Varios proyectos de ley que se presentaron buscando que la doble instancia a los aforados ante la Corte Suprema beneficiara también a quienes fueron condenados antes de que se garantizara este derecho por el Acto Legislativo 01 del 2018, están estancados en su trámite en el Congreso.
Entre ellos figura una iniciativa estatutaria que radicó el año pasado el Centro Democrático y que algunos consideraron fue hecha con nombre propio: Andrés Felipe Arias, así como otra del representante uribista Juan David Vélez, además, con el fin de regular la doble conformidad.
En el caso del proyecto de ley estatutaria, radicado por el Partido Centro Democrático en julio del año pasado, busca permitir que se puedan revisar de manera retroactiva en una segunda instancia los fallos de la Corte Suprema de Justicia relacionados con los funcionarios aforados.
Críticos señalaron que la iniciativa fue hecha a la medida del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado por la Corte Suprema a 17 años de prisión por las irregularidades con el programa Agro Ingreso Seguro.
Este proyecto fue aprobado en diciembre pasado por la Comisión Primera del Senado y desde entonces, está a la espera de segundo debate en la plenaria de esta Corporación.
Arias fue condenado en única instancia en 2014 por la Corte Suprema pues así lo preveía la ley; sin embargo, el exministro, que siempre ha alegado su inocencia, no podía impugnar su fallo porque no es retroactivo el Acto Legislativo 01 del 2018 que ordenó la doble instancia en los procesos que se adelantan en este alto Tribunal contra los aforados.
Luego, la iniciativa de ley estatutaria que presentó el Centro Democrático en caso de ser aprobada le daría la posibilidad a Arias Leyva y cerca de otras 230 personas de pedir la revisión de su fallo; entre estos, más de 60 que fueron condenados por el escándalo de la parapolítica.
No obstante, los parlamentarios del Centro Democrático señalaron que la iniciativa no se pensó mirando el caso de Arias, muy cercano al expresidente Álvaro Uribe, sino que propende por la garantía de un derecho de todos los ciudadanos.
En cuanto al proyecto de ley del representante Vélez busca garantizar el derecho fundamental a la doble instancia, doble conformidad y a la favorabilidad en el ámbito penal.
Fallo de la Corte
El panorama para la aplicación de la doble instancia a los procesos que se originaran desde 2018 cambió radicalmente en julio pasado, a partir del fallo de la Corte Constitucional a una tutela que presentó el exministro Arias, pues le ordenó a la Corte Suprema dar curso a la solicitud de impugnación de la sentencia condenatoria.
A través de un comunicado, la Corte Constitucional anunció que resolvió proteger el derecho fundamental al debido proceso de Arias. En esa decisión, la mayoría de la Sala Plena partió de no desconocer la firmeza de la sentencia condenatoria proferida por la Sala de Casación Penal y tampoco de realizar pronunciamiento alguno sobre los hechos, pruebas o argumentos que determinaron la sanción contra Arias, aclarando que ese no era el objeto del trámite constitucional.
En tanto que el mes pasado, por decisión de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de impugnación otorgado por la Corte Constitucional al exministro Andrés Felipe Arias Leiva lo extendió a las demás sentencias de única instancia emitidas por la Sala de Casación Penal de la Corporación entre 2014 y 2018.
Un efecto de que sea aprobado uno de estos proyectos es regular la implementación del derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria, dispuesta por el Acto Legislativo 01 de 2018.
A falta de esta regulación, la Corte Suprema de Justicia acordó la división de la Sala de Casación Penal en dos subsalas de seis y tres magistrados, respectivamente, para tramitar los procesos en los que se puede activar la garantía fundamental a la doble conformidad.
Precisamente ayer, la Corte Suprema definió que los magistrados Gerson Chaverra, Fabio Ospitia y Whanda Fernández se encargarán de revisar en segunda instancia la condena contra el exministro Arias.
Esta impugnación estaba frenada porque se estaban resolviendo unos impedimentos, que fueron aceptados, de los magistrados José Francisco Acuña Vizcaya, Luis Antonio Hernández Barbosa, Jaime Humberto Moreno Acero y Hugo Quintero Bernate.
Para integrar la Sala Especia de Segunda instancia fue necesario recurrir a conjueces para darle trámite a la impugnación presentada por el exministro de Agricultura.