Las enormes necesidades que tiene el país en materia fiscal complican la forma de desarrollar las ayudas del Gobierno con la Ley de Crecimiento Económico
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Los alivios financieros que ofreció el Gobierno para ser incluidos a última hora en la Ley de Crecimiento Económico que fue radicada en el Congreso, tienen una serie de complicaciones, la principal de ellas de la falta de recursos y el cubrimiento de la regla fiscal. Otro factor en contra son las complejidades técnicas para implementar las ayudas. Al comienzo de todo, cuando el Gobierno decidió presentar el proyecto de Ley de Financiamiento a finales de octubre de 2018, el objetivo fundamental era recaudar $19 billones para 2019, y cada año $5 billones adicionales. Sin embargo, con el paso por el Congreso de la iniciativa, el articulado se fue modificando hasta cuando se aprobó en diciembre quedó en un recaudo de $7,5 billones.
De allí que el objetivo principal que era cubrir el faltante del hueco fiscal que dejaba el Presupuesto de $14 billones no se iba a cumplir. Al final solo queda lo que se recaude este año, $7,5 billones con lo que aún queda un faltante de $6.5 billones.
Sin embargo ahora esa meta se complica con la propuesta del Gobierno de incluir en el proyecto de Ley de Crecimiento Económico, los cuatro alivios sociales.
Los aportes a salud de pensionados
Con la propuesta de disminuir de manera gradual el aporte en salud del actual 12% a 4% que pagan hoy en día los más de 2,1 millones de pensionados en el país, los jubilados que reciben una mesada mínima podrían ahorrar en esta cotización mensual hasta $66.249 mientras que para los que cobran un ingreso de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes la diferencia sería de $132.499.
Este proyecto, al que ya se había comprometido desde 2013 el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, acabó por descartarse por su costo fiscal en 2017. Disminuir estos aportes cuesta $3,22 billones al año. Los beneficiados de la reducción en la cotización al régimen contributivo de salud serían esos 2,1 millones de personas que están pensionados en el país (entre los de los fondos privados, Colpensiones y regímenes especiales) de los más de seis millones de adultos mayores que se estima que están en edad de jubilación. De ese total, la mayoría recibe al mes entre uno y dos salarios mínimos y solo en el Régimen de Prima Media (RPM) se estima que más de 636.000 jubilados devengan un salario mínimo.
Devolver IVA a los más pobres
Otra propuesta es devolver el 100% del IVA a las familias más vulnerables de Colombia, que hacen parte del 20% de la población. La idea es girar alrededor de $140 mil cada dos meses a las familias, lo que le costará al Gobierno $2,2 billones. A finales de octubre de 2018 cuando se presentó el proyecto, el Ejecutivo tenía la intención de gravar una parte de la canasta familiar en que se reducirá la tarifa del IVA del 19% al 18% en 2019 y posteriormente llegará al 17% en 2021.
Sostenía el Gobierno que de cada $100 ahorrados en bienes excluidos, los hogares con mayores ingresos se benefician con $27, mientras que los más vulnerables con $3. Esta iniciativa iba acompañada de una devolución del IVA para las familias de bajos recursos. El mecanismo cobija alrededor de 4,3 millones de hogares, que obtienen ingresos mensuales inferiores a los $789 mil.
Los tres días sin IVA
En el proyecto también se incluyó los tres días sin IVA, que tendrán lugar en enero, julio y octubre, lo que podría costar entre $60 mil y $150 mil millones anualmente. Según el Gobierno “las familias podrán adquirir, obviamente con un monto que será definido por los ponentes, principalmente artículos como vestuario, como calzado, útiles y, también, algunas tecnologías para los jóvenes”. Por IVA este año se ha recaudado $30,3 billones a septiembre. En 2018 el total por IVA fue de $34,4 billones,
Aunque la mayor parte de los bienes y servicios pagan el pleno de este impuesto (19%), dentro del mismo hay exclusiones, exenciones y tarifas diferenciales o especiales.
Esta iniciativa aunque tiene sus bondades tiene sus complicaciones técnicas, sobre todo en la forma como se irá midiendo ese IVA entre las familias más necesitadas.
La ayuda a los jóvenes
En la ponencia de la Ley de Crecimiento Económico se dio luz verde a la incorporación de más incentivos tributarios para los empresarios que generen más empleo juvenil en el país. Jóvenes que van a estar entre los 18 y 28 años de edad podrán ser contratados y quienes los contraten podrán tener una deducción adicional a la que hoy existe en la Ley, para poder aumentar el número de empleos en el país.
La vinculación al mercado laboral de los jóvenes colombianos no es tarea fácil, pues la mayoría de las empresas buscan colaboradores con buena formación académica y amplia experiencia profesional.
En vista de que los indicadores de empleo juvenil no han llegado al nivel óptimo esperado, en 2018 se presentó el proyecto de Ley 140 por el senador Carlos M. Meisel Vergara que busca mejorar los incentivos a las empresas que contraten personal joven, mediante exenciones en el pago de la matrícula mercantil, exoneración de aportes a las cajas de compensación familiar y, como gran novedad, la reducción de los aportes obligatorios a la seguridad social y cupos en instituciones de educación superior pública.
En 2016 se expidió la Ley 1780 que logró impulsar la generación de empleo para jóvenes de entre 18 y 28 años, teniendo en cuenta que al corte de 2014 mientras el 62% de la población total general en Colombia no cotizaba a pensiones, la estadística para jóvenes entre 18 y 28 años ascendía al 64,2 %.
Aunque actualmente existe el modelo de pasantía o contrato de aprendizaje como estrategia para la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, la realidad es que, como lo expone la justificación del proyecto, la “capacitación no genera empleos”.