Que los congresistas uribistas integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara se declaren impedidos para adelantar cualquier indagación contra los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) es lo que pretenden los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda con la recusación radicada ayer.

Los representantes Ricardo Ferro, Gabriel Santos, Óscar Villamizar y Edward Rodríguez, todos del Centro Democrático, fueron recusados por los senadores Barreras (Partido Social de Unidad Nacional, La U) y Cepeda (Polo Democrático) luego de que la Comisión les abriera una investigación preliminar a la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y al magistrado de esa jurisdicción Alejandro Ramelli, luego de que un ciudadano los señalara por supuestamente incurrir en los delitos de tráfico de influencias de servidor público e interés indebido en la celebración de contratos.

Según Barreras, “ellos hacen parte de todo un entramado de intimidación, de persecución, de entrampamiento contra los defensores de la JEP. Se atreven por primera vez en la historia, en una misma semana, a recibir una denuncia apócrifa, a abrir una investigación y citar a versión libre a la Presidenta de la JEP, cuando jamás había ocurrido tal velocidad”.

La apertura de la investigación también llamó la atención del procurador Fernando Carrillo, anunciando que “nosotros como Ministerio Público vamos a intervenir en ese proceso. La Comisión de Acusaciones no se puede convertir en un instrumento de venganzas políticas y por eso es tan importante que se haga con todo el profesionalismo que se requiere”.

Las declaraciones de Carrillo no le gustaron al representante Ferro, presidente de la Comisión, quien le pidió que “no se extralimite en sus funciones”.

“Rechazo cualquier pronunciamiento de tipo político que descalifique la actuación de una institución legítima como lo es la Comisión de Acusación”, manifestó Ferro.