Si Colombia quiere conservar la estabilidad en las calificadoras de deuda soberana, la próxima administración debe mantener políticas macroeconómicas prudentes. Así lo considera la firma Moody’s al realizar un análisis sobre las perspectivas del país ante las elecciones que se realizarán el próximo 19 de junio.

Las tensiones sociales en Colombia han ido en aumento en los últimos años, en medio de la insatisfacción por los altos niveles de desigualdad de ingresos y pobreza, más aún en el contexto de la pandemia de covid-19.

Estas tensiones han empeorado a pesar del crecimiento económico de las últimas dos décadas y el aumento de la clase media. Las expectativas socioeconómicas insatisfechas, particularmente relacionadas con la incapacidad percibida del Estado para abordarlas, también han contribuido al descontento con la clase política tradicional. Como ha sido el caso en otros países de América Latina y otras partes del mundo, los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia han favorecido a los candidatos que proponen cambios significativos en el sistema económico y político. Independientemente de quién gane la segunda vuelta, Moody’s espera que la administración entrante, junto con la nueva legislatura, aborde la desigualdad de ingresos mediante la expansión de las transferencias a los marginales.

Gasto público

Estos esfuerzos de política podrían tener efectos positivos para el crédito soberano a largo plazo si ayudan a disminuir el riesgo social y conducen a un crecimiento más inclusivo. Por el contrario, si el aumento del gasto público no se financia a través de fuentes de ingresos permanentes o un menor gasto en otras categorías, la fortaleza fiscal podría deteriorarse como resultado de mayores déficits y una mayor carga de deuda.

Petro ha propuesto políticas que podrían pesar sobre el sentimiento de los inversores, incluida la alteración del mandato del banco central y la composición de su junta, el cambio del pilar privado (cuentas de ahorro individuales) del sistema de pensiones, la imposición de aranceles de importación y la renegociación del acuerdo de libre comercio del país con los Estados Unidos.

Su propuesta de acelerar la descarbonización también podría tener efectos significativos en el sector petrolero al no adjudicar nuevos contratos de exploración. La plena implementación de las propuestas de política de Petro podría cambiar significativamente el modelo económico de Colombia.

Sin embargo, dado que la coalición Pacto Histórico de Petro no tiene mayorías en ninguna de las cámaras legislativas, es poco probable que su agenda pase como se concibe actualmente.

Si es elegido, probablemente tendría que moderar sus posiciones para obtener el apoyo legislativo de la centroizquierda y el centro; de lo contrario, su gobierno enfrentaría importantes desafíos de gobernanza.

Desigualdad

Hernández no tiene una agenda ideológica definida, pero ha declarado que también buscaría abordar la desigualdad social. Sus propuestas incluyen el desarrollo de un ingreso básico universal para reemplazar la mayoría de los planes de bienestar social, y la reducción de la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) del 19% al 10%. Hernández ha propuesto un enfoque más gradual en términos de la transición a una economía verde pero, al igual que Petro, se opone al fracking.

Desde el punto de vista de la fortaleza fiscal, una posible administración de Hernández parece más propensa a adherirse a las metas de la nueva regla fiscal esbozadas en la reforma fiscal de 2021.

Considera Moody’s que Hernández ha declarado que su gobierno sería austero y buscaría reducir el gasto disminuyendo el tamaño de la fuerza laboral del Ejecutivo. Una reducción en la tasa del IVA, como ha propuesto, sería un crédito negativo porque este impuesto representa más de una cuarta parte de los ingresos del gobierno.

Sin embargo, tal propuesta probablemente no tendría suficiente apoyo legislativo. Aunque su flexibilidad ideológica podría permitirle desarrollar una coalición de centro y centroderecha, puede tener dificultades para desarrollar una coalición viable dado que su partido no tiene una delegación legislativa significativa.

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Controles

Sostiene la calificadora en su análisis que “esperamos que los poderes Legislativo y Judicial de Colombia proporcionen controles y equilibrios al poder presidencial, lo que probablemente evitará cualquier cambio radical en la política. Como lo indican los resultados fragmentados de las elecciones legislativas de marzo, el próximo presidente tendrá que formar alianzas en el Congreso para aprobar la legislación. Mientras tanto, la Corte Constitucional de Colombia ha sido históricamente muy activa en la derogación de leyes consideradas inconstitucionales. Además, no hay pruebas sólidas de demandas sociales o políticas para una reforma constitucional, como en otros países de la región”.

Independencia monetaria

Asimismo, la firma indica que, en el frente monetario, “esperamos que el banco central mantenga su independencia y continúe actuando de manera consistente con su mandato de metas de inflación”.

Señalan que, en el frente fiscal, “esperamos que el proceso de consolidación continúe en los próximos años de acuerdo con las directrices incorporadas en el marco revisado de la regla fiscal” para contribuir a apoyar la sostenibilidad en esta materia. “La adición de techos de deuda y déficit, como parte de la reforma fiscal de 2021, también impondrá una mayor restricción a la formulación de políticas que el marco anterior, que se centró únicamente en el equilibrio estructural”.

Sostiene Moody’s que “esto es clave porque incluso en un escenario en el que una nueva administración busca aumentar el gasto social (por ejemplo, extendiendo el esquema de ingresos solidarios más allá de 2022) para cumplir con la nueva regla fiscal, el gobierno tendría que encontrar nuevas fuentes de ingresos o cambiar los límites de la regla. Sin una mayoría en el Congreso, esto último es poco probable y limitaría las desviaciones negativas de nuestras proyecciones de referencia para la deuda de Colombia”.

Aseguran los analistas que “bajo un gobierno de Petro, existe el riesgo de que el sentimiento del mercado hacia Colombia continúe deteriorándose como lo hizo durante el año pasado”.

Reflejos de la incertidumbre

La calificadora Moody’s sostiene que “a pesar de una sólida recuperación económica de la pandemia, con un crecimiento del PIB del 10,7% en 2021, el repunte de la formación bruta de capital fijo se ha quedado rezagado con respecto al consumo de los hogares, en parte como reflejo de la incertidumbre relacionada con las elecciones”.

Advierten que “si las políticas de la próxima administración pesan sobre la confianza de los inversionistas, esto podría resultar en una inversión permanentemente menor en el país y, por lo tanto, en un menor crecimiento potencial del PIB”.

Sostiene la firma que “con respecto a ambos candidatos, también existe el riesgo de un mayor debilitamiento del marco institucional, lo que, de materializarse, podría conducir a un deslizamiento fiscal y, lo que es más importante, a unas perspectivas de crecimiento a mediano plazo materialmente más bajas”.

“Sin embargo, vemos esto como un escenario poco probable porque ninguno de los candidatos tiene las mayorías legislativas necesarias para alterar drásticamente la configuración institucional”.