Pasar de los diagnósticos a la acción, recomendó el defensor del Pueblo, Volmar Pérez, en lo relacionado a los problemas que agobian a la población carcelaria.

“La problemática del sistema carcelario está sobre diagnosticada”, le dijo Pérez a este Diario, considerando que “para superar la crisis se requieren medidas radicales con un adecuado nivel de coordinación entre el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial”.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo es la situación de la población carcelaria según lo constatado por la Defensoría?

VOLMAR PÉREZ:La problemática del sistema carcelario está sobre diagnosticada, tanto que en 1998 se declaró el estado de cosas inconstitucional con la sentencia T-153.

En este momento hay 111.005 internos y un déficit de 35.329 cupos, lo que significa que tenemos un 46,7 por ciento de hacinamiento aproximadamente.

Ello ha generado un patrón de deterioro en las condiciones de reclusión que está desbordando la capacidad del Inpec para afrontarla.

A ello se agrega la falta de acceso a  servicios básicos como el de agua potable en algunas penitenciarias y la precariedad en los servicios médicoasistenciales; Caprecom colapsó y por ello hemos propuesto que se declaré la emergencia sanitaria.

También hay problemas de saneamiento e higiene. Hay que fortalecer las medidas de resocialización.

Para superar la crisis se requieren medidas radicales con un adecuado nivel de coordinación entre el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. De la coyuntura no se sale cambiando al Director del INPEC.

ENS: ¿Qué pronunciamiento tiene la Defensoría sobre la situación del Cauca?

VP:La situación que se afronta en el Norte del Cauca es muy compleja e involucra diferentes variables que las autoridades deben saber abordar porque tienen un carácter estructural.

Los problemas que se viven vienen de mucho tiempo atrás.

Hay presencia de grupos armados ilegales que siguen generando violencia, hay problemas de tierras y las comunidades indígenas buscan que se les preserven sus derechos colectivos y el derecho a la autonomía.

Se requiere avanzar en los diálogos con los puntos ya identificados con el acompañamiento de Naciones Unidas, el padre De Roux y la Defensoría.

ENS: Mucho se ha hablado de la crisis de la salud. ¿Los colombianos siguen teniendo que acudir a la tutela para que los atiendan las EPS?

VP:Sí. Efectivamente la tutela es la herramienta más efectiva que tienen los colombianos para acceder a los servicios de salud.

Según el informe que estamos divulgando “La Tutela y el Derecho a la Salud 2011/ 20 años del uso efectivo de la tutela”, de 405.359 tutelas interpuestas en el año 2011, 105.947 invocaron el derecho  a la salud que ocupa el segundo lugar después del derecho de petición.

Así mismo, el 67,81 por ciento de estas solicitudes son por tecnologías que se encuentran dentro del Plan Obligatorio de Salud (POS) financiados con anterioridad con la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Ello da cuenta de la dimensión de esta problemática.

ENS: ¿Cuáles serían los puntos más relevantes de todos estos años de gestión al frente de la Defensoría?

VP:Los aspectos más relevantes de mi gestión al frente de la Defensoría del Pueblo se reflejan en el fortalecimiento institucional y en el nivel de credibilidad que tienen los ciudadanos en la entidad, en particular en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

De ello dan cuenta los sondeos de opinión que nos ubican entre las instituciones de mayor nivel de confianza.

Le dimos un impulso muy fuerte al fortalecimiento del Sistema Nacional de Defensoría Pública en el marco de la implementación del Sistema Penal Acusatorio, en desarrollo de la Ley 941 de 2005, lo que ha permitido ampliar la cobertura de defensores públicos y cualificar el servicio. Esto nos está permitiendo atender, aproximadamente, el 80 por ciento de todas las diligencias penales que se practican en el país y garantizar de manera efectiva el derecho fundamental de acceso a la justicia.

