Comisiones primeras inician discusión con el consenso de diferentes bancadas en torno a la necesidad de su aprobación

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Con el agua al cuello la Ley de Orden Público (418 de 1997), porque el 18 de diciembre próximo vence su vigencia, el día de hoy las comisiones primeras en sesión conjunta tienen previsto darle la sexta prórroga por cuatro años más a esta norma, que la administración de Iván Duque considera que le será necesaria para la consolidación de la política de seguridad en las ciudades, así como en las áreas rurales y responder de manera oportuna a las acciones de los grupos armados ilegales.

De otra parte, aunque la posibilidad de que el actual Gobierno reactive la mesa de conversaciones de paz con el Eln, que dejó servida la administración de Juan Manuel Santos, está cada vez más nublada debido a que esta organización ha hecho oídos sordos a la exigencia del presidente Duque de parar sus acciones terroristas, de todas formas necesita la Ley de Orden Público en caso de que el panorama cambie.

Ello porque esta norma tiene dos ejes fundamentales: por un lado, establece los mecanismos que permiten adelantar una política de diálogo y reconciliación y, por otro, brinda instrumentos para el fortalecimiento institucional en diversas áreas como la seguridad ciudadana y la preservación del orden público.

El proyecto para prorrogar la Ley 418 de 1997 fue radicado con mensaje de urgencia el pasado 2 de octubre por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, no obstante tuvo que esperar más de un mes para ser discutido porque las comisiones primeras han estado concentradas en la discusión de las reformas política y a la justicia.

Sin embargo, las comisiones primeras tienen previsto para el día de hoy darle primer y tercer debate al proyecto de ley No. 180 de 2018 Senado – 188 de 2018 Cámara, por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997.

El ponente para primer debate, el senador Germán Varón (Cambio Radical), dijo a EL NUEVO SIGLO sobre el trámite de esta iniciativa que “lo veo despejado, no veo que haya problema, la verdad”.

Añadió el Parlamentario, que “todo el mundo está de acuerdo con que es necesario prolongar la posibilidad de que ella siga vigente porque es el marco jurídico para poder avanzar en cualquier proceso de paz, para el de Las Farc y para lo que viene”. 

Las prórrogas

Ante el incremento de las acciones terroristas de la subversión y de los grupos narcotraficantes, en 1992 se declaró el Estado de Conmoción Interior con el Decreto 1793 y con base en las facultades conferidas al Presidente de la República se adoptaron medidas para el otorgamiento de funciones de Policía Judicial a las Fuerzas Militares, se fortaleció la primacía de las directrices que impartió el Jefe de Estado para el manejo del orden público, la creación del programa de protección a testigos, controles sobre el uso de recursos de las entidades territoriales.

Esta norma fue prorrogada y modificada a continuación por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014.

Los presidentes Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos han prorrogado y acudido a la Ley de Orden Público.

En el caso de Pastrana esta norma fue clave para las negociaciones de paz con Las Farc; a Álvaro Uribe le sirvió en su Política de Seguridad Democrática y en los acercamientos con el Eln; mientras que Santos acudió a ella como marco de las negociaciones con la hoy exguerrilla.

Duque sería el cuarto presidente en valerse de la 418, la cual se constituye en la Ley con más prórrogas en el país.

La Ministra del Interior señala en la parte motiva de esta iniciativa que “es indiscutible que la Ley 418 de 1997 ha sido un instrumento necesario para la búsqueda de la convivencia ciudadana y una herramienta del Gobierno nacional para afrontar y superar acontecimientos durante los últimos años. Sin embargo, se hace necesario adecuarla a las realidades y problemáticas que se presentan hoy en la sociedad colombiana”.

Ajustes

La administración Duque además de buscar darle más vida a la Ley de Orden Público le hace algunos cambios, como es la creación del Fondo para la Legalidad y Equidad en los Territorios, con la finalidad de financiar las actividades de intervención integral del Estado en los territorios, tales como planes, programas y estrategias encaminadas a la consecución de condiciones que promuevan y transformen socialmente los territorios afectados por la violencia y la criminalidad.

De igual manera se crea un Centro de Coordinación Contra las Finanzas de Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo para garantizar un efectivo desmantelamiento de las redes de dinero y bienes de origen ilícito o empleados en actividades ilícitas, lavado de activos y financiación del terrorismo.

“Sin esta importante herramienta jurídica el Gobierno encontraría mayores obstáculos para la consolidación de la política de seguridad en las ciudades, así como en las áreas rurales y no podría responder de manera oportuna, efectiva e integral a las acciones de los grupos armados al margen de la ley y a las dificultades que surgen en los casos de alteración del orden público”, agregó.

Registro de armas

Otra novedad en esta Ley sería que todas las armas de fuego, como requisito para su comercialización y las que hayan sido amparadas en cualquier tiempo, con permiso de tenencia, porte y especiales, deberán ser empadronadas conforme a la reglamentación que para tal fin expida el Gobierno nacional. Créase el Registro Nacional de Identificación Balística a cargo del Ministerio de Defensa Nacional. Los costos de empadronamiento e inscripción en dicho Registro corresponderán al solicitante.