La Cámara aprobó en sexto debate el proyecto sobre control fiscal, que según el Gobierno le da más dientes a la entidad. Pero a la iniciativa le han llovido críticas, primero de los gremios y ahora de sectores de oposición

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La reforma constitucional que le da más recursos a la Contraloría, que le entrega nuevas funciones y que además permite el control previo del organismo, levantó ampolla en la discusión de su sexto debate.

Luego de la aprobación de la Cámara de Representantes la discusión ahora pasa al Senado de la República, que tendrá la última palabra.

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La disputa comenzó con la intervención de la representante por Bogotá, Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, quien señaló que esta iniciativa no llegaba al corazón de la corrupción en los recursos públicos de Colombia.

“Este proyecto no hace las verdaderas reformas estructurales que necesitaría el control fiscal. La gran corrupción del ‘tú me elijes yo te controlo’ queda completamente intacta. Además, negaron las proposiciones para que haya concurso de méritos para la elección de los contralores municipales y departamentales”, sentenció.

Según la legisladora, en el proyecto se incluyen unas facultades supremamente amplias para el Presidente de la República que se suman a las del Plan Nacional de Desarrollo y que generan una burocracia inmensa de una Contraloría en Bogotá, “pero no fortalece los cargos administrativos a nivel local. Esto sin contar que estos cargos de altísimo nivel que se crean están relacionados con un intercambio político en una época electoral”.

Además, afirmó que el aumento del presupuesto sería “ocho veces el presupuesto de la Procuraduría y 10 veces el presupuesto de la Agencia de Renovación. Con ese dinero podríamos pagar las transferencias de cuatro universidades públicas y por supuesto nos preocupa el control concomitante, que no acepta que no sea vinculante con lo que nos devolvemos al control previo creado antes de la Constitución del 91 y que generaba relaciones perversas entre contralores y mandatarios locales”.

Herramientas anticorrupción

Sin embargo, el representante por el Meta, Alejandro Vega, del Partido Liberal, ponente del proyecto en la Cámara, sostuvo que esta iniciativa se ha sometido al control y análisis de cada una de las bancadas.

“Toda la legislatura pasada trabajamos enriqueciendo esta nueva arquitectura para dotar al país de control fiscal eficiente y oportuno. Tengan ustedes la confianza y la certeza que hoy entregamos al país un proyecto que le va a dar a la Contraloría las herramientas necesarias para atacar la corrupción”, expresó.

El legislador insistió en que el control previo “no significa un retorno al pasado. Se trata de un control en tiempo real. Lo que queremos es que cuando se inviertan mal los recursos las contralorías lleguen a evitar que se consuman los daños. En tiempo real. No estamos volviendo al pasado estamos dando un paso al futuro con control fiscal eficiente y oportuno para garantizarle al país un verdadero control”.

Vega sostuvo que el proyecto además unifica la competencia de las contralorías departamentales y municipales con la Contraloría General: “Cada una de ellas puede coexistir sin generar una hipertrofia burocrática, pero unificando el control garantizamos que todos los sistemas funcionen de manera armónica. Además la contraloría no tendrá funciones jurisdiccionales, por el contrario la rama estuvo de acuerdo en que generáramos una garantía para que los procesos que revisaran la juricidad de los actos del ente de control tuvieran términos perentorios y especiales que no superaran un año, lo que implica que cuando se acusen los fallos de la de ilegalidad, la jurisdicción tenga un año para generar efectos de cosa juzgada lo que garantiza que los fallos de responsabilidad fiscal no sean indeterminados en el tiempo sino que los recursos se busquen de los responsables fiscalmente”.

El representante Vega también habló del presupuesto. Según dijo, el dinero será desembolsado en tres vigencias adicionales “lo que equipara los presupuestos de la Contraloría con la Procuraduría. Esto fortalece tecnológicamente y humanamente la labor de la entidad respetando los méritos y la carrera administrativa”.

“No es un fortín político”

A su turno, el representante por Bogotá, Gabriel Santos, del Centro Democrático, afirmó que “hoy el 0,4% de los hallazgos fiscales se convierten en plata retornada. Hemos convertido a la Contraloría a en una entidad que cuenta a los colombianos cómo en el sector público se despilfarra el dinero sin una capacidad material en el recobro o evitando de manera efectiva una malversación”.

Además, se refirió a los cargos. Aseguró que “de los cerca de 1.670 cargos que se crean para la Contraloría, 10% son de libre nombramiento y el 90% de cargos son para funcionarios de carrera. Esto no es un fortín político. El mundo para el que se contempló el control fiscal ha cambiado y otras entidades han modernizado sus herramientas, la contraloría necesita recursos para hacer las investigaciones. No debe haber un asomo de duda que los cargos son para la carrera administrativa”.

El contralor general Carlos Felipe Córdoba les agradeció a las bancadas por el apoyo y sostuvo que “la Contraloría no puede seguir caminando por la escalera mientras los bandidos van por ascensor. No voy a dejar que confundan al país, tengo que decir que una cosa es el control previo antes de 1991 y otra cosa es el control preventivo que hoy hacemos. No hagan dar miedo a los funcionarios, aquí somos serios”.

Peros gremiales

Sin embargo, los gremios ya se habían referido al tema. Según Sergio Clavijo, presidente de la ANIF (Asociación Nacional de Instituciones Financieras), “en Colombia se busca expandir la nómina” de la Contraloría General, “ya con más de 4.000 funcionarios” y, “eventualmente, la de la Procuraduría, organismo sui-generis a nivel global con cerca de 4.200 funcionarios”. Además, advirtió que el control previo de la entidad serviría para paralizar las obras públicas del país.

A su turno Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda (Federación de Aseguradores Colombianos), sostuvo que el proyecto “puede afectar la independencia y objetividad del control fiscal. Vale la pena explorar en una fórmula que module este riesgo. Por ejemplo, que el Contralor sea elegido a mitad del periodo presidencial”.

El proyecto estará en la agenda de la Comisión Primera del Senado la próxima semana.