La política es como la superficie de un cuerpo de agua: cualquier movimiento que se haga produce ondas en distintas direcciones. De allí que cuando los líderes y dirigentes se ven involucrados en procesos de responsabilidad fiscal, disciplinarios o penales, hay una serie de repercusiones electorales, partidistas y ante la opinión pública a corto, mediano y largo plazos.
Esa premisa debe tenerse en cuenta luego de que ayer la Contraloría General les imputó responsabilidad fiscal por la suma de $4,1 billones a 28 funcionarios y contratistas que habrían afectado la operación del proyecto Hidroituango, en Antioquia, como consecuencia de una larga cadena de errores que se dio desde su planeación y diseño, hasta su ejecución y control.
Ese billonario valor resulta de un lucro cesante calculado en $1,1 billones y una pérdida del valor del proyecto por un monto superior a los $2,9 billones.
Entre los 28 imputados figuran 10 miembros de la junta directiva de Hidroituango, dos gerentes de Empresas Públicas de Medellín (EPM), dos gerentes de Hidroituango, un gerente de la filial EPM-Ituango, dos exalcaldes de Medellín y dos exgobernadores de Antioquia. El resto son contratistas.
Este es apenas el comienzo de un proceso en que los implicados podrán controvertir las pruebas recaudadas por la Contraloría. Más allá de ello, es claro que el foco de la opinión pública estará centrado en los exalcaldes y exgobernadores porque, de ser encontrados responsables, se harán acreedores a una inhabilidad para ejercer cargos públicos hasta tanto paguen el monto de la sanción que les apliquen. Y eso sin tener en cuenta que algunas de las conductas que se les endilgan podrían llegar a tener consecuencias disciplinarias o penales también.
Los exgobernadores son Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos, y los exalcaldes Aníbal Gaviria y Alonso Salazar, todos cuales integraron durante sus respectivos periodos la Junta Directiva de EPM, por lo que son señalados de acciones y omisiones en torno al proyecto, pero sobre todo de omisión al deber de tutela.
Respuestas
Ramos sostuvo ayer mismo en un comunicado que “siempre he estado listo a responder, con total claridad y transparencia, los requerimientos de la Contraloría”, precisando que “nunca fui miembro de la Junta Directiva de esa sociedad ni participé en las decisiones de planeación y ejecución de la obra”.
Por su parte Gaviria, actual gobernador de Antioquia, anotó que “la decisión tomada por la Contraloría no es definitiva, es una imputación que marca el ámbito en el que se desenvuelve la investigación derivada de la contingencia. Ante la propia Contraloría General entregaré las pruebas, documentos y explicaciones pertinentes, con la certeza de que demostrarán la transparencia de mis actuaciones y con la tranquilidad de que la verdad siempre se impone”.
Sobre el anunció de la Contraloría, al cierre de esta edición no se había pronunciado Salazar, aunque ya en septiembre había trinado que “conocer lo sucedido en el proyecto Hidroituango es un derecho de la ciudadanía. He respondido y responderé por las decisiones tomadas”.
En cuanto a Fajardo, tras indicar que “la Contraloría está haciendo lo que tiene que hacer, investigar”, subrayó que “me vincula a la investigación para explicar el control y seguimiento realizado a las personas que delegué ante la junta directiva de Hidroeléctrica Ituango durante mi administración”.
Agregó que “he participado en la vida pública defendiendo que la transparencia debería ser la base de una transformación política. No sobra mencionar que este es el inicio de una investigación formal de índole administrativa y no una condena. Vivo bajo la convicción de que la verdad y la decencia salen adelante, aunque a veces se demoren”.
¿Coletazos?
Desde el punto de vista político, a quien más afecta esta situación es a Fajardo, quien se perfila nuevamente como candidato presidencial, luego de haber quedado tercero (con una muy alta votación) en la primera vuelta de 2018. Incluso encabeza ya algunas encuestas.
Como lo ha publicado EL NUEVO SIGLO, Fajardo tras haberse acercado a la izquierda en 2018, cuando con su movimiento Compromiso Ciudadano integró la Coalición Colombia con la Alianza Verde y el Polo Democrático, ha procurado situarse más al centro del espectro por cuenta de su negativa a cualquier alianza con el senador Gustavo Petro, de Colombia Humana, también excandidato y aspirante para 2022.
Esto ha llevado a que desde el petrismo le lluevan continuamente a Fajardo fuertes diatribas, solo comparables con las que le dedican desde el otro lado, el uribismo, que lo acusa de ser candidato del expresidente Juan Manuel Santos.
En este contexto, respecto del anuncio de la Contraloría, hay que decir que en política se suele ser suave con los aliados e implacable con los contradictores. De manera que la noticia de la imputación a Fajardo provocó reacciones y silencios elocuentes ayer.
Por ejemplo, su comunicado fue retuiteado por el senador Iván Marulanda y el copresidente de la Alianza Verde, Antonio Navarro, pero cuestionado duramente por el petrismo.
De un lado, para la representante por Bogotá, Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, “Gobierno y partidos tradicionales montaron a un Contralor que quiere sacar del camino a Fajardo. Petro se los celebra. Aquí no hay condena de responsabilidad fiscal. Es la imputación de cargos por decisión administrativa. Defenderemos debido proceso. Al centro no lo acaban así”.
De inmediato Petro le respondió a Goebertus que “los hechos de Hidroituango son protuberantes. Los directivos para acelerar la terminación hicieron túneles sin compuertas en lugar de sancionar a los contratistas incumplidos. Por eso casi se pierden centenares de vidas humanas y se perdieron billones. Usted lo intenta ocultar”.
Más temprano, la representante por Bogotá, María José Pizarro, de la Lista de la Decencia, también apuntó a Fajardo. La parlamentaria consideró que “se cae la máscara del profesor incorruptible. Los antioqueños y los colombianos deben conocer la verdad y ojalá, se haga justicia por el bien del país”.
En cambio, el uribismo (que sí divulgó el comunicado de Ramos) guardaba silencio al cierre de esta edición, entre otras cosas porque cualquier reproche a Fajardo implicaría darle hasta cierto punto la razón al actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero, bajo cuya gestión ha sido relevada la totalidad de la Junta Directiva de EPM, precisamente a causa del caso Hidroituango, que es uno de los puntos que pesan en el proceso de revocatoria del mandato que se sigue contra el inquilino de La Alpujarra, y en el que el Centro Democrático es uno de los impulsores.
De otra parte, la exmagistrada Adelina Covo llamó la atención sobre que Fajardo “puede aspirar a la Presidencia porque no ha sido condenado por un juez, pero será la pregunta obligada en cada entrevista, será ‘el tema’ de la campaña. Son $4,7 billones. Si no brinda explicaciones muy convincentes, la tendrá muy cuesta arriba”.
Por lo pronto, el gobernador Gaviria (que también tiene pendiente un proceso en la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema) queda a la espera de lo que pase, pero si resulta responsable la inhabilidad podría llevarlo a una suspensión indefinida, que implica, en la práctica, una vacante definitiva. El antecedente es Héctor Fabio Useche, elegido gobernador del Valle del Cauca en 2011, pero suspendido en marzo siguiente porque la Contraloría lo declaró responsable de un detrimento patrimonial de más de $40.000 millones cuando se desempeñó como Secretario de Salud; como no pudo pagar, quedó inhabilitado y se convocaron elecciones para su remplazo.
En cuanto a Ramos, como se sabe está a la espera de que la Corte Suprema falle en el proceso que se le abrió en 2013 por parapolítica.