La Comisión Primera de la Cámara de Representantes sesionará este martes de forma presencial y bajo estrictos protocolos de bioseguridad como prueba piloto para evaluar la posibilidad de que Legislativo regrese a su sede del Capitolio Nacional.

Senadores y representantes desde abril pasado vienen participando en sesiones virtuales debido a la pandemia de coronavirus, con excepción de las plenarias presenciales que se han realizado en Senado para elegir Procuradora General de la Nación y un magistrado de la Corte Constitucional, y en Cámara para la elección del Defensor del Pueblo.

En mayo pasado la plenaria de la Cámara logró hacer durante un par de semanas sesiones semipresenciales en el Capitolio Nacional, es decir, con la mesa directiva presente y un parlamentario vocero por cada partido.

No obstante, la iniciativa se abortó después de que el representante por Caldas José Luis Correa, diera a conocer que se había contagiado con el virus.

La noticia causó alarma porque Correa fue uno de los legisladores que participó en las sesiones semipresenciales que realizó la Cámara.

El presidente de la Comisión Primera de la cámara baja, Alfredo Rafael Deluque Zuleta, indicó a EL NUEVO SIGLO acerca de la sesión presencial de hoy que “es la primera prueba, pero vamos a hacerlo de forma tal que no riña con las medidas de bioseguridad, aunque no serán sesiones en completa normalidad”.

Añadió que “de esta semana solamente el martes vamos a tener presencial, poco a poco se irá mirando las condiciones para la presencialidad”.

De las 14 células constitucionales que hay entre Senado y Cámara, la Comisión Primera de la Cámara es la que tiene el mayor número de integrantes, con 36 legisladores.

“Los partidos de la oposición reclaman un Congreso presencial pues consideran que la virtualidad no entrega las garantías para una buena discusión de los proyectos y hacer efectivo control político al Gobierno nacional”

No obstante, Deluque indicó que en la sesión de este lunes estarán entre 20 y 25 parlamentarios, pues el resto podrá participar de manera virtual debido a que tienen enfermedades preexistentes, lo que implica que deben tener más cuidados frente al coronavirus.

Conforme a la directiva 009 de 2020 de la mesa directiva de la Cámara de Representantes, argumentada esta con la resolución 666 del 24 de abril de 2020, y la resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, del Ministerio de Salud y Protección Social, podrán asistir por voluntad propia y bajo su propio riesgo todos los representantes a la sesión presencial.

Estas normas advierten que “no deberán asistir pacientes confirmados con Covid-19; personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el Covid-19; mujeres en estado de gestación; mayores de 60 años; personas con sintomatología respiratoria leve o moderada (fiebre, tos persistente, dificultad respiratoria, secreciones nasales, dolor de garganta) y otras (dolor de pecho, dolor muscular o articular, dolor abdominal, diarrea, manchas en la piel, dolor de cabeza, nausea/vómito y pérdida de olfato o gusto) f); quien haya estado en contacto con paciente diagnosticado con este virus”.

La Comisión Primera de la Cámara tiene previsto sesionar mañana en el Salón Boyacá, que es mucho más amplio que en lugar en donde ser reúne comúnmente esta célula legislativa. Discutirá entre otros el proyecto de acto legislativo para regularizar el uso recreativo del cannabis; así como una iniciativa que persigue modificar los ingresos del Sistema General de Participaciones.

Polémica

El trabajo virtual del Congreso se realiza desde abril pasado a raíz de la cuarentena por la pandemia. Los partidos de la oposición reclaman un Congreso presencial pues consideran que la virtualidad no entrega las garantías para una buena discusión de los proyectos y hacer efectivo control político al Gobierno nacional.

En tanto que desde la coalición de Gobierno han defendido la virtualidad porque ha permitido que el Congreso siga trabajando en plena cuarentena. Desde este sector comparten la necesidad de volver a la presencialidad cuando estén dadas las condiciones para no poner en riesgo la salud de los parlamentarios y personal administrativo del Parlamento.