Los partidos Centro Democrático y Cambio Radical se unieron para radicar un proyecto de acto legislativo que crea una sala especial para juzgar a los militares dentro de la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP).

La iniciativa fue presentada por el expresidente Álvaro Uribe, quien señaló que “desde mi punto de vista, que a nadie compromete, siempre he expuesto que las Fuerzas Armadas de un país democrático no se pueden equilibrar, poner en el mismo nivel de quienes han cometido actos terroristas”.

Dijo Uribe que en “el Centro Democrático siempre nos opusimos a la JEP, inclusive recogimos firmas en un momento para derogarla. Hemos expresado todas las preocupaciones y finalmente se ha hecho un acuerdo con el doctor Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República, y Cambio Radical, para presentar una sala especial”.

“Las salas especiales”, explicó a su turno la senadora Paloma Valencia, son para que los “miembros de la Fuerza Pública sean juzgados con garantías. Lo primero es decir que aquí no se están modificando los acuerdos de La Habana. Ustedes recordarán que siempre se dijo que el tema del juzgamiento no hacía parte del acuerdo ni se iba a negociar en la mesa de La Habana. Se habían comprometido a un tratamiento simultaneo pero diferenciado”.

El proyecto, anotó Valencia, “está circunscrito a lo que tiene la JEP y reconocen la existencia de esta, pero tiene magistrados diferenciados que serán elegidos por el Presidente de la República. Tiene un procedimiento que no favorece la confesión como mecanismo para obtener los beneficios. A un soldado le decían: confiese el delito y queda libre, pero si usted no lo confiesa, entonces, consiga un abogado, defiéndase y si llega a perder lo vamos a meter 20 años a la cárcel. Eso obligaba a los miembros de la Fuerza Pública a confesar delitos, aunque no los hubiera cometido, para poder garantizar su libertad”.

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Según Valencia, “el proyecto es claro en que el que haya pagado cinco años de detención por los crímenes que cometió, va a aplicar a una libertad condicional antes, durante o después del sometimiento a la JEP. Hay un compromiso con la verdad, pero no condiciona el reconocimiento de la comisión de los delitos para obtener la libertad”.

“Las secciones, salas y despachos de magistrados que crea esta reforma constitucional tendrán como mínimo el mismo apoyo de recursos humanos y de orden logístico que tienen sus pares dentro de la JEP”, expuso Valencia, precisando que “los magistrados creados en el presente Acto Legislativo adoptarán en ejercicio de su autonomía el reglamento de funcionamiento y organización de sus dependencias, respetando los principios de imparcialidad, independencia y las garantías del debido proceso. No expedirán ninguna norma de procedimiento”.

“Estos órganos”, indicó, “tendrán las mismas funciones y atribuciones que los órganos semejantes del sistema, en lo que se refiera a las conductas cometidas por miembros de la Fuerza Pública con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.

“El período de permanencia en sus cargos y la remuneración de los magistrados creados en esta reforma constitucional será igual al de los magistrados de las otras salas y secciones de la JEP”, indicó la senadora Valencia, recalcando que “los magistrados de las secciones del Tribunal para la Paz y de la sala de la JEP creados en el presente Acto Legislativo que conocerán de manera exclusiva y preferente las conductas cometidas por miembros de la Fuerza Pública con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, serán elegidos por el Presidente de la República y refrendados por el Congreso de la República en sesión de Congreso pleno mediante votación de ambas cámaras por mayoría simple”.

En la presentación también intervino el senador Germán Varón, a nombre de la bancada de Cambio Radical, anotando que “para la elaboración de este proyecto se tuvieron en cuenta las sentencias de la Corte Constitucional sobre la estructura, se establecieron institucionalmente el mismo número de salas y el número de magistrados, las condiciones de ellos y se establece una defensa técnica y gratuita a cargo del Estado”.

Subrayó Varón que “la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia no tienen como solventar esa defensa, que sea técnica. Y en ese sentido lo que estamos buscando es el tratamiento de quienes son protagonistas del conflicto tengan condiciones asimétricas. Eso no estaba sucediendo”.