De otro lado, se han puesto en funcionamiento los programas de representación judicial y extrajudicial de las víctimas de la violencia (Leyes 975 de 2005 y 1448 de 2011), víctimas mujeres (Ley 1257 de 2008), y víctimas niños y adolescentes (Ley 1098 de 2006.). Ahora la Defensoría no sólo ofrece el servicio de defensoría pública a sindicados y postulados, sino que garantiza la representación judicial de las víctimas.

Se ha conformado la Unidad de Investigación Criminal, que cuenta con peritos e investigadores en criminalística, con 7 laboratorios forenses, que son el soporte de la tarea de los defensores públicos y poder garantizar una defensa técnica adecuada.

Por su parte, hemos adoptado un modelo de atención integral a las víctimas de la violencia. Se crearon las Defensoría Delegadas para la Orientación y Atención a las Víctimas, para los Derechos de la Población Desplazada dotándolas de la planta de personal básica para su funcionamiento. Del mismo modo,  la creación de la Unidad de Representación Judicial de Víctimas en la Dirección de Defensoría Pública. Se fortalecieron las Defensorías Regionales y otras dependencias para atender a las víctimas con enfoque diferencial.

Se destacan la ampliación de la cobertura de la figura del defensor comunitario y su afianzamiento en la estructura de la entidad, los informes de seguimiento ante la Corte Constitucional sobre desplazamiento, la elaboración de los informes estructurales, coyunturales y temáticos de riesgo del SAT en la prevención; la atención y orientación sicojurídica a más de 200.000 víctimas de la violencia, y el nivel de confianza en la entidad por parte de este grupo poblacional que le ha entregado un número similar de poderes para su representación, y la participación de la entidad en la elaboración de las Leyes 1098 de 2006, 1257 de 2008 y 1448 de 2011.

Otro programa que debe destacarse es el de Seguimiento a Políticas Publicas –PROSEDHER-, así como las investigaciones sobre la problemática de salud, el derecho humano al agua,  la minería ilegal y la situación carcelaria.

Del mismo modo, se ha fortalecido la infraestructura física con la adquisición y adecuación de 23 sedes en las oficinas regionales, la Escuela de Defensoría Pública, el Centro de Atención Ciudadana; la adecuación, ampliación y modernización del Bloque C de la sede central en la que funcionará próximamente el equipo de la Dirección de Defensoría Pública. Dejamos una entidad muy fortalecida en su planta de personal y en la cualificación de los servicios que ofrece para lo cual adoptamos medidas con estímulos e incentivos a los funcionarios para que puedan enfrentar de mejor manera los retos de la institución en la actual coyuntura con una demanda cada día mayor.

ENS: ¿Es un hecho irreversible su decisión de no continuar al frente de la institución?

VP:Mi periodo constitucional termina el próximo 1 de septiembre y, en tal fecha, declaro concluida mi tarea al frente de la Defensoría.

 

 

Polvorín penitenciario

 

Como lo reseñó EL NUEVO SIGLO durante la semana que concluyó, el hacinamiento, unido a otros graves problemas que afronta la población privada de la libertad por delitos comunes o de otra índole, calificado en muchas ocasiones por varios observadores de distinto color político como una “bomba de tiempo”, amenaza con estallar.

A las protestas esporádicas que se suceden en una veintena de centros de reclusión de menor tamaño como en Cúcuta (Norte de Santander), Riosucio (Caldas), Acacías o Villavicencio (Meta), el jueves los reos de cuatro grandes penitenciarías emprendieron un movimiento casi simultáneo.

Un día antes, 2.300 presos de de los nuevos pabellones de la Cárcel La Picota iniciaron una huelga de hambre ante la llegada de nuevos reclusos que originó el creciente hacinamiento en el centro de reclusión.

Con Caracol Radio se comunicó un interno de ese penal anunciando que "estamos en huelga de hambre porque la Rama Judicial nos está incumpliendo. Hoy nosotros no estamos recibiendo ningún tipo de alimentos, no estamos recibiendo a los abogados, no estamos recibiendo notificaciones, ni estamos saliendo los internos a las remisiones judiciales".

Al movimiento se unieron las reclusas del Buen Pastor y los internos de La Modelo, de Bogotá, así como los reos de Cómbita, en Boyacá.

En julio pasado, en Acacias Meta, se produjo una huelga motivada, según los presos, por el derecho al agua y a la asistencia en salud.

En junio protestaron los internos de la penitenciaria de Palogordo Girón, en Santander. A comienzo del mes, los presos políticos y comunes, hombres y mujeres de la cárcel de Villavicencio iniciaron una huelga indefinida de hambre motivada por lo que consideraron la violación al derecho a la salud y a la vida, ya que, denunciaron, “existen cientos de solicitudes médicas sin atender”, represadas por la ausencia de una entidad que asista la salud de los reclusos en Colombia.

Aún están protestando los de Riosucio, que el martes se negaron a desayunar en protesta por la mala calidad de los alimentos, pero también por la desatención en salud y el hacinamiento.

 

 

Hacinamiento y plan de choque

 

Los amotinados en Cómbita, Modelo, Picota y Buen Pastor piden crear una comisión de población carcelaria que esté conformada por entre 9 y 13 internos de varias cárceles del país para negociar la rebaja de hasta el 50 por ciento de la pena a todos los presos para combatir el hacinamiento.

El Gobierno es consciente de la situación explosiva y por eso la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, anunció audaces medidas como un 'pico y placa' para las visitas en los penales, la construcción de seis centros penitenciarios y un plan de choque que defina “cuándo debe pagarse una pena con prisión intramural o cuándo puede haber detención domiciliaria y contribuir un poco a solucionar ese grave problema de hacinamiento que vive nuestras cárceles”.

El ‘pico y placa’ implica un cambio en el régimen de visitas a los penales. Correa explicó que de acuerdo con el número de cédula del visitante, par o impar, se dividirán los días en que se pueda ingresar a los centros penitebciarios y que se está analizando la posibilidad de restringir la entrada los días domingo de las personas que hayan adelantado visita el viernes.

En medio de este caldeado clima, el representante Iván Cepeda, del Plo Democrático, anunció que junto con el senador Carlos Baena, del MIRA, citarán a la ministra Correa a un debate de control político "para que se examine de manera rigurosa" la situación en las cárceles del país.

"Aquí se deben asumir una serie de decisiones que no van a ser superficiales, tiene que examinarse la política criminal y ponerse en armonía con la política penitenciaria, el problema del hacinamiento y por ejemplo de la atención médica no puede seguir siendo un asunto que se vea con desdén. Todo esto requiere algo más que la construcción de unas cuantas nuevas cárceles en el país", dijo Cepeda.

El congresista advirtió que la crisis de hacinamiento y de problemas sanitarios que se vive en las cárceles colombianas, está llegando a su peor nivel y que es imperioso que el Gobierno decrete la emergencia carcelaria, al igual que urge poner en funcionamiento la Comisión de seguimiento aprobada por el Ministerio de Justicia.

Cepeda señaló que han pasado más de dos meses desde que Caprecom dejó de prestar el servicio de salud en la cárceles, sin que se haya dispuesto un remplazo para ello.

Según el general Gustavo Adolfo Ricaurte, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) alertó sobre que en este año ya se llegó a la población carcelaria calculada para finales de 2014. “Tuvimos una disminución importante en condenados, pero un aumento en sindicados”.

El presidente del Congreso, Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), indicó que "entendemos la angustia de la ministra Ruth Stella Correa, ante el drama humanitario causado por el hacinamiento carcelario, pero el remedio no puede ser peor que la enfermedad".

Para Barreras, "la solución no puede ser soltar a la calle a miles de delincuentes condenados por asaltos, atracos callejeros, lesiones personales y delitos de toda naturaleza que se beneficiarían de esta masiva excarcelación, además porque es imposible controlar la detención domiciliaria de miles de delincuentes”.

Para el congresista vallecaucano, “el mensaje a los colombianos no puede ser que ante la incapacidad del Estado para hacer pagar las penas a quienes asaltan a los ciudadanos, la decisión sea liberarlos incrementando el riesgo de inseguridad en las ciudades".