Distintos sectores coincidieron en celebrar la aprobación por parte del Congreso la semana pasada del proyecto de acto legislativo que reforma el control fiscal porque se cumpliría con el propósito de la iniciativa que radicó en marzo pasado el contralor Carlos Felipe Córdoba, de fortalecer el sistema para luchar contra la corrupción. No obstante se perdió una oportunidad de cortar con la influencia de los políticos, pues se dejó intacto en manos de concejos y asambleas la elección de los contralores regionales. Así lo indicó la Asociación de Servidores Públicos de los Órganos de Control de Colombia (Asdeccol).

La presidenta de esta Asociación, Blanca Ramírez de Salazar, dijo a EL NUEVO SIGLO “apoyamos la reforma porque fuimos copartícipes en la redacción del proyecto de acto legislativo, junto con siete sindicatos más que tienen también asiento en la Contraloría General. En ese sentido el proyecto recogía en buena parte las propuestas que teníamos los trabajadores desde nuestra experiencia para lograr el fortalecimiento del control fiscal”.

 En ese propósito Ramírez de Salazar destacó el fortalecimiento por efectos de esta reforma de la Contraloría General porque “lo que fundamentalmente queríamos al estar apoyando este proyecto era fortalecer todo el sistema de control fiscal en el país, porque está demostrado que con las herramientas jurídicas y presupuestales con que se cuenta, tanto en la Contraloría General como en las contralorías territoriales, no se alcanza a cubrir el número de entidades y no hay el personal suficiente para poder garantizar unos resultados óptimos  en la lucha contra la corrupción”.   

No obstante la vocera de Asdeccol dijo que en materia de las contralorías territoriales si bien el “proyecto contempla el fortalecimiento presupuestal, en un plazo máximo de un año, no logramos que la otra fuente de ineficacia que se cuenta en el control territorial, que es la  forma de elección de los contralores territoriales, quedara por concurso de méritos sino que continúa como está en manos de concejos y asambleas a través de una convocatoria pública”.

De tal forma, recalcó Ramírez de Salazar, “persiste el problema de la falta de autonomía e independencia, sobre todo,  por parte de quienes lleguen a las contralorías  territoriales para que se garantice realmente una respuesta efectiva a los fenómenos de corrupción. Nos quedó faltando la voluntad política de los congresistas para separar las contralorías territoriales de la politiquería, entonces vamos a tener que seguir lidiando con ese fenómeno”.

Fue eliminada

El proyecto de reforma al control fiscal que radicó Córdoba dejaba la elección de los contralores territoriales tal como está hoy, es decir, la hacen las asambleas departamentales, concejos municipales y distritales mediante convocatoria pública.

No obstante, la Comisión Primera de la Cámara había aprobado al darle quinto debate al proyecto de acto legislativo que los contralores “departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las asambleas departamentales, concejos municipales y distritales, de terna conformada por concurso público de méritos conforme a la ley”.

Empero en los debates posteriores fue enterrada la posibilidad del concurso de méritos en la elección de estos servidores.

Anteriormente los contralores eran elegidos por los concejos y asambleas departamentales  mediante ternas integradas por dos candidatos presentados por el tribunal superior de distrito judicial y uno por el correspondiente tribunal de lo contencioso-administrativo. Así se dio hasta 2012 la escogencia de estos servidores encargados de cuidar que no se roben y dé mal uso a los recursos públicos.

Sin embargo el Acto Legislativo 02 de julio de 2015 (Reforma de Equilibrio de Poderes) introdujo que “los contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las asambleas departamentales, concejos municipales y distritales, mediante convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para el lapso igual al del Gobernador o Alcalde, según el caso”.

Pero algunos como Asdeccol consideran que la  convocatoria pública no es garantía de que los intereses políticos no sean los dominantes a la hora de elegir los contralores territoriales por parte de concejos y asambleas, pues no obligan a escoger al mejor.

La principal crítica al actual sistema es que sería una puerta abierta a la corrupción debido a que por lo general  los gobernadores y alcaldes llegan al cargo teniendo las mayorías en asambleas y concejos, respectivamente. Ello posibilita hacer elegir a un contralor de ‘bolsillo’, quien precisamente tiene que vigilar el adecuado manejo de los recursos públicos por estas administraciones.

Es por ello que la propuesta de Asdeccol apuntaba a que concejos y asambleas fueran excluidos de este proceso y que la escogencia de todos los contralores territoriales se hiciera a través de concurso nacional de méritos, que podría ser coordinado por la Comisión Nacional del Servicio Civil