La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de libertad presentada por el exsenador Álvaro García Romero, procesado por 'parapolítica', por considerar que representa un peligro para la comunidad, además que adelanta una investigación por desplazamiento forzado.
“La naturaleza del delito por el que se procese en el presente asunto resulta ser una circunstancia que para la Sala es de vital relevancia. Ello en razón a que como se indicó en la providencia que le impuso la medida de aseguramiento a García Romeo, dicha conducía ha afectado a la colectividad colombiana, y en ese caso, a las comunidades de los departamentos de Sucre y Bolívar”, señala el alto tribunal.
García fue condenado a 40 años de cárcel por la masacre cometida entre el 9 y el 17 de octubre de 2000, ejecutada por integrantes del denominado "Bloque Héroes de los Montes de María", de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en las veredas El Limón, La Palma, Los Deseos, El Pavo, El Floral, entre otras, del corregimiento de Macayepo en comprensión municipal de El Carmen de Bolívar (Bolívar) y San Onofre (Sucre).
En tales sucesos se dio muerte violenta a algunos lugareños quienes fueron identificados como Andrés Alberto Álvarez Palacios, Líderes Rafael Tapias Terán, Manuel de Jesús Julio Gutiérrez, Orlando Rafael Oviedo Moguea, Alcibíades Mendoza, Hugo Adolfo Díaz Díaz, y Juan Manuel Jiménez Hernández.
De acuerdo con el documento judicial, dicha acción tuvo como propósito afianzar el dominio paramilitar en la zona y a su vez recuperar una considerable cantidad de semovientes que fueron hurtados al ganadero José Joaquín del Niño García Rodríguez por subversivos que operaban en la zona.
Para facilitar la incursión armada, García Rodríguez acudió al exsenador para que, prevalido de su dignidad de Senador, lograra que las autoridades militares del Departamento de Sucre omitieran cumplir su deber de contrarrestar el ataque paramilitar.
Aunque el grupo paramilitar se desmovilizó en 2005, la corte señaló que eso no impide que el procesado no represente un peligro para la comunidad, pues su reconocida y marcada influencia a nivel regional, permiten afirmar que subsiste la posibilidad de continuar implementado hegemonías para el manejo de territorio de manera irregular.