LA POLÉMICA alrededor de la financiación del sistema de salud en Colombia, sobre todo en lo referido a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), se continuó profundizando ayer.

Como se sabe, la Procuraduría General de la Nación, el pasado 21 de diciembre, le solicitó al Ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, girar los presupuestos máximos de noviembre y diciembre de 2023 para las EPS, así como también, detallar la fecha en la que se efectuará el reconocimiento de los ajustes para la vigencia del año 2022, pues la no realización de dicho proceso “pone en riesgo la salud de millones de colombianos”, según indicó la entidad.

Sumado a esto, la agencia del Gobierno le puso la lupa al pago inoportuno durante el segundo semestre del 2023, ya que, en el mes de octubre, Minsalud realizó solamente el pago de los meses correspondientes a julio, agosto y septiembre, sin dejar de lado que solo hasta este año, “se reconocieron los ajustes de 2021 para la red prestadora de servicios de salud”.

Con relación a lo anterior, la Procuraduría también requirió fijar la programación para la creación de las mesas técnicas y participativas, las cuales tienen como fin “la revisión y discusión jurídica, técnica y financiera que permita determinar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) para la vigencia 2024”, pues según la delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social para el cierre del 2023, se desconoce la información y metodología reportada por las aseguradoras para el debido cálculo del UPC para 2024.

Como era de esperarse, el Ministerio de Salud, en cabeza del ministro encargado Rodolfo Enrique Salas, contestó por medio de una carta a la Procuraduría, misma en la que desmintió la existencia de evidencia que respalde la supuesta insuficiencia de la UPC en Colombia, pues el funcionario hizo énfasis en que: “no hay un sustento técnico, financiero y jurídico por parte de la agencia del gobierno que demuestre el supuesto riesgo financiero en el que se encuentra el sistema de salud”.

Así las cosas, en el mismo documento, Salas indicó que las afirmaciones de la Agencia de Gobierno desataban en el país un prejuzgamiento irresponsable, ya que, para él, están basados únicamente en las cifras proporcionadas por la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi). Igualmente, el ministro encargado, aseguró que lo dicho por la Procuraduría contradice el más reciente informe presentado por la Contraloría General, donde se resaltan los giros de manera regular a la UPC.

Frente a ello, la procuradora Margarita Cabello en declaraciones radiales con Blu Radio, le volvió a responder al Ministerio de Salud, indicando que por omisión sí se está desfinanciando el sistema de salud.

“Lo hemos dicho y hemos mandado los oficios al Ministerio de Salud explicándole que por vía de omisión se está, hoy, desfinanciando totalmente el sistema de salud con la consecuencia lógica, ojalá y no pase, de una falta de responsabilidad frente a la garantía de salud de los colombianos”, dijo Margarita Cabello.

Por otro lado, la funcionaria se mostró angustiada de que Guillermo Jaramillo, Ministro de Salud y Protección Social, no entienda que los pagos pendientes de noviembre y diciembre son urgentes.

“Es urgente también y así lo estamos requiriendo a través de nuestra delegada, de hacer los ajustes de esos presupuestos máximos desde 2022 y 2023 que tampoco se ha realizado y, aún más grave, que es necesario y urgente actualizar el valor de la UPC”, ya que para el 2023, fue del 7% y debió ser del 17%.

Ahora bien, con relación al valor del UPC para el año 2024, según Cabello, al 28 de diciembre el Ministerio de Salud, que es quien convoca y coordina a la comisión para fijar dicha cifra no lo ha hecho, esto a pesar de que “todas las entidades ya deberían estar armando el presupuesto del año entrante”.