Una reforma a la Ley de Garantías Electorales quedó planteada en la ponencia del proyecto de presupuesto general de la Nación para el 2022.
Los ponentes de la iniciativa radicaron la respectiva ponencia para que empiece a ser discutida en las comisiones conjuntas económicas de Senado y Cámara.
El texto quedó finalmente compuesto por 126 artículos, es decir que se le agregaron un total de 35 nuevos. Ya en días pasados se había aprobado el monto general por $350,4 billones.
La mayor novedad es que se plantea en el proyecto una reforma a la Ley de Garantías Electorales (996 de 2005), que debe empezar a regir a mediados de noviembre próximo, es decir cuatro meses antes de los comicios parlamentarios. La norma restringe la posibilidad de contratación pública, nombramientos en cargos oficiales, inauguraciones de obras y otras actividades que puedan llegar a ser utilizadas con fines proselitistas.
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En el artículo 125 del proyecto se plantea suspender la aplicación del artículo 38 de la referida ley que establece que durante los cuatro meses antes de la cita en las urnas los gobernadores, alcaldes y demás entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital no pueden celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.
El Gobierno ha insistido en que es necesario suspender la aplicación de la Ley de Garantías Electorales ya que esas restricciones que impone a la contratación pública pueden afectar el proceso de reactivación social y económica del país, sobre todo ahora que el impacto de la pandemia ha bajado sustancialmente.
Se había anunciado un proyecto de ley con mensaje de urgencia al respecto, pero es claro que reformar la ley por esta vía de la iniciativa presupuestal es más rápido. Sin embargo, la oposición advierte que esa reforma daría lugar a que se utilicen recursos oficiales para impulsar campañas parlamentarias y presidenciales.