El Gobierno radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley Ordinaria que reglamenta la Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia, donde promueve instituciones y mecanismos de justicia ágiles y de fácil acceso para las poblaciones rurales en los que se puedan tramitar conflictos agrarios.
Según fue consignado en la iniciativa, la Ley Ordinaria tiene como objetivo determinar las competencias de los jueces agrarios y el tipo de conflictos que resolverán, como aquellos por la posesión y tenencia de la tierra, por servidumbres agrarias, por deslinde y amojonamiento de predios agrarios y los que surjan de las actividades de producción agrarias, entre otros. Además, el proyecto establece las reglas especiales para que los procedimientos judiciales sean expeditos y garantistas.
La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, aseguró que “esta apuesta de la justicia agraria es la más profunda apuesta por la paz. Es la apuesta que nos va a permitir decir que tenemos reglas claras, procedimientos claros, y un funcionario de la rama Judicial del Poder Público autónomo, independiente, y elegido por mérito, al servicio de la solución de los conflictos agrarios, para que propietarios, ocupantes y poseedores se sientan tranquilos”.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sostuvo que se celebró la radicación del proyecto que busca crear jurisdicción especializada para resolver de manera más efectiva los problemas agrarios en las regiones, contribuyendo así a la paz y la reconciliación del país.
Reacciones:
El represéntate a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz, señaló que “es un avance para garantizar la justicia en el campo y fortalecer los derechos de quienes trabajan la tierra”.
Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático cuestionó el proyecto: “El Gobierno pretende legalizar la invasión de tierras a través del principio de permanencia agraria. Basta con que los invasores tengan alguna actividad productiva en el predio, como una cosecha pequeña, para que nadie, ni siquiera los jueces, los puedan desalojar”.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, indicó que “es absolutamente claro en que la expropiación agraria, regulada en el artículo 32 y 33 de la ley 160 de 1994 es competencia de los tribunales agrarios en primera instancia”