Dejando de lado el Acuerdo de Escazú, en materia ambiental, que tras más de dos años sigue empantanado en la Comisión Segunda del Senado, el actual Congreso tiene el reto, en los dos meses que le quedan, de avanzar en la agenda del Gobierno para ratificar acuerdos internacionales que ha suscrito el país.
Por ejemplo, en la Comisión Segunda de la Cámara está a la espera, con ponencia para primer debate, el proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, en relación con servicios aéreos entre y más allá de sus respectivos territorios, suscrito en Brasilia el 7 de noviembre de 2012.
La iniciativa establece, entre otras disposiciones, que Colombia y Emiratos Árabes Unidos otorgan los derechos para permitir a sus aerolíneas designadas establecer y operar los servicios acordados, las cuales disfrutarán de derechos como volar en el territorio de la otra parte contratante sin aterrizar, hacer escalas para fines no comerciales, así como hacer escalas con el fin de embarcar o desembarcar tráfico internacional de pasajeros, equipaje y carga.
El proyecto fue radicado en diciembre pasado por la ministra de Relaciones Exteriores y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez.
De igual forma, en la Comisión Segunda de la Cámara está a la espera del primer debate el proyecto por medio del cual se aprueba el convenio marco de cooperación entre Colombia y España, suscrito en Madrid el 3 de marzo de 2015.
El convenio tiene por objeto establecer un marco jurídico y de entendimiento para la identificación, desarrollo, ejecución y evaluación de las políticas, programas, proyectos y cualquier intervención de cooperación que acuerden las partes.
Dicha iniciativa fue radicada en diciembre pasado por la Vicepresidenta y Canciller.
Otro de los proyectos de ratificación de acuerdos internacionales que está pendiente de trámite en la Comisión Primera de la Cámara es el que tiene que ver con el tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales, suscrito en el marco de la plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, llevada a cabo en Medellín en julio del 2019.
Los países parte acordaron la utilización de la plataforma electrónica y segura “Iber@” para la transmisión de las solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales.
La iniciativa fue radicada en noviembre pasado por la Cancillería.
En Senado
Uno de los proyectos más recientes, que radicó el Gobierno la semana anterior, es el que busca aprobar reglamentos técnicos armonizados de las Naciones Unidas aplicables a los vehículos de ruedas y los equipos y piezas que puedan montarse o utilizarse en estos, suscrito en Ginebra (Suiza) el 20 de marzo de 1958.
La iniciativa está pendiente de enviar a la Comisión Segunda del Senado.
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Asimismo, en esta célula legislativa está pendiente de iniciar su trámite el proyecto de ley por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, adoptada en Antigua, Guatemala, el 5 de junio de 2013.
Este Acuerdo compromete a los Estados parte a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar todos los actos y manifestaciones de racismo, discriminación racial y formas conexas de intolerancia, incluyendo el apoyo privado o público a actividades racialmente discriminatorias y racistas o que promuevan la intolerancia, incluido su financiamiento.
También en la comisión segunda de la Cámara alta está pendiente de discutir ponencia para primer debate el proyecto por medio del cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas sobre los acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación, suscrita en Nueva York, el 20 de diciembre de 2018.
Expresa el Gobierno nacional en la exposición de motivos de este proyecto que en un mundo caracterizado por la hiperconectividad y el aumento exponencial de las relaciones internacionales, incluidas las transacciones comerciales, se hace indispensable generar estrategias y procedimientos expeditos que permitan tramitar de manera eficiente y eficaz las controversias que surjan de ellas, estimulando de esa forma las inversiones privadas de capital al dotarlas de seguridad jurídica frente a Estados con ordenamientos normativos y sistemas económicos diferentes.
La iniciativa fue presentada al Congreso a principios de diciembre pasado por el ministro de Justicia, Wilson Ruiz.
Además en esta célula legislativa está pendiente de discutir la ponencia para primer debate del proyecto para aprobar el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales, entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el 1 de agosto de 2011.
Este proyecto fue radicado en diciembre pasado por el ministro de Justicia, Wilson Ruiz.
Acuerdo de Escazú
Sigue pendiente de iniciar su trámite en la Comisión Segunda del Senado el proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Escazú, en materia ambiental. La iniciativa fue radicada nuevamente en noviembre pasado por el Gobierno nacional, luego de que en abril de 2021 lo presentara, pero no despegó en su discusión a pesar de que le dio mensaje de urgencia.
En enero pasado la presidenta de la Comisión Segunda del Senado, Paola Holguín, le dijo a EL NUEVO SIGLO sobre lo que sucederá con este proyecto que “apenas va a iniciar el proceso de debate y esta legislatura es muy corta porque va de marzo al 20 de julio. Yo veo muy complejo que salga. Igualmente tengo que dar todas las garantías para que se dé el debate. Tengo que esperar que los ponentes radiquen sus ponencias, yo no sé si van a exigir que se hagan más audiencias, porque ya se han hecho bastantes sobre el acuerdo”.