La agenda anticorrupción con los que el Gobierno nacional busca conjurar algunos de los puntos del paro se espera que sea discutida a toda máquina

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En estos días de gran agitación social el Ministerio del Interior apurará el trámite de cuatro iniciativas específicas que permitirán conjurar uno de los puntos del paro nacional: la lucha anticorrupción.

El jueves el presidente Iván Duque, junto a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, lideraron una mesa de transparencia y anticorrupción para adelantar proyectos que acaben con ese flagelo.

“Evidentemente y a través de reformas normativas tratar de conjurar el paro no creo que sea viable, pero agrega elementos a la discusión, en general a que en el país hay unos proyectos que están siendo discutidos en el Congreso. De todas formas, abona algo en la discusión que el Gobierno debe mostrar más los resultados de gestión que muchas veces no son tan visibles, pero que por supuesto será el contenido de las leyes y su éxito o no en el Congreso terminen definiendo si estos aportan instrumentos en la lucha anticorrupción. Nosotros propusimos con otros sectores proyectos de fondo como la reforma al sistema político y al financiamiento de campañas”, advirtió Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, en diálogo con EL NUEVO SIGLO.

En la agenda de trabajo quedó el compromiso del Gobierno de adelantar en el Congreso cuatro proyectos clave de la agenda anticorrupción.

1. Pliegos tipo

El proyecto de ley que permitirá que todos los municipios y departamentos tengan procesos de selección de obras públicas eficientes y eficaces está a solo un debate en la Cámara. La iniciativa busca que se acaben los ‘pliegos sastre’, es decir, condiciones hechas para los contratistas a la medida de uno solo que abre la puerta, muchas veces, a la corrupción.  

Según la ponencia de la iniciativa con esta ley se precisa “la capacidad de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente de expedir directamente los Documentos Tipo y sean estos un referente obligatorio para las sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Así las cosas, el proyecto pretende garantizar que el contrato estatal pueda ser utilizado racionalmente como instrumento de ejecución de los recursos públicos, para garantizar el cumplimiento de los fines del Estado y la satisfacción de las necesidades de la comunidad y no como un mecanismo para dirigir contratos a proponentes no calificados”.

Por ahora, el proyecto ha tenido un trámite sin complicaciones y ya solo queda que la plenaria de la Cámara dé su visto bueno. La ponencia está firmada por cuatro de los seis congresistas entre los que están: Juan Carlos Rivera (Partido Conservador), Julián Peinado (Partido Liberal), Jorge Eliecer Tamayo (La U) e Inti Asprilla (Alianza Verde).

2. Corruptos sin casa por cárcel

Este proyecto de ley está a un debate de ser aprobado por el Senado. Fue ‘resucitado’ luego que hubiera sido hundido el año pasado. La iniciativa elimina la casa por cárcel y otras formas de reclusión especial para quienes se roban el erario público.

Tras la aprobación en la Comisión Primera del Senado, la ministra Gutiérrez sostuvo que la iniciativa también contempla una serie de inhabilidades para los representantes de las empresas que incurran en hechos de corrupción.

“Este proyecto extiende inhabilidades a las personas naturales responsables de las personas jurídicas que cometen actos de corrupción. También elimina el beneficio de la casa por cárcel para los condenados por apropiación de recursos públicos y limita los beneficios en general para esos delitos, luego que las personas han sido condenadas”, dijo.

La vicepresidenta Ramírez en el lanzamiento de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA) sostuvo que más de la mitad de los condenados por corrupción están gozando de casa por cárcel.

“Es inaceptable que haya casa por cárcel para los corruptos y es inaceptable que no se inicien procesos de extinción de dominio de inmediato para aquellas personas que están condenadas por corrupción”, dijo. Según la funcionaria a corte de mayo de 2019, en Colombia hay un total de 4.417 personas condenadas por hechos de corrupción, de las cuales 2.239 pagan la pena en casa por cárcel.

3. Reforma al procedimiento penal

El proyecto tendrá que ser discutido en comisiones primeras conjuntas, es decir Cámara y Senado. El proyecto de ley tiene como objetivo fortalecer el marco normativo e institucional con el que dispone el Estado para luchar contra la corrupción.

La iniciativa propone tres bloques de reformas: medidas administrativas asociadas a las inhabilidades para contratar, la contratación directa y la bancarización de ciertas operaciones que involucran recursos públicos; medidas de derecho penal sustantivo, tanto general como especial, que, de un lado, hacen más estricto el régimen de cumplimiento de las sanciones penales impuestas a personas responsables de conductas punibles de corrupción, y, de otro, modifican y actualizan el catálogo de tipos penales disponibles en el código penal para enfrentar las diversas manifestaciones de este fenómeno criminal; y reformas procesales para fortalecer la investigación y judicialización de la corrupción.

4. Ley Pedro Pascasio Martínez

El proyecto de ley presentado por la vicepresidenta Ramírez aún no ha sido debatido ni la primera vez. Sin embargo, este tiene por objeto dictar disposiciones tendientes a promover la transparencia y establecer medidas para lograr mayor efectividad y articulación del Estado en la lucha contra la corrupción, con el fin de asegurar una mayor integridad y recuperar la confianza ciudadana.

Uno de los aportes más significativos de la iniciativa es que incentiva la delación y protección de los denunciantes en casos de corrupción. Según la exposición de motivos del proyecto, lo que se busca es “introducir disposiciones que permitan promover y facilitar la denuncia de conductas de corrupción, así como ofrecer protección a los denunciantes, no solo como parte esencial del cumplimiento de compromisos internacionales, sino como una clara apuesta por fortalecer la institucionalidad en favor de la transparencia”. Igualmente, el proyecto ofrece recompensas a los denunciantes, obliga a que las personas jurídicas informen al estado sobre sus sedes, actividades y beneficiarios finales y crea el Sistema General de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.