La concejala de la coalición Colombia Humana-UP-MAIS, Ati Quigua, convocó ayer a un debate de control político en el cual se analizó la situación en la que se encuentran las comunidades indígenas asentadas en la Capital del país, y especialmente de la comunidad indígena Embera que está asentada en el Tercer Milenio.

“De acuerdo con las estadísticas, en Bogotá hay 19.073 indígenas asentados, de los cuales 13.118 son reconocidos por el registro único de víctimas, lo que quiere decir que hoy el 68,81% de la población indígena en la Capital es reconocida como víctima del conflicto armado colombiano”, por lo que sus derechos están siendo vulnerados, pese a que reconoció y agradeció a Luis Ernesto Gómez que este tema se hubiera incluido en el debate del Plan Distrital de Desarrollo.

“Le agradezco al Secretario de Gobierno haber incluido el enfoque de mujer, género y familia, con un enfoque reparador para las mujeres indígenas de acuerdo a sus cosmovisiones, porque son sus experiencias y desde su ontología política que podemos comprender su problemática y sus contextos. No son solamente objetos de políticas públicas”, añadió la cabildante durante su exposición en el debate, quien preguntó al Distrito qué ha hecho para garantizar los derechos de esta población.

Responde el Gobierno

Por parte de la Administración Distrital, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, dijo que también es importante que la gente conozca el trabajo que ha adelantado el Distrito frente a las comunidades indígenas, pues aunque hay que reconocer que dichas comunidades no están viviendo en las mejores condiciones, sí han recibido atención por parte de la Administración de Claudia López.

Comenzando por establecer que esta Alcaldía comenzó por hacer un Censo poblacional, el Secretario refirió que en el marco de la pandemia el Distrito ha trabajado con todos los pueblos indígenas que tienen representación en la Capital a través de distintos esquemas de ayuda.

De hecho, el Secretario específico que más de $770 millones se han invertido en la atención a las comunidades indígenas ($105 millones se han desembolsado de Bogotá Solidaria, $31 millones a través de tarjetas canjeables de alimentos, $253 millones se han invertido en albergues temporales para su alojamiento, $190 millones se han desembolsado en ayudas alimentarias y $124 millones que han sido proporcionados por la Unidad de víctimas -Uariv-).

Por su parte, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, indicó que la Secretaría ha socializado con las comunidades indígenas todas las medidas de bioseguridad, pero que en muchas ocasiones ha habido resistencia por parte de los mismos.

“Con el seguimiento y monitoreo al Covid-19, no ha habido demasiada adherencia por parte de la población a la realización de pruebas. Destacamos que realizamos 84 muestras con consentimiento, pero nos preocupa que 52 fueron positivas con un nivel de positividad muy alto”, dijo el Secretario de Salud.

Nueva EPS deberá trasladar indígenas varados en Bogotá a Mitú

Adicionalmente, una tutela presentada por la Personería Distrital logró que el Juzgado 32 Administrativo del Circuito de Bogotá ordene a la Nueva EPS programar y asumir el costo de un vuelo humanitario hacia Mitú que permita el retorno de los 36 indígenas del departamento de Vaupés -incluidos niños-, quienes se encuentran varados en la ciudad desde marzo cuando comenzó la cuarentena obligatoria.

De acuerdo con la decisión judicial, solo podrán retornar a Mitú aquellos indígenas que arrojen resultado negativo para Covid-19, en un plazo de 5 días siguientes a la entrega de los mismos. Estas pruebas deberán realizarlas, de forma prioritaria, la EPS y la Secretaría de Salud en un plazo no mayor a 48 horas.

Con respecto a las personas que arrojen positivo a la prueba del nuevo coronavirus, la EPS debe mantenerlos aislados durante 14 días con medidas higiénico sanitarias para evitar la propagación del contagio. Una vez tengan el parte negativo de la prueba, deberán ser trasladados al Vaupés.

Además, el fallo ordenó abrir trámite de incidente por desacato al Ministerio de Protección Social, la Secretaría de Salud y a la EPS indígena Mallamás por la omisión de suministro de informes requeridos por el juzgado.

La decisión acoge las solicitudes de la Personería de proteger los derechos fundamentales de las personas afectadas a la integridad física, libertad de locomoción, integridad étnica, diversidad e identidad cultural, trabajo, mínimo vital, unidad familiar, vida digna y derechos de los niños.