Después de que el pasado jueves no se realizará la moción de censura que programó la oposición en el Senado contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, un grupo compuesto por 18 senadores radicaron una nueva moción de censura contra el funcionario del Gobierno.
En este nuevo documento, el cual debe ser agendado por parte de la mesa directiva de la corporación, los congresistas firmantes mencionan ocho argumentos con los que insisten que las decisiones de Trujillo, en materia de políticas públicas en la cartera que dirige, demuestran que no debe seguir en ese cargo.
Dentro de estos argumentos, los ponentes mencionan hechos de violencia que se han ido presentado durante este año como un total de 94 masacres que han cobrado la vida de 306 víctimas, según cifras de la Fiscalía y el asesinato de 223 líderes sociales y 82 miembros de comunidades indígenas.
De igual manera, señalaron que Trujillo “ocultó” la verdad a los hechos denunciados por congresistas en el debate de control político celebrado el pasado 22 de octubre, en lo que resaltó la cantidad de menores de edad muertos por “balas oficiales”.
Para los congresistas, lo anterior implica “total pérdida de confianza en este importante funcionario del Gobierno Nacional" y además, insistieron en que el Ministro de Defensa "ha incumplido la ejecución de sus funciones y deberes constitucionales y legales".
En ese sentido, dijeron que este incumplimiento ha generado "la comisión de una serie de hechos victimizantes en contra de diferentes grupos poblacionales, algunos de estos especialmente vulnerables, así como la existencia permanente de potenciales riesgos en relación con los derechos y libertades de los colombianos".
Además, en el documento radicado, los congresistas aseguraron que las fuerzas armadas “están politizadas”, algo que consideran es evidente y que representa un abuso por parte de Trujillo, a quien señalaron de estar haciendo campaña presidencial anticipada, lo cual consideran una razón suficiente para separarlo del cargo.
Finalmente, los firmantes reiteraron que en su concepto, el funcionario del gabinete de Duque no está garantizando la protección de los derechos a la vida y a la integridad de los ciudadanos, y tampoco está buscando implementar la paz, ni defender a la población en los territorios azotados por la violencia.