La Procuraduría General de la Nación ya tiene listo un proyecto de ley con el que pretende atender la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, que condenó al Estado colombiano por la destitución del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro.

Según ha trascendido, la iniciativa plantea algunos ajustes del organismo de control administrativo y fiscal frente al sistema de sanciones para los funcionarios elegidos por voto popular, como alcaldes y gobernadores, sancionados por incurrir en hechos de corrupción o violación a los derechos humanos.

El proyecto que sería presentado en las sesiones ordinarias que comenzarán en marzo entrante plantea que adelante el organismo de control tendrá tres meses para proyectar y divulgar el fallo, cuando sea de carácter sancionatorio.

Así mismo, mantiene la competencia para investigar y sancionar a los funcionarios elegidos por voto popular, pero introduce nuevas disposiciones para garantizar el debido proceso cuando el caso pase a revisión de otras instancias como el Consejo de Estado.

“El proyecto de decisión sancionatoria disciplinaria que llegare a resultar de las actuaciones de la Procuraduría, en el evento que conlleve destitución e inhabilidad general de servidores públicos elegidos por voto popular, tendrá control automático jurisdiccional”, reza un apartado de la iniciativa que fue revelada ayer.

También establece la figura de la impugnación y reduce los tiempos para que la Procuraduría divulgue la decisión final: “Se propone que al concluir los términos de la indagación preliminar, de la investigación disciplinaria o el previsto en la ley para fallar, deberá proyectarse la decisión que en derecho corresponda en un plazo máximo de tres meses, so pena de pérdida de competencia y reasignación de la actuación a otra dependencia”, agrega el proyecto de articulado.

También señala que en las sanciones que no impliquen destitución e inhabilidad general, “se continuarán aplicando las reglas” que rigen actualmente el sistema disciplinario.

El proyecto obedece al fallo de la Corte IDH de mediados del año pasado en el cual condenó al Estado colombiano por la destitución e inhabilidad que impuso en 2013 la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, contra el entonces alcalde Gustavo Petro.

Para el organismo internacional, el Ministerio Público no podía restringir los derechos políticos de una persona elegida para un cargo público de elección popular y le ordenó a Colombia adecuar su legislación interna para que los organismos de control no puedan sancionar e inhabilitar a funcionarios de elección popular por autoridades administrativas.