El pasado miércoles, el senador Juan Lozano convocó a un debate de control político al Gobierno para buscar más efectividad en la atención y la justicia en los casos de ataques con ácido.
El vicefiscal Jorge Perdomo; el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez; el viceministro de Salud, Fernando Ruiz; la subdirectora de la Policía, Luz Marina Bustos, llegaron a varios compromisos, como reglamentar la ley que endurece las penas a estos agresores antes de que termine el mes de abril. Además aseguraron que buscarán la manera de armonizar las cifras de estos casos y acelerar su investigación.
A la sesión también asistieron varias víctimas, quienes contaron sus historias y reclamaron acompañamiento sicológico y laboral por parte del Estado.
EL NUEVO SIGLO: ¿Cuáles fueron las principales conclusiones del debate de control político sobre los ataques con ácido?
JUAN LOZANO:Primero, hay una gran impunidad: Mientras Medicina Legal reporta cerca de 900 ataques, y el Ministerio de Salud más de 600 solo en 2013; apenas hay 102 casos judicializados y 4 condenas. Segundo, hay un importante compromiso de la Fiscalía general para revisar la totalidad de los casos que están siendo judicializados, ver su estado y buscar la manera de acelerarlos. Tercero, el Gobierno ha incumplido con la reglamentación, cuyo plazo está vencido; sin embargo hay que efectuarla y las autoridades se comprometieron a hacerlo antes de que termine abril. Eso para cuatro propósitos: mejorar las medidas preventivas, garantizar atención integral en salud, garantizar la atención sicológica y hacer el acompañamiento laboral.
ENS: ¿Cómo explicó el Gobierno esa falta de claridad en las cifras?
JL:El Gobierno se comprometió a revisar la razón por la cual hay cifras diferentes y a revisarlas. Yo presenté los cuestionarios oficiales que me fueron remitidos con las discrepancias en las cifras y las diferencias en la información. Eso tiene que ser armonizado.
ENS: Se habló de catalogar estos actos como intento de homicidio. ¿Está de acuerdo?
JL: En cada caso y dependiendo de las circunstancias se puede tipificar ese propósito. Hay unos casos en los que la intención del agresor no es el homicidio, sino dejar una marca. Hay otroscasos en los que buscan causar daños tan graves que pueden conducir hasta la muerte. Pero no se puede definir de manera general de esa forma, porque la intencionalidad en cada caso es distinta.
ENS: Usted ha hablado de discriminación en los montos de las recompensas. ¿Cuál es la propuesta para que eso se acabe?
JL: Es inaceptable que haya víctimas de primera y víctimas de segunda en los ataques con ácido. En la mayoría de los casos no han ofrecido recompensas, en otros ofrecen 5 millones; en otro 10 millones; en otro empezaron en 15 y llegaron a 75; en otro, la familia tuvo que decir que ponía parte de la recompensa para que el Estado la subiera; en el de la muerte ofrecieron 50 millones. Por el asesino de la porrista de Millonarios ofrecieron 20 millones. Eso a todas luces es inconveniente y muestra un Estado selectivo e injusto, arbitrariedad en la selección de las recompensas, incoherencia en la política criminal. Por eso el ofrecimiento de recompensas debe obedecer a una lógica, a una coherencia que impida categorizar a víctimas de primera y de segunda, todas merecen la misma atención del Estado.
ENS: ¿Cómo garantizar que la atención a este tema sea más que algo coyuntural?
JL:Hay que lograr que las víctimas no dependan de que el tema salga en televisión o de una coyuntura determinada. Independientemente del momento deben recibir la misma atención.
Testimonios
Con el lema "penas reales para hechos reales", varias víctimas se hicieron presentes en el recinto de la comisión. Para el senador Lozano, “el testimonio de las víctimas es dramático porque demuestra el abandono en el que las tiene el Estado. Hay una mujer a la que ni siquiera le han hecho su primera atención y ya va para un año. En otros casos las han dejado abandonadas a su suerte a pesar de que la ley exige acompañamiento laboral. Los testimonios de las víctimas fueron a la par desgarradores por la crueldad de un Estado discriminador que las ha abandonado y esperanzador al ver cómo luchan por salir adelante”.