Sobre la continuidad del Auditor General de la República por más de dos años en el cargo, “debería tramitarse un acto legislativo, para que en la Constitución quede que se reelija por una sola vez”, manifestó el representante de Cambio Radical por Casanare, Camilo Andrés Abril.

EL NUEVO SIGLO: Aún no se agenda en la Comisión Primera de la Cámara el proyecto de reelección del Auditor, pero la polémica está encendida…

CAMILO ANDRÉS ABRIL:Yo estoy a favor de esa reelección y por eso apoyo el proyecto. Pero creo que deberíamos ir más allá. Debería tramitarse un acto legislativo, para que en la Constitución quede que se reelija por una sola vez. Que no sea un auditor vitalicio. Lo normal sería cuatro años.

ENS: Se había convenido un Acuerdo para la Prosperidad en Casanare en donde se trataría la problemática petrolera. ¿Eso se aplazó?

CAA: Sí. Estamos a la espera de que se fije una fecha. Estro surgió en octubre, luego de una reunión liderada por congresistas de Casanare. Allí, el Gobierno Nacional, en cabeza del viceministro del Interior, Aurelio Iragorri, así como con el ministro de Minas, la Alta Consejera Ambiental, y la Directora de Licencias Ambientales del Ministerio de Ambiente, se comprometió a realizar de una agenda llamada Alianza para la Prosperidad como estrategia para la solución a los problemas con la empresas petroleras del departamento.

Asistieron también 12 alcaldes y  líderes de la comunidad casanareña. Dicha agenda, denominada  Alianza para Prosperidad, será liderada por el presidente Juan Manuel Santos y se realizará para tratar temas de asuntos petroleros en el país.

Contará con la participación de los diferentes sectores, empresas petroleras, gobierno nacional y comunidad casanareña, así como dirigentes electos.

ENS: ¿Qué esperan sacar de ahí?

CAA:Será este el espacio donde se generen compromisos con dichas empresas, a las cuales no le sirve de nada tener de enemiga o ir en contra de la comunidad, y a la comunidad no le conviene estar en malos términos con las empresas petroleras. Así pierde el país.

Por ello, es importante que los distintos sectores como, transporte, comercio, fuerza laboral y comunidad elaboren un documento donde se plantee al gobierno y a las empresas petroleras los problemas concretos para que sean resueltos. De esta forma se inicia un dialogo de manera organizada, lo que significa un avance.

ENS: Desde el principio usted se puso del lado de la Contralora en su ya superada polémica con el Ministro de Hacienda…

CAA:Sí. Es que la Contraloría debe tener los recursos necesarios para vigilar la plata.

Como usted dice, desde el principio estuve de acuerdo con la solicitud hecha por la contralora general Sandra Morelli de más plata para nombrar y pagar más funcionarios para la vigilancia de los recursos públicos.

Es mejor gastar 30.000 millones de pesos en más personal y no que se pierdan billones de pesos al año como ha pasado en el país. Platas de todo lado, del orden central y las regalías de regiones productoras de hidrocarburos.

El control fiscal tiene su costo y eso vale. Es mejor tener una buena nómina y funcionarios especializados en la vigilancia y bien pagos para la prevención de la corrupción ya que en Colombia como mínimo se pierden 4 billones de pesos al año.

Personal calificado y bien pago es más difícil de sobornar.

ENS: Pasó al Senado el proyecto que beneficia a la población en condición de discapacidad, del que usted fue coordinador de ponentes en la Cámara…

CAA:Sí. El objetivo de la ley es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.

Se establece asegurar que las empresas de salud presten un servicio asequible cerca al lugar de residencia de la persona y según el caso asistencia domiciliaria residencial. El Ministerio de Hacienda no grabará con aranceles los implementos deportivos para esta población, y obliga al Sena a implementar el servicio de intérpretes en todos los programas, con el fin de garantizar el ingreso laboral a la población en condición de discapacidad.

Este proyecto obliga a los próximos gobernadores y alcaldes tener en cuenta dentro de los planes de desarrollo la inclusión de políticas públicas que garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos. Y los recursos que sean destinados por los municipios y departamentos para las personas en condición de discapacidad deben ser concertados con el sector, además es obligatorio veedurías integradas por personas en condición de discapacidad.

El 6 por ciento de la población en Colombia son personas en condición de discapacidad y el 77 por ciento de esta viven en pobreza extrema.