TRES NUEVAS inspecciones realizó la Procuraduría General de la Nación, en medio de las investigaciones que adelanta dicho ente en torno al caso de la caravana interceptada por el Ejército Nacional de las disidencias de las Farc en Antioquia. Las acciones que lleva a cabo el Ministerio Público están orientadas a identificar a servidores públicos que hubiesen incurrido en posibles irregularidades.

La primera de las tres inspecciones realizadas se hizo este miércoles, cuando el ente de control se desplazó a Bello, Antioquia, específicamente a la Unidad Militar.

Allí en donde recaudó y practicó las pruebas pertinentes, conducentes y útiles que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo la retención y posterior requisa de las camionetas de la UNP involucradas en los hechos ocurridos el 23 de julio 2024.

De igual manera, la Procuraduría, a través del equipo forense de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, practicó la diligencia disciplinaria en la Oficina del Alta Consejería para la Paz, en donde obtuvo, entre otros documentos y testimonios, las resoluciones mediante las cuales se otorgó a los miembros del grupo armado Estado Mayor Central que se desplazaban en la caravana, el papel como negociadores o facilitadores en el proceso de paz con el grupo insurgente.

Por su parte, en las instalaciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Ministerio Público recopiló mediante la inspección, manuales de funciones, protocolos de seguridad de los funcionarios que conformaban el esquema de seguridad de las personas que se transportaban en las camionetas.

De igual manera, los manuales, protocolos y resoluciones que regulen la protección de personas en el marco del cese al fuego en el proceso de negociación entre el Estado Colombiano y el GAOR - Estado Mayor Central, así como los que regulen los esquemas colectivos de protección implementados por la UNP.

Luego de analizar la información recolectada durante las prácticas, se identificarán las posibles faltas disciplinarias y los servidores públicos que pudieron proceder de manera irregular en estos hechos.

El pasado 26 de julio, el Ministerio Público inició las primeras investigaciones en torno a este hecho. Designó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para realizar inspección disciplinaria, con el fin de recaudar pruebas que permitan identificar los servidores públicos incursos en presuntas faltas disciplinarias.

De acuerdo con el ente de control, luego de conocer la noticia a través de diferentes medios de comunicación, se destacó que se procederá “a individualizar a los presuntos autores de conductas con relevancia que podrían ser objeto de investigación”.