A propósito del primer año de entrada en vigencia del Decreto 2106 de 2019, el Departamento Administrativo de la Función Pública destacó los avances del Ministerio de Transporte que le ha significado un ahorro a los colombianos de $38.229 millones producto de la racionalización de trámites en el Estado.

“Gracias al Decreto Ley Antitrámites las academias de enseñanza de conducción han optimizado la prestación de sus servicios debido a que el Ministerio de Transporte reglamentó el artículo 119 y dejó en manos del Registro único Nacional de Tránsito (RUNT) el registro de los organismos de apoyo al tránsito como los centros de enseñanza automovilística. Esta simplificación de trámites ha significado un ahorro de $28.334 millones”, indicó el director de Función Pública, Fernando Grillo.

Desde su expedición en noviembre de 2019, los conductores de vehículos automotores en el país han podido recibir su certificado de revisión técnico mecánico en su celular y ya no es necesario cargar con el documento. Los Centros de Diagnóstico Automotor entregan, de manera virtual, a los conductores que realicen este trámite y las Autoridades de Tránsito hacen la consulta a través del Registro Único Nacional de Tránsito.

Otro de los trámites racionalizados en el sector transporte durante el primer año de la entrada en vigencia del Decreto 2106 de 2019 es la implementación del Registro Nacional Fluvial que permitirá optimizar la matrícula de las embarcaciones que operen en el país y en el que se han generado ahorros de $668 millones a los ciudadanos.

Adicionalmente se avanzó en la eliminación de los trámites para la habilitación de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), Centros de reconocimiento de conductores y Centros de Enseñanza Automovilística quienes ahora solamente deben inscribirse ante el Runt.

Tras la aprobación de las facultades extraordinarias al presidente Iván Duque en el Plan Nacional de Desarrollo, el Departamento Administrativo de la Función Pública lideró las mesas de trabajo para la articulación de los 24 sectores de Gobierno, así como las entidades territoriales y gremios empresariales. Fueron tres los pilares de la construcción: la Legalidad, la Equidad y la Lucha contra la Corrupción. Durante el diálogo e identificación de trámites a ser revisados, se recibieron 1.800 propuestas que se incorporaron en el articulado del Decreto Ley.