LA CUARTA y última legislatura, que se instaló el pasado 20 de julio, suma a la fecha varias iniciativas de ley y acto legislativo aprobadas que son clave en materia política, económica y social.

Sin embargo, así como algunos proyectos han salido adelante y otros avanzan a buen ritmo, hay algunos ‘reincidentes’ que siempre que se tratan en el Congreso generan polémica.

Una prueba de ello es que las iniciativas que buscaban prohibir el uso del glifosato, establecer una bonificación para el salario de los congresistas o limitar a tres los periodos en cargos de elección popular en cuerpos colegiados, ya se fueron a ‘pique’.

Aspersión con glifosato

Uno de los proyectos que naufragó esta semana es el que buscaba evitar el uso del glifosato para la fumigación aérea de los cultivos ilícitos.

En sesión mixta, la Comisión Quinta del Senado archivó la iniciativa que pretendía la prohibición del uso del herbicida y sus derivados en la implementación de la política nacional de drogas. Los autores alegaban que por esta vía se buscaba preservar el derecho a la salud de los colombianos y el cuidado del medio ambiente frente a los riesgos que representa la exposición a dicha sustancia.

Durante el debate se escucharon diferentes posturas de los senadores alrededor de las ponencias positivas y negativas sobre el uso del glifosato, un herbicida de amplio espectro no selectivo que es el más utilizado en la actualidad tanto en agricultura como en jardinería, pero que un estudio de una agencia de la Organización Mundial de Salud señaló como “probablemente cancerígeno”, en 2015.

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Para el senador Antonio Sanguino (Alianza Verde), principal autor de esta propuesta, este proyecto, además de ponerle freno a las intenciones del Gobierno de retornar a la aspersión con el glifosato para la lucha contra las drogas, priorizaba y ponía en el centro a los campesinos, considerados el eslabón más débil de la cadena.

Por su parte, el senador Carlos Felipe Mejía (Centro Democrático) indicó que el glifosato es una muy buena herramienta antidroga que ha demostrado la eficiencia en este flanco.

‘Curules’ atornilladas

De otro lado, el proyecto que buscaba evitar que concejales, diputados o congresistas se perpetuarán en sus cargos de elección popular, tampoco vio la luz. La idea era limitar a tres periodos la permanencia máxima en estos cuerpos colegiados.

Para el representante Gabriel Santos (Centro Democrático), quien fue coautor del proyecto, fue “una lástima, perdimos una vez más la oportunidad de asegurar la renovación del Congreso y otras corporaciones públicas, y de recuperar poco a poco su legitimidad”.

Indicó que por decisiones así es que el Congreso se mantiene aislado de las realidades nacionales. “Esto sigue hablando de la desconexión de un Congreso que no entiende lo que está pasando afuera. Es un clamor ciudadano donde se encuentran todas las personas de todas las ideologías”, agregó.

La congresista Juanita Goebertus (Alianza Verde) también mostró su molestia. “Lamento muchísimo la decisión de la comisión de hundir el proyecto que ponía un límite de tres periodos a las personas que son de cargos de elección popular en corporaciones como el Senado, la Cámara y los concejos, para que no se atornillaran en el poder y, máximo, pudieran estar allí por 12 años, que ya de por sí es un periodo muy largo”, señaló.

“Representantes de la U, de Cambio Radical, del Centro Democrático e, incluso, del partido Liberal y el Polo votaron en contra de este proyecto, que fue el séptimo mandato de la consulta anticorrupción, y que había recibido la votación favorable de 12,8 millones de colombianos”, indicó.

Bonificación para congresistas

Esta semana también tuvo que ser retirado quizá el proyecto más polémico de la legislatura, ya que ni siquiera pasó el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Se trata de la iniciativa que proponía, según sus críticos, dar bonificaciones a congresistas y otros servidores públicos por buen desempeño en sus labores.

El congresista Andrés García Zuccardi (La U) anunció que retiró el proyecto porque fue malentendido y no planteaba aumentar el salario de los parlamentarios.

“Es falso que el proyecto que presenté pretenda aumentar el sueldo de los congresistas. Por el contrario, busca que servidores públicos (y congresistas) tengan un básico y pago por gestión, como es usual en varios países”, replicó.

El senador aclaró que su objetivo al radicar dicho proyecto era que a los servidores “se les pague por su trabajo y rendición de cuentas y que la remuneración sea por su desempeño”. Agregó que “no había ambiente para una discusión técnica, a causa de factores como la polarización, la injusticia y la indignación”.

Uno de los principales enemigos del proyecto fue el congresista Mauricio Toro (Alianza Verde), quien afirmó que si la iniciativa contemplara de igual manera un pago menor para los que no hicieran su trabajo, otra podría ser la historia. “Si realmente fuera un sistema variable, como los que existen en el sector privado, esto implicaría un menor pago para los congresistas que no cumplan con su trabajo o no asistan a las sesiones, pero este proyecto solo habla de pagos adicionales a los actuales”, declaró Toro.

Impuesto a las gaseosas

Otro de los temas importantes que se quedó ‘colgado’ fue el que quisieron colgarle al proyecto de Ley de Inversión Social o reforma tributaria. No se logró incluir en dicha iniciativa el impuesto a las bebidas azucaradas y endulzadas que, según los promotores, era una “alternativa para rescatar al sistema hospitalario del país”.

Para el mismo representante Toro, los argumentos esbozados para que no fuera incluido este artículo obedecieron más a factores económicos que a la salud de los colombianos. “Su argumento fundamental (el de los opositores) es que el impuesto va a quebrar a los tenderos, sin dar ningún fundamento. La idea del impuesto es estimular a los colombianos a consumir otro tipo de bebidas, que muy probablemente van a comprar en la misma tienda o mercado del barrio”, explicó.

Muchas fueron las organizaciones sociales y líderes de organizaciones familiares y comunitarias que apoyaban la iniciativa, pero su texto finalmente no fue incluido en la reforma tributaria que fue aprobada.

Según el representante de la Cámara Juan Pablo Celis, los artículos que tenían relación a dicho impuesto fueron excluidos y negados “por respeto al trabajo de los ponentes”. El debate alrededor del impuesto a las bebidas azucaradas no es nuevo, viene abriéndose paso en Colombia desde el 2016. Sin embargo, cinco años después, aún no ha tenido cabida ni ha sido aprobado.

Por su parte, la OMS recomienda estos impuestos por constituir una medida sencilla y efectiva para ayudar a reducir las enfermedades no transmisibles. “No es un capricho ni un invento colombiano. Muchos países lo han incorporado porque está demostrado que el consumo de estas bebidas afecta la salud”, estableció la recomendación internacional.

Como se ve, pese a que todavía no se llega a la mitad de la legislatura, varias iniciativas ya salieron de combate legislativo y es seguro que otras más corran la misma suerte antes de diciembre próximo.