En el extenso informe que presentó la Comisión de la Verdad sobre lo ocurrido en el conflicto armado, causas y desarrollos, hace un serie de recomendaciones, especialmente sobre garantías de no repetición, entre las que se refiere a la Policía y el Ejército, con algunos ajustes que considera necesarios. Como es entendible un asunto de esta naturaleza genera voces a favor y en contra, por lo que EL NUEVO SIGLO consultó opiniones.
En materia de seguridad la primera recomendación de la Comisión de la Verdad hace énfasis en la necesidad de una nueva visión centrada en las personas, “que nos permita superar las lógicas del conflicto armado”, mirada que a su juicio “se adapta de mejor manera a los esfuerzos de la construcción de paz”
En ese sentido, la Comisión de la Verdad recomienda al Gobierno y al Congreso, “adoptar una nueva visión de seguridad para la construcción de paz, enmarcada en el enfoque de seguridad humana, que se centre en la protección de la vida de las personas y las comunidades”.
Con ese propósito plantea la Comisión revisar y ajustar la doctrina de las Fuerzas Militares y de la Policía, teniendo en cuenta los ajustes a roles y misiones y la nueva visión de seguridad.
Propone entre otras realizar un debate público sobre la necesidad y conveniencia de mantener el Fuero Penal Militar; así como hacer los ajustes normativos para que la Justicia Penal Militar no investigue ni juzgue ningún tipo de conducta punible cometida por los policías.
Además pide la prohibición de la intervención militar en operativos de control y contención de los disturbios surgidos en situaciones de protesta y la movilización social.
Así mismo “eliminar gradualmente la obligatoriedad del servicio militar y transitar hacia un servicio social en instituciones civiles”
También recomienda hacer ajustes en la regulación sobre las actividades de inteligencia, particularmente de las más intrusivas en el derecho a la intimidad, tales como los perfilamientos y el monitoreo al espectro electromagnético, para que cuenten con controles civiles e independientes del Gobierno y las Fuerzas Armadas.
En cuanto a la Policía, la Comisión de la Verdad propone, entre varias, separarla del Ministerio de Defensa y ubicarla en otro
o en un nuevo ministerio, como una medida necesaria, mas no suficiente, para avanzar en el fortalecimiento de su carácter civil.
Además la aplicación estricta de los principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza para el control y la contención de disturbios en protesta social.
Igualmente pide la reforma o eliminación del Esmad e incorporación de procesos de formación públicos y evaluables para prevenir la estigmatización y criminalización de movimientos y organizaciones sociales.
Las doctrinas
Sobre estas recomendaciones de la Comisión de la Verdad, opinó Carlos Augusto Chacón Monsalve, magister en seguridad y defensa nacionales de la Escuela Superior de Guerra.
En cuanto al planteamiento de revisar la doctrina de las Fuerzas Militares y de la Policía, el experto indicó que “desafortunadamente, la Comisión lo que hace con ese informe es certificar sus propios sesgos porque de hecho, en Colombia no funciona la Doctrina de Seguridad Nacional sino la Doctrina Damasco, que es la más reciente, que es una doctrina que se pensó, precisamente, en un escenario de postconflicto, en un escenario de construcción de paz, en un escenario de protección de la vida de todos los habitantes”.
Añadió Chacón que “no es el enfoque que ellos dicen que tiene la doctrina, eso no es cierto, eso demuestra además desconocimiento y no sé hasta dónde mala la fe porque Colombia en el proceso de transición entre la firma de los acuerdos y la entrada en vigencia de los mismos, hizo un ajuste doctrinario, que es la Doctrina Damasco”.
Se preguntó “qué tiene que ver sacar a la Policía del Ministerio de Defensa. Eso además es muy particular que coincide mucho con el plan de gobierno de Gustavo Petro, lo de sacar a la Policía del Ministerio de Defensa, cambiar la doctrina, hacer ajustes institucionales. Pareciera el informe ser un validador del plan de gobierno de Gustavo Petro en esos temas”.
En cuanto a la recomendación de establecer controles civiles e independientes del Gobierno y las Fuerzas Armadas a las actividades de inteligencia, Chacón consideró que “los controles tienen que ser institucionales, por supuesto el Congreso de la República es una de las ramas del poder llamadas a hacer ese control, a garantizar que los recursos se destinen de manera efectiva, pero bajo unos protocolos lógicos de lo que implica un sistema de inteligencia nacional”, como el que tiene cualquier país.
Dijo también Chacón sobre ese particular que las recomendaciones son “bastante ambiguas y dan lugar a muchas interpretaciones. Lo que es cierto es que por supuesto es necesario que la inteligencia y contrainteligencia tengan unos mecanismos de seguimiento y verificación por parte de los poderes públicos. Pero eso tiene que hacerse en los marcos, no solamente democráticos sino de la lógica institucional de un sistema de inteligencia que tiene que ver con la seguridad y la defensa nacional”.
O, se preguntó, “¿están pretendiendo que se entregue información sensible a quién, bajo qué protocolos?”.
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“Recomendaciones sintonizan con Corte IDH”
Por su parte Gustavo Gallón Giraldo, director de la Comisión Colombiana de Juristas, dijo sobre estas recomendaciones que “mi opinión es muy favorable, creo que la Comisión en relación con esto se fue a fondo con un tema que es crucial para la sociedad colombiana, y planteó una serie de ideas que sintonizan con decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, en general, de los organismos internacionales de protección de derechos humanos”.
El abogado consideró que la seguridad en Colombia “ha estado diseñada a partir de la idea que en el país hay gente que es enemiga de la sociedad o que es enemiga del Estado, y por consiguiente el Estado con la Fuerza Pública, tanto Ejército como Policía, tiene que defenderse de esta gente que considera enemiga y atacarla, al igual como se defienden los ejércitos en las guerras internacionales, que consideran que el que tenga el uniforme contrario debe ser aniquilado”.
Gallón piensa que esto es un error, “por supuesto que ha habido guerrillas, ha habido grupos insurgentes, pero aparte de los insurgentes la noción de seguridad que se ha manejado en el país considera que más allá de los combatientes hay sectores de la ciudadanía que son enemigos de la sociedad y del Estado, y se le trata como tales”.
Destacó Gallón que la Comisión diga que el Ejército debe ser puesto en función de lo que la Constitución ordena, que “es defender a la sociedad en su conjunto frente a enemigos externos, un asunto de soberanía nacional. Y por eso tiene armas letales, tiene procedimientos orientados a desarrollar la guerra, si es necesario, frente a enemigos externos”
El experto puso de relieve también del informe las recomendaciones sobre la Policía, “que tiene por objeto defender y proteger los derechos de la ciudadanía, de la población en su conjunto, y debe hacerlo en estrecha relación con las comunidades y con las comunidades diversas que hay en el país. Y no tratarlas como enemigos sino como personas que tienen diversos problemas”.
Por consiguiente, consideró, “la Policía no debe estar al lado del Ejército. No debe ser asimilada al Ejército, como lo ha sido, es una Policía militarizada cuyas prácticas, cuyos rituales, protocolos, pasan por la construcción militar y por esa concepción del enemigo interno”.
Coincidió Gallón que “la Policía debe hacer parte de un ministerio de carácter civil y de protección a la ciudadanía”.