EN EL Senado comenzará, en primera instancia, este año el análisis de la reforma de salud con una audiencia pública a finales de este mes, la primera de 14 que se tiene previsto realizar en distintas regiones para escuchar las impresiones de actores del sector acerca de este polémico proyecto del Gobierno.

Las conclusiones que salgan de estas audiencias serán insumo para la ponencia y la discusión en la Comisión Séptima en tercer debate de este proyecto, tras superar en medio de una fuerte controversia su paso por la Comisión Séptima de la Cámara y la plenaria de esa Corporación.

La presidenta de esta célula legislativa, Martha Peralta, indicó que “ya en la Comisión Séptima hay aprobadas proposiciones de audiencias públicas, que las haremos, la gran mayoría de ellas, antes del 16 de febrero; empezaremos el 21 de enero con las audiencias públicas que se harán en 14 departamentos del país”.

La parlamentaria del Pacto Histórico, el partido de gobierno, explicó que el propósito de las audiencias es que “toda la ciudadanía la conozca y que puedan aportar los distintos sectores de la salud, académicos, el personal profesional y técnico de la salud. Es para que todos los interesados puedan participar en esas audiencias”.

De cara a la discusión del proyecto en la Comisión Séptima del Senado, Peralta dijo a las bancadas de la oposición: el Centro Democrático y Cambio Radical; así como a los independientes: el Partido Conservador y La U, que “lo importante es que estemos en la disposición de dar el debate con argumentación, con respeto y sobre el articulado, porque a veces también empezamos a mencionar aspectos que ni siquiera contempla la reforma”.

Paso por Cámara

Tras una discusión que se extendió por cerca de un semestre la plenaria de la Cámara terminó de aprobar el pasado 5 de diciembre el proyecto de reforma a la salud en su segundo debate, en esta sesión con profundas discrepancias sobre la elección de directores de hospitales públicos a cargo de gobernadores y alcaldes, así como si era necesario hacer consulta previa antes de la radicación del proyecto gubernamental.

La reforma sigue generando polémica porque varias organizaciones de la salud, asociaciones de pacientes, los gremios de las EPS y los partidos de oposición e independientes coinciden en que los fuertes cambios que contempla pondrían en peligro el sistema que ha pervivido por tres décadas y afectaría el servicio.

Entre las modificaciones principales está que desaparecen las EPS, las cuales se mantendrán cumpliendo sus actuales funciones durante los 2 años de transición que establece la reforma. Después podrán seguir en el sistema adoptando la figura de gestoras en salud y vida, cumpliendo entre otras tareas, en coordinación con las direcciones departamentales y distritales de salud, la conformación de las redes integrales e integradas de servicios; y auditar la facturación que presenten los hospitales y otras IPS.

Otro cambio fundamental que se aprobó en la Cámara es que la estatal Adres asume el manejo de los recursos del sistema y pagará de manera directa a los prestadores del servicio, tarea que hoy hacen las EPS.

También se propone implementar en todo el territorio nacional los CAPS (Centro de Atención Primaria en Salud), que serán la puerta de entrada de la población al sistema.

Sin embargo, solo por hablar de estos tres profundos ajustes, los opositores a la reforma señalan que la desaparición de las EPS pondría en peligro el sistema, porque no hay una entidad con la experiencia de estas empresas acumulada durante 30 años, que garantice el aseguramiento en salud y el financiero.

En cuanto a la Adres señalan los opositores que no tiene la capacidad en este momento, ni en el corto plazo, para auditar cerca de 700 millones de facturas al año que llegan por los servicios prestados.

Para quienes consideran perjudicial la reforma en los términos que la presentó el Gobierno, es poco probable que en los dos años de transición que contempla se alcance a conformar la red de cerca de 3.000 CAPS que se requerirían en todo el país.

Sin dejar de lado que como el proyecto establece que el CAPS es la puerta obligatoria de ingreso al sistema, según algunos los ciudadanos perderían la libertad que tienen hoy de escoger quién les presta el servicio.