Es necesario pensar en adelantar una reforma integral a la normatividad que rige la gobernabilidad local, consideró Gilberto Toro, director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios.

Añadió que existe una serie de normas que maniatan a los alcaldes sin permitir resolver de una manera más eficiente los problemas de sus comunidades. 

EL NUEVO SIGLO: ¿Además de la reelección inmediata de alcaldes, qué otra reforma legislativa estaría dispuesto Fedemunicipios a apoyar en este momento?

GILBERTO TORO: Nosotros lo que estamos proponiendo es una reforma integral a toda la normatividad que rige la gobernabilidad local, desde las normas disciplinarias, pasando por el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, la contratación pública, revisión del Sistema General de Regalías y también del Sistema General de Participaciones, que creo ya va a llegar el momento en que  tenga también que ser revisado.

ENS: También han pedido reformar la Ley de Garantías porque frena la contratación…

GT: Creo que este es el momento para que el país empiece a tomar conciencia de que la mayoría de las normas que se han aprobado en Colombia, como la Ley de Garantías, el Código Único Disciplinario, la Ley de Contratación, el Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades son normas que se han hecho sobre la base de que todo el mundo es corrupto, y entonces hay que controlar a los corruptos, y para eso se crean esas normas que prácticamente paralizan la administración pública. Si no creemos en la democracia, pues acabemos con la democracia, pero a través de normas que maniatan a los funcionarios públicos, que les meten miedo, que los paralizan, no vamos a lograr que los recursos puedan llegar de una manera eficiente a resolver los problemas que tienen las comunidades.

ENS: ¿Cuál es el balance por los dos años de los actuales alcaldes?

GT: Han sido dos años muy difíciles porque en el primero prácticamente los alcaldes y alcaldesas no pudieron adelantar nada en materia de sus planes de desarrollo porque recursos tan importantes como las regalías solo a mitad del año pasado empezaron a fluir y, obviamente, con la expectativa que se había creado en el país de que los alcaldes actuales iban a manejar recursos nunca vistos en los municipios, pues el costo político ha sido muy alto para ellos.

Pero esperamos que estos dos años que vienen puedan ser de plena ejecución y que puedan dejar una huella bien importante de su paso por la alcaldía, aunque insistiremos y esperamos que el compromiso del presidente Santos se concrete en materia de ampliación del periodo a seis años o de reelección inmediata para que quienes definitivamente no van a gobernar sino dos años, puedan tener la posibilidad de cumplirle a su comunidad a través de una de estas reformas constitucionales. 

ENS: ¿Qué opinión tiene sobre la polémica a raíz de las facultades al Procurador que le permiten destituir a funcionarios elegidos por voto popular?

GT: A nosotros lo que nos preocupa es que se han destituido 75 alcaldes en Colombia, y pareciera que el único es el de Bogotá porque fue frente a ese Alcalde que mucha gente reaccionó. Nosotros creemos que el problema no está en la Procuraduría sino en las normas constitucionales y legales que les han dado tanto poder a los organismos de control. Los organismos de control ejercen sus funciones con base en una normatividad que les permite interpretar y aplicar las normas como lo están haciendo, y eso es lo que está generando, pues realmente, unas dificultades muy grandes en la gobernabilidad.

Creo que de todas maneras, lo bueno que ha pasado es que por fin quienes incluso habían estado en el Congreso y le habían aprobado normas de esas con mucho entusiasmo, hoy se están dando cuenta que hay que reformarlas.

Creo que aquí hay que flexibilizar esas normas y por lo tanto quitarle ese sustento jurídico sobre el que están tomando las decisiones los organismos de control. 

Salud

El Congreso ha sido blanco de críticas por la demora en el trámite de la reforma ordinaria a la salud, frente a lo cual Toro dijo que “quisiéramos es que no fuera una reforma más, que no es cambiemos para que todo siga igual sino realmente la posibilidad de que los colombianos, los más pobres, puedan acceder de una manera ágil, eficiente, con calidad a los servicios de salud”.