a decir que valga la pena darle un estatus especial al Consejo Superior de la Judicatura”.

Las altas Cortes dicen también que la reforma a la justicia debe tener el propósito esencial de la tutela judicial efectiva. “En tal sentido, debe incorporarse en la reforma un programa de descongestión, punto que inexplicablemente fue excluido del articulado”.

Ante esa observación, el representante Alfredo Deluque (La U) dijo estar “totalmente de acuerdo. El tema de la descongestión de la justicia es muy importante para que exista una celeridad en el aparato judicial, y de esa manera se muestre un resultado diferente a los ciudadanos del país, y es un punto fundamental para que exista confianza en la justicia. Si no hay celeridad simplemente se pierde la confianza y la inmediatez de las decisiones judiciales”.

“La congestión es hoy y ha sido siempre uno de los principales cuellos de botella que existen en la justicia”, sentenció.

Otras observaciones

Las altas Cortes dicen que una reforma a la justicia es insustancial si no aborda cambios de fondo a la administración y gobierno en dirección a fortalecer la autonomía real de la Rama Judicial.

Al respecto, el Representante Juan Carlos Rivera (Partido Conservador) dijo que “hoy tenemos una reunión con la Ministra, es un tema que hay que analizar. Obviamente la autonomía administrativa del poder judicial como lo deben tener los diferentes estamentos, como lo debe tener el Congreso de la República, pienso que debe ser necesaria. No debe depender de otros organismos”.

“También se deben hacer los cambios, que todos somos conscientes que hay que tener una mejoría”, cerró.

De igual forma, las altas Cortes ponen de presente acerca del presupuesto que para la administración de justicia se debe establecer en la Constitución Política un porcentaje mínimo del Presupuesto Nacional. Y consagrar la necesidad de un capítulo especial para la Justicia, como rama autónoma, en el Plan Nacional de Desarrollo.

En esta materia el proyecto establece que la ley de apropiaciones aumentará el presupuesto de la Rama Judicial en una proporción mayor o igual al porcentaje que se defina cada cuatro años en el Plan Nacional de Desarrollo.

Al respecto el parlamentario Hernán Estupiñán (Partido Liberal) señaló que “hemos propuesto en momentos privados y públicos que la reforma a la justicia debe ser un proyecto concertado con las altas Cortes, con quienes diariamente viven la práctica en la realidad, las debilidades y también conocen de las fortalezas que tiene el sistema”.

“Estamos proponiendo con algunos integrantes de la Comisión Primera que las Cortes deben tener autonomía presupuestal. Que dentro del Plan Nacional de Desarrollo tengan un capítulo donde estos administradores de justicia tengan los recursos suficientes para llegar con un servicio eficiente al ciudadano. Conocemos que juzgados, fiscalías en los municipios apartados de la capital de la República ni siquiera tienen con qué pagar los arrendamientos”, agregó.

Elección

Los altos Tribunales no están de acuerdo con las disposiciones de la reforma en cuanto al modo de elección y requisitos para el cargo de magistrado de alta Corte.

El proyecto dice que “las elecciones a cargo de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional se realizará por mayoría calificada.

Al respecto, la Corte y el Consejo señalan que “el texto aprobado es inapropiado. El mecanismo de elección de los magistrados debe dejarse al reglamento de la Corporación (sistema actual). No debe tener un desarrollo detallado y ‘petrificado’ en la Constitución”.

Asimismo, el legislador Samuel Hoyos (Centro Democrático) cree “que la opinión de las Cortes es importante, pero estas tienen que aceptar que en Colombia necesitamos una reforma a la justicia y que hay que hacer cambios que pueden afectar los privilegios que aún tienen sus magistrados. Ellos tienen que darle la señal al país que están dispuestos a aceptar esos cambios y el que tiene la facultad de legislar y de modificar la Constitución, hacer reformas a la justicia es el Congreso”.