Tras el  debate en el Congreso sobre la posible venta de la Electrificadora del Meta S.A E.S.P (EMSA), quedó sobre el tapete la posibilidad de que otros activos de esta naturaleza, pertenecientes al Estado, estén también en lista para su traspaso al sector privado.

Desde hace un tiempo la senadora Maritza Martínez, hoy primera vicepresidenta de la Corporación, había advertido que el Ministerio de Minas y Energía transfirió, a título gratuito, la totalidad de las acciones que tenía de la EMSA, valoradas en poco más de $152 mil millones, al Ministerio de Hacienda. Esto en conjunto con la transferencia a igual título de otras seis electrificadoras.

La congresista mostró preocupación porque Minhacienda suscribió un contrato de consultoría con el propósito de analizar, diseñar, elaborar y, de ser procedente, implementar el plan o programa de enajenación de la participación accionaria de la Nación en las empresas del sector de energía, las mismas que había recibido poco tiempo antes.

Ante esas circunstancias, los ministros de Hacienda y de Minas fueron citados esta semana a la Comisión Quinta del Senado para que le explicaran al país las motivaciones detrás de esta transferencia de acciones entre ministerios y de los contratos de consultoría, entre otros aspectos.

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El debate

Durante la sesión mixta, Martínez, que pertenece a La U, recordó que la electrificadora del Meta opera en 23 municipios, genera empleo regional y tiene más de 355 mil usuarios, de los cuales el 87,3% son residenciales, y a mayo de 2021 reportó utilidades del 13%.

Asimismo, la senadora explicó que la Electrificadora del Meta no es una empresa que genere carga al Estado, al contrario, tiene una evolución creciente. “Entendemos las necesidades fiscales del Gobierno, pero siempre deben estar regidas por la planeación, el bien común y la transparencia. La privatización de las electrificadoras del país es inconveniente para los intereses de los territorios”, dijo.

Finalmente, precisó que “los privados son muy importantes en el país, pero no queremos que nos manejen el servicio de energía en el departamento”.

La congresista recibió el apoyo de Arnulfo Mendoza León, presidente del sindicato de la electrificadora, quien afirmó que “al privatizarse la empresa se dejarían de recibir importantes recursos provenientes de utilidades, las cuales se dejarán de invertir en la región y serían asumidas por el inversionista para trasladarlas a su casa matriz u otros proyectos. EMSA es una empresa sólida, que ha logrado garantizar el servicio de manera eficiente en los diferentes sectores, con importantes inversiones en mejorar del servicio”.

Senadores de distintos departamentos se unieron a lo afirmado por la parlamentaria del Meta.

Por ejemplo, el senador nariñense Guillermo García Realpe, del Partido Liberal, expresó que “al igual que la senadora Martínez, en las regiones nosotros valoramos mucho nuestro patrimonio en las electrificadoras, por su tema accionario. No debemos olvidar las inversiones en fortalecimiento y modernización, así como en desarrollo de infraestructura, que también obedecen a inversiones de nuestros municipios y departamentos. Por supuesto, hay muchas deudas, (pero) no vendamos las gallinitas de los huevos de oro de las regiones, que es de lo poco que nos queda”.

A su turno, el senador José David Name, de La U, manifestó que vender las empresas de servicios públicos del Estado no resuelve los problemas. “A nosotros nos dijeron en el gobierno de Ernesto Samper que la prestación del servicio de energía en la Costa iba a mejorar y han pasado nueve prestadores y no se ha solucionado. Si están mandando a hacer un avalúo es porque quieren vender (las electrificadoras)”.

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¿Qué dice el Gobierno?

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ofreció explicaciones sobre el caso del Meta.

“Se abren caminos de optimización frente a los desafíos sociales que atraviesa el país. En los planes de enajenación es preciso generar acciones para mejorar los beneficios de esos activos, y generar el mayor retorno, sin que a la fecha se haya tomado decisión alguna con relación a la enajenación de la Electrificadora del Meta”, dijo el alto funcionario.

En la Comisión Quinta también habló el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, quien sostuvo que “la empresa ya ha ejecutado cerca de $11 mil millones del Fondo de Apoyo a la Electrificadora Rural, con lo que 330 familias se han conectado. No solo en el Meta sino en otros departamentos se ha hecho una contratación de $70 mil millones, que han beneficiado a unas 3.600 familias, las cuales dependen de estos contratos”.

El jefe de esa cartera precisó que lo que se está haciendo no es una enajenación sino una optimización. “Seguimos participando activamente en las juntas directivas para procurar el avance de la interconexión eléctrica de todo el territorio nacional”, agregó.

La Nación cuenta con participaciones minoritarias en estas empresas del sector de energía eléctrica, sin superar el 49% de la propiedad accionaria. Por eso, ante la posible enajenación, la gran tajada de recursos vendría de la venta de las generadoras, transmisoras y distribuidoras de energía, ya que solo allí se concentra más del 70% de la participación estatal. Con esta operación podrían entrar a las arcas del Estado $6 billones.

Las otras

Una de las electrificadoras que se encuentra para posible venta es la del Huila, donde, al igual que en el Meta, muchos sectores se han mostrado en desacuerdo. Jaime Felipe Lozada, representante a la Cámara por este departamento, sostuvo que 30 municipios tienen  participación en esta empresa: “seguiremos dando la batalla para que Electrohuila siga siendo patrimonio de los huilenses”.

Otras de las electrificadoras que estarían en lista de posible enajenación son las de Nariño, Caquetá y Putumayo, así como la termoeléctrica Gecelca y la hidroeléctrica Urra 1, ambas ubicadas en Córdoba.

El recorrido que ha trazado el Gobierno con estas electrificadoras,  es muy similar al que se hizo para la venta de la Empresa de Energía de Boyacá en 2011.

Precisamente el senador de la Alianza Verde, Jorge Eduardo Londoño,  quien fue gobernador de ese departamento, recordó que “se nos decía que la decisión no estaba tomada cuando ya lo estaba. Son los privados los que se embolsillan ese dinero y son los ciudadanos los que debemos pagar esos emolumentos. Los privados no siempre son los más eficientes. Algo que es rentable lo vamos a vender y casi a pérdida. No es cierto que este servicio en manos de los privados va a mejorar”.