La Procuraduría General de la Nación exigió ayer a la secretaria de Gobierno de Mitú, Vaupés, Tatiana Morales, tomar medidas urgentes y pertinentes para el mejoramiento de las condiciones sanitarias y físicas de los reclusos en la ciudad.

La Regional Vaupés realizó una visita a la cárcel de la ciudad, para verificar y vigilar la situación de salud, alimentación, servicios públicos, recreación, hacinamiento y relaciones interpersonales de los reclusos.

En dicha inspección y tras haber entrevistado a algunos internos, el procurador regional pudo establecer que la alimentación es adecuada, a tiempo y con excelentes raciones. Sin embargo, las instalaciones tienen capacidad para 16 personas, distribuidas en ocho celdas y en el momento hay 49 internos, lo que representa hacinamiento en las mismas.

A su vez, el Ministerio Público evidenció la necesidad inmediata de adecuar baterías sanitarias y duchas, una mayor ventilación dentro del centro penitenciario, aumentar de manera urgente el personal de enfermería y un lugar dotado para atender eventualidades médicas de primeros auxilios.

El procurador regional instó a las autoridades locales a “establecer un reglamento en donde se plasme con claridad el derecho que tienen los internos y también las diferentes limitantes en materia de seguridad y salud pública, para prevenir situaciones que puedan afectar la dignidad humana”.

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De otro lado, la misma Procuraduría formuló cargos contra la alcaldesa de Rioblanco, Tolima, Elisabeth Barbosa (2020-2023), por presunta contratación irregular con una persona incursa en incompatibilidad.

A la investigada se le cuestionó la posible suscripción de un contrato, el 4 de agosto de 2020, con quien laboró como secretario de Hacienda municipal hasta el 30 de julio del mismo año, a pesar de la prohibición legal a los servidores públicos del nivel directivo de celebrar contratos estatales con la misma entidad en la que prestó sus servicios por el término de un año, contado a partir de la fecha de su retiro.

Para el Ministerio Público, al parecer, la funcionaria “desvió claramente su poder como ordenadora del gasto, y representante de la administración municipal de Rioblanco” al presuntamente contratar los servicios profesionales del exsecretario para asesorar a la Secretaría General y de Gobierno del municipio, por valor de $14.600.000, durante un término de 146 días.

La Procuraduría Provincial de Chaparral calificó, provisionalmente, la presunta falla de la alcaldesa como falta gravísima cometida con culpa gravísima, por desatención elemental de reglas de obligatorio cumplimiento, en materia de contratación estatal.