La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) consideró que las recomendaciones que por unanimidad adoptó el Gobierno nacional, en la instancia del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios, y de Comercio Exterior (Comité Triple A), respecto a la reducción arancelaria para la importación de barras y alambrón de acero usado en la construcción de edificaciones, son procedentes y coherentes con la reactivación económica.
Según la Cámara también lo son la generación de empleo, la construcción de la vivienda social de los hogares colombianos y los proyectos de infraestructura urbana y equipamientos sociales que se llevan a cabo para proveer los servicios sociales del Estado.
El Comité Triple A por unanimidad recomendó la reducción arancelaria del 10% al 5% por el término de seis meses con prórroga automática de seis más, previa revisión de la misma instancia.
Sobre el particular, la presidenta ejecutiva de Camacol, Sandra Forero Ramírez, afirmó que “esta recomendación, y su pronta puesta en marcha, es fundamental para el proceso de reactivación económica del país, la generación de empleo y la sostenibilidad de los proyectos de vivienda de los colombianos, y además, atiende al interés general, de los más de 4 millones de trabajadores del sector de la construcción, los 400 mil colombianos que se benefician de la vivienda social anualmente, y de un tejido empresarial que representa la mitad del aparato productivo del país en sector que genera inversiones equivalentes a 8 puntos porcentuales del PIB anualmente”.
Sin embargo, en la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) hay preocupación por la decisión tomada por el Comité Triple A. Para el gremio esta medida equivale a una concesión unilateral de beneficios para países como China sin que Colombia obtenga nada a cambio.
“Se está castigando a una industria que durante la pandemia no solo mantuvo el 100% de sus empleos, sino que además realizó inversiones en pro del desarrollo social de diferentes regiones del país. Además, la industria se ha recuperado teniendo un aumento de la producción nacional del 48% en lo corrido del año y un incremento de las importaciones del 91 %. Sin el acero colombiano, no habría sido posible que el sector de la construcción haya presentado un aumento del 51% en las iniciaciones de vivienda”, afirmó María Juliana Ospina, directora del Comité de Productores de Acero de ANDI.
Además, considera el gremio que esta decisión es un antecedente perjudicial para la inversión privada y el crecimiento económico del país, ya que sin duda genera desconfianza en actuales y potenciales inversionistas que no ven estabilidad en las condiciones de juego existentes en el mercado colombiano. “Seguiremos muy de cerca las consecuencias de esta decisión para medir el impacto negativo que tendrá en el mediano y largo plazo, tanto en la industria como en la generación de empleo del país”, concluyó Ospina.