Por daños al patrimonio del Estado, la Contraloría General abrió ayer una nueva investigación contra más exdirectivos de la Refinería de Cartagena (Reficar) debido a pérdidas superiores a los $900 mil millones de pesos.
El ente de control abrió un proceso de responsabilidad fiscal, esta vez en cuantía de $942.795 millones, por daño al patrimonio del Estado representado en gastos efectuados por la Refinería por fuera del periodo de inversión (Capex) y llevados como asociados al proyecto de modernización de la planta de junio a diciembre de 2015 (US$ 9.240.927) y de los años 2016, 2017 a 2018 (US$ 12.447.618) en los cuales no se distingue cuál fue su destinación, ni su destinatario.
Según la entidad entre los responsables de este proceso están tres expresidentes de dicha refinería: Reyes Reynoso Yánez, Amaury De la Espriella y Adolfo Tomás Hernández (en calidad de encargado), además de Carolina González Carrillo, Mauricio Ramírez Terrassa, Jaime Eduardo Caballero Uribe, Ana Isabel Choucair Cárdenas y Fernando Cordón López, estos últimos vicepresidentes financieros entre 2017 y 2019.
En abril pasado, ya la Contraloría había proferido fallo de responsabilidad fiscal en el caso Reficar por una suma que totaliza $2.9 billones de pesos, contra cinco exfuncionarios de la empresa (incluyendo dos presidentes), siete miembros de su junta directiva y cuatro contratistas. Esto por los mayores valores invertidos en la construcción de la Refinería de Cartagena que no se recuperarán, según lo evidenciado por este organismo de control después de cuatro años de estudios e indagaciones.
Los exfuncionarios de la empresa Reficar declarados responsables fiscales fueron los presidentes Reyes Reinoso Yanes y Orlando José Cabrales Martínez y los vicepresidentes Carlos Eduardo Bustillo Lacayo, Andrés Virgilio Tiera Burelli y Magda Nancy Manosalva Cely.
De igual manera, los miembros de la junta directiva declarados responsables fiscales fueron Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Pedro Alfonso Rosales Navarro, Diana Constanza Calixto Hernández, Henry Medina González, Hernando José Gómez Restrepo, Natalia Gutiérrez Jaramillo y Uriel Salazar Duque.
Asimismo, los contratistas declarados responsables fiscales fueron Chicago Bridge & Iron Company CB&I UK Limited,CBI Colombiana S.A. (en liquidación), Foster Wheeler Usa Corporation y Process Consultants Inc.
De acuerdo con el ente de control, el daño patrimonial determinado y cuantificado se produjo con ocasión de las acciones y omisiones de la junta directiva de Reficar y su administración, contratista y supervisor del proyecto, quienes en ejercicio de la gestión fiscal directa o indirecta, de manera antieconómica, ineficiente e inoportuna, contribuyeron a esta billonaria pérdida de recursos públicos, que se convierte en el mayor detrimento patrimonial del Estado colombiano en toda su historia.
La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción determinó que, en la modernización de la Refinería de Cartagena, se presentaron mayores inversiones que no le agregaron valor al proyecto en cuantía de 997 millones de dólares, que equivalen aproximadamente a $2.9 billones de pesos.
La pérdida de valor de las mayores inversiones repercutió negativamente en el valor de la Refinería en el mercado, además de que gran parte de los recursos no se encontraron invertidos en mayor capacidad y mejor tecnología que le aportara valor.
La entidad encontró que en lugar de eso, se dieron gastos que no tuvieron relación con el proceso de modernización de la Refinería, se comprobó una baja productividad de la mano de obra directa, mayores gastos en contratación de personal y demoras en las actividades propias del proyecto causadas por acciones y omisiones, por parte de la Junta Directiva de Reficar, la Administración de Reficar, contratista y supervisor del proyecto.
Algunas de estas mayores inversiones consistieron en retrabajos, reprocesos, sobrantes excesivos en inventarios y gastos no asociados a la construcción del activo de refinación